La Delegada del Gobierno muestra su apoyo a los trabajadores de Alcoa en el Pleno extraordinario en el que la Junta General del Principado solicita a la multinacional que reconsidere su decisión de cierre

La Delegada del Gobierno, junto a otras autoridades y trabajadores de Alcoa

18/10/2018

La Delegada del Gobierno, Delia Losa Carballido, ha asistido esta mañana al Pleno de la Junta General del Principado de Asturias convocado con carácter extraordinario tras conocerse la decisión de la empresa Alcoa de cerrar su factoría de Avilés. Delia Losa ha mostrado su apoyo y su solidaridad a los trabajadores de la multinacional y ha compartido la petición del Parlamento autonómico para que la dirección de la empresa reconsidere su decisión.

La Delegada transmitió personalmente a los trabajadores su rechazo a la decisión de la multinacional y les ratificó el compromiso y la preocupación del Gobierno de España, que ya ha iniciado el diálogo necesario para tratar de revertir la situación.

La Junta General del Principado de Asturias ha pedido a la empresa que demuestre su compromiso con Asturias, y ha señalado que sus responsables no advirtieron en ningún momento de sus intenciones de clausurar la planta avilesina. Según el texto aprobado en el Pleno, el cierre de Alcoa “conllevaría la pérdida inmediata de más de 300 empleos directos y supondría un duro golpe para la pujanza industrial de una comarca, Avilés, donde la factoría está arraigada desde hace más de medio siglo”.

El Gobierno de España, a través del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, ha solicitado a Alcoa más información, con el objetivo de contribuir a buscar una solución para esta situación, que está motivada por la falta de inversiones y por problemas estructurales heredados desde 2014. También se ha trasladado a la empresa la necesidad de iniciar un proceso de negociación para la búsqueda de alternativas, a fin de mantener la capacidad productiva tanto de la factoría de Avilés como de la que la misma empresa posee en A Coruña. En este proceso, el Gobierno de España trabajará junto con el resto de administraciones públicas afectadas y los agentes sociales.