Cifuentes anuncia una batería de medidas para poner freno a las ocupaciones ilegales de viviendas públicas
16/03/2012
La delegada se reunió hoy con la Consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid
• Se incrementará la vigilancia policial y se establecerá un mecanismo de coordinación permanente entre Delegación del Gobierno y Comunidad para la actuación temprana de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cuando exista una irrupción ilegal en una vivienda pública o cualquier tipo de bien patrimonial.
• Además, se trabajará en una propuesta de modificación del Código Penal para que los daños causados al patrimonio público lleven aparejados responsabilidades legales opatrimonialea.
• En materia de medio ambiente, se desarrollarán operaciones de control en el transporte de residuos para evitar los vertidos ilegales.
Madrid, 16-marzo-2012
La delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, se ha reunido hoy con la consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Ana Isabel Mariño, para analizar la problemática existente en torno a la ocupación ilegal de viviendas públicas y los vertidos ilegales de residuos. Tras la reunión, a la que han asistido también los principales responsables de la Consejería y los mandos de la Guardia Civil y el Seprona, la delegada del Gobierno ha anunciado una batería de medidas, consensuada con la Comunidad, para hacer frente a las ocupaciones ilegales de viviendas públicas y el vertido ilegal de residuos.
Cifuentes se ha comprometido a llevar a cabo un amplio estudio jurídico para agilizar los procedimientos judiciales en materia de desalojo de viviendas públicas ocupadas y, de este modo, “preservar el patrimonio público, que es de todos”. Además, ha destacado, al igual que Mariño, que estas ocupaciones causan un grave problema a los adjudicatarios, que tienen derecho a su disfrute, y se ven impedidos para hacerlo.
Asimismo, desde la Delegación del Gobierno se elevará una propuesta de modificación del Código Penal para que los daños producidos a la Administración Pública como consecuencia de las ocupaciones ilegales de viviendas protegidas lleven aparejados una responsabilidad legal o patrimonial.
Estas medidas vienen motivadas por las situaciones descritas por Mariño como consecuencia de la “usurpación constante de la vivienda pública por parte de grupos organizados que tienen esta actividad como un negocio”, por lo que ha solicitado a la Delegación del Gobierno, que se tomen medidas al respecto.
En este marco, Cifuentes ha anunciado el establecimiento de un mecanismo de coordinación permanente entre Delegación del Gobierno y Comunidad para la actuación temprana de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cuando exista una irrupción ilegal en una vivienda pública o cualquier tipo de bien patrimonial. De este modo, se llevará a cabo una labor preventiva con el objetivo de evitar las ocupaciones a largo plazo.
Con respecto al tema de medio ambiente, la delegada ha anunciado dos medidas: incrementar el control e inspección de los transportes de residuos por carreteras y cualquier otro tipo de vía y llevar a cabo una campaña, junto con la Comunidad de Madrid, de control de gestores ilegales de aceites vegetales.