La Policía Nacional desarticula un grupo criminal que defraudó más de 1,2 millones de euros a la Seguridad Social mediante la venta de falsos contratos de trabajo

15/03/2013

Detenidos la líder de la trama, dos de sus subordinados y cerca de 100 trabajadores ficticios


La Policía Nacional ha desarticulado un grupo criminal que defraudó más de 1.200.000 euros a la Seguridad Social mediante la venta de falsos contratos de trabajo. Detenidos en Mallorca la líder de la trama, dos de sus subordinados y cerca de 100 trabajadores ficticios.

La propietaria de una asesoría de Palma de Mallorca utilizaba un entramado de empresas para vender por hasta 14.000 euros falsos contratos laborales a supuestos empleados. Ascienden a más de 200 las personas, en su mayoría de origen marroquí, que adquirieron los contratos para acceder a prestaciones por desempleo u obtener permisos de residencia.

La investigación se inició meses atrás, cuando la Unidad Especializada de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social detectó irregularidades en una asesoría de Palma de Mallorca que se dedicada a la tramitación de documentos de ciudadanos extranjeros. Las primeras indagaciones descubrieron un entramado de empresas detrás de las cuales siempre aparecía, de una u otra forma, la responsable de la asesoría. A través de estas empresas se vendían contratos laborales mediante los cuales el supuesto trabajador tenía acceso a renovaciones de permisos de residencia, arraigos para la obtención de esos permisos, prestaciones sociales por desempleo, subsidios por desempleo, bajas por incapacidad temporal y bajas por maternidad/paternidad. 


Percibían el subsidio desde el extranjero

Muchos de ellos disfrutaban fraudulentamente de los beneficios antes descritos y ni siquiera residían en España, lo hacían en sus localidades de origen, dándose circunstancias como que en algunas empresas del entramado dedicadas a la construcción había más trabajadoras de limpieza que obreros o mujeres contratadas para la construcción con ocho meses de gestación. Los investigadores también constataron casos de trabajadores que habían accedido a la prestación económica de incapacidad temporal por bajas médicas que no estaban justificadas o con patologías preexistentes al inicio del contrato.

La relación laboral empresa-trabajadores era ficticia, toda vez que no había intención por ninguna de las dos partes de que se llevase a cabo actividad laboral alguna dirigida por la empresa a cambio de un salario. Los supuestos trabajadores, en su mayoría de origen marroquí, habrían pagado a la asesoría cantidades que oscilaban entre 250 y 14.000 euros para beneficiarse de los fraudes. Se estima en más de 200 las personas que de una u otra manera llegaron a acuerdos de forma ilegal con la asesoría.


Abundante material informático

Se calcula que a través de esas empresas se contrajo una deuda en la Seguridad Social que asciende a más de 1.200.000 euros, a lo que hay que añadir los beneficios obtenidos por los supuestos trabajadores, aún sin calcular. En los registros efectuados en un chalet situado en Es Puntiró, un apartamento en Calvià y la propia asesoría investigada en Palma, se han intervenido mas de 20.000 euros, así como abundante material de archivo informático que está siendo analizado.

Los agentes de la Policía Nacional han dado por finalizada la investigación, que se conocía como 'Operación 2012', con la detención de E.G.T, propietaria de una asesoría de Palma de Mallorca, A.G.C. y R.E.A.C., trabajadores de la misma, como presuntos autores acusados de estafa, contra la seguridad social, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal. La operación ha sido realizada por la UCRIF de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras.