Los gobiernos de España y Cantabria, el Poder Judicial y la Fiscalía colaboran para lograr mayor eficacia en la prevención y represión de los accidentes laborales
20/07/2010
El convenio busca una mayor coordinación en la persecución de los delitos contra la vida, la integridad y la seguridad de los trabajadores
La Vicepresidenta del Gobierno, Dolores Gorostiaga, ha presentado hoy el convenio entre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la Fiscalía General de Estado, los ministerios de Justicia, del Interior y de Trabajo e Inmigración, y la Comunidad Autónoma de Cantabria para la investigación eficaz y rápida de los delitos contra la vida, la salud y la integridad física de los trabajadores y la ejecución de sentencias condenatorias.
Dolores Gorostiaga ha estado acompañada por Félix Azón, vocal del CGPJ; César Tolosa, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC); María Teresa Calvo, fiscal superior de la Comunidad Autónoma, y Agustín Ibáñez, delegado del Gobierno en la región.
Con este convenio, las instituciones firmantes pretenden conseguir un mayor grado de eficacia en la prevención y represión de las conductas infractoras en materia de seguridad y salud laboral. Se busca, además, según Dolores Gorostiaga, una mayor coordinación y, por tanto, "una mayor eficacia en la persecución de los delitos contra la vida, la integridad y la seguridad de los trabajadores".
En este sentido, la Vicepresidenta ha señalado que existe "una importante preocupación en la sociedad en torno a la siniestralidad laboral, y a las fórmulas y métodos para reducir su incidencia". Ha apuntado, además, que a lo largo de estos años se ha conseguido "incrementar la sensibilización social en torno a la prevención de accidentes de trabajo", si bien, "no debemos perder de vista que nuestra obligación, además de sensibilizar, formar y prevenir, es actuar contra quienes incumplen la Ley, poniendo en peligro la integridad física e incluso la vida de los trabajadores".
Por ello, el Gobierno de Cantabria, el Gobierno de España, el Poder Judicial y la Fiscalía del Estado se dotan, con este convenio, de un instrumento "de colaboración y de cooperación en la lucha contra los accidentes de trabajo" y de una "herramienta eficaz" para perseguir las infracciones.
Objetivos
El convenio firmado hoy tiene entre sus objetivos, en primer lugar, facilitar la labor del Ministerio Fiscal y del Juzgado de Instrucción a los efectos de identificar los supuestos penalmente relevantes, evitando la acumulación de expedientes que queden al margen de responsabilidad penal.
Además, busca optimizar los recursos destinados a la persecución penal de los delitos de riesgo por infracción de la normativa de prevención de riesgos laborales. Mediante este acuerdo, se facilita también la actuación inmediata y eficaz de la administración laboral y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en los supuestos de especial gravedad y trascendencia.
Igualmente, esta herramienta facilita la detección y alerta ante los accidentes de trabajo más graves y mortales, mejorando la coordinación y comunicación entre los agentes implicados en la investigación del siniestro y reduciendo los tiempos de respuesta.
En definitiva, el acuerdo establecido por los gobiernos de Cantabria y España, con el Poder Judicial y la Fiscalía persigue garantizar que la investigación de un accidente de trabajo se realiza del modo más eficaz posible, disponiendo de los datos necesarios para la instrucción del oportuno procedimiento judicial y preservando la integridad de las pruebas.
Para ello, en el convenio se regula y coordina la actuación de todos los órganos que tienen alguna intervención en la investigación de siniestros laborales, desde la Administración Sanitaria, la Policía Judicial, el Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, la Autoridad Laboral y Médicos Forenses, con la finalidad de facilitar la labor del Ministerio Fiscal y el Juzgado de Instrucción.
Asimismo, con este acuerdo se aborda la actuación coordinada entre la Administración Laboral y el Ministerio Fiscal en relación con la indagación de los delitos de riesgo. Para ello, el acuerdo prevé la creación de una Comisión de Seguimiento para la ejecución del contenido del mismo, cuya actuación debe ser ágil y flexible para lograr los objetivos.