Acto institucional por el 36º aniversario de la Constitución Española. Discurso del delegado del Gobierno

Quiero que mis primeras palabras sean de felicitación a las siete personas premiadas por sus reconocidos méritos. Enhorabuena a todos.

Querida Presidenta, para esta Delegación del Gobierno de España en Aragón es un honor que usted hoy presida este acto en el que rendimos homenaje a la Constitución que nos dimos los españoles en 1978.

Una Constitución que tras un elevado consenso en las Cortes Generales, fue ratificada por una inmensa mayoría del pueblo español en referendum celebrado el 6 de diciembre de ese año. Un 87,87 % de los españoles dijeron SI. En algunos territorios, como Cataluña, el SI superó incluso el 90%.

Una Constitución que además de traernos la tan anhelada democracia, ha permitido a nuestro país gozar treinta y seis años de unas cotas de libertad, progreso y bienestar que entonces parecían imposibles de alcanzar.

Una Constitución que nos ha llevado a “ser” y “sentirnos” plenamente europeos. A compartir un proyecto común junto a otros 27 Estados. A construir paso a paso una identidad económica, financiera, aduanera, cultural, social y, es posible, que en un futuro no muy lejano, también política. Un largo camino iniciado tras la II Guerra Mundial, que en esa aldea global que es hoy nuestro planeta, con economías emergentes cada día más pujantes y competitivas, obliga al Viejo Continente a dar una respuesta unitaria y cohesionada a los enormes retos del siglo XXI.

En este contexto, resulta sorprendente, por anacrónico, que cuando otros países siguen llamando a las puertas de la Unión Europea para incorporarse a ese proyecto común, en España emerjan movimientos políticos discordantes que van contracorriente y pretenden romper la nación más antigua de Europa.

Frente a esa fiebre independentista, la simple lectura de los dos primeros artículos de nuestra Ley de leyes disipa cualquier tipo de duda:

Artículo 1.2.- “La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”.

Artículo 2.- la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.

No caben pues en nuestra Constitución veleidades independentistas y mucho menos un referendum impuesto desde una parte al conjunto de la Nación. No es una cuestión de libertad de expresión. Las democracias “consolidadas”, que dicen añorar algunos, tienen como denominador común el respeto a la ley y el acatamiento a los tribunales, mucho más si hablamos de la Constitución, y del Tribunal Constitucional.

Tampoco parece muy razonable, como plantean otros, reformar la Constitución sin saber muy bien qué y para qué se quiere reformar, y sin contar con un consenso similar al de 1978.

Si el “Qué” es el Título VIII y el objetivo que España tenga una estructura federal, habría que recordar que la federación como estructura política sirve para unir partes previamente desunidas. España lleva unida más de 500 años. Fraccionar ahora esa soberanía en 17 o 19 “pueblos” es absurdo, carece de sentido. España ya funciona como un Estado federal, con la salvedad que la soberanía primigenia radica en el conjunto del pueblo español.

Si además lo que se pretende es que ese federalismo sea asimétrico, es decir, desigual, discriminador, en definitiva injusto, chocaría frontalmente contra uno de los elementos claves de la Constitución, que determina que los españoles son iguales ante la ley. La asimetría que pretenden algunos consagraría una España con ciudadanos de primera, privilegiados, y de segunda, agraviados, en función de su lugar de nacimiento.

Si el “Para qué” es simplemente para contentar las ansias independentistas de aquellos que desprecian y no acatan nuestra Carta Magna, la reforma estará condenada al fracaso pues el nacionalismo es por definición insaciable.

Tenemos una Constitución joven. Jovencísima, si tomamos como referencia la de los Estados Unidos, promulgada en 1787. Prácticamente todas las de nuestro entorno occidental permanecen inmutables, si acaso adaptadas a los nuevos tiempos a través de la incorporación de enmiendas o correcciones muy puntuales, pero manteniendo los pilares básicos sobre los que se erigieron.

En consecuencia, son frívolas e irresponsables aquellas voces que anuncian que si acceden al poder “romperán el candado de la Constitución”. Pretender comparar nuestra Constitución con algo hermético, cerrado a cal y canto con un candado opresor, es vivir fuera de la realidad, ya que nuestra Carta Magna es pacto, compromiso y garantía de libertad.

La Constitución, como todo en la vida, es perfeccionable, pero difícilmente se logra la perfección desde el oportunismo de unos o desde la visceralidad de otros.

Una fecha como la de hoy, ha de servir también para hacer balance de los tres años de gobierno transcurridos. A principios de 2012 nuestro país estaba al borde del abismo. Todos los analistas anunciaban el rescate, la intervención. No éramos capaces de financiarnos por nosotros mismos. El déficit estaba en dos dígitos. La prima de riesgo evolucionaba desbocada en ascenso. Las cifras del paro se incrementaban mes a mes hasta alcanzar cotas insospechadas. Nuestro sistema financiero hacía aguas por todas las partes. Y los países de nuestro entorno nos veían como uno de los principales problemas para el crecimiento económico mundial.

Hubo que adoptar medidas duras, en muchos casos impopulares, pero imprescindibles para enderezar el rumbo de una nave a la deriva. Ley de Estabilidad Presupuestaria, Reforma del Mercado Laboral, Saneamiento del Sector Financiero, Plan de pago a Proveedores, Ley de Apoyo a Emprendedores, Normas para mejorar nuestra competitividad como la Unidad de Mercado, Reforma energética, Ley de Telecomunicaciones, Reforma de las Administraciones Públicas, y un largo etcétera.

Todo ello ha permitido reducir el déficit público. Que nuestra economía comience a despegar. Llevamos cuatro trimestre seguidos creciendo, con una previsión para 2015 de un 2%. Que nuestras entidades financieras hayan superado los test de stress del Banco Central Europeo. Que la prima de riesgo esté casi en los 100 puntos. Que el bono español baje por primera vez en la historia del 2%. Que nuestras empresas se financien a un menor coste. Que las cifras del empleo, aunque más lentamente de lo que desearíamos todos, comiencen a recuperarse. En los últimos seis meses se han creado 500.000 puestos de trabajo. La contratación indefinida se ha incrementado un 25%. Desciende el número de hogares con todos sus miembros en paro.
En el último año han salido del desempleo más de 75.000 jóvenes. La Seguridad Social tiene 330.000 afiliados más que hace un año.

Actualmente el 43% del empleo que se crea en la Eurozona, se crea en España.

Estos datos tienen reflejo en los principales sectores económicos españoles. El turismo bate récords históricos. El sector de automóvil se sitúa entre los primeros de Europa. Las exportaciones en 2014 alcanzan datos históricos.

También estamos recuperando la confianza internacional en nuestro país. Hace unos días el G-20 ponía a España como ejemplo de reformas a adoptar. Nuestro país vuelve a ser un referente internacional. Mientras nuestros socios se estancan, nosotros estamos a la cabeza del crecimiento en Europa.

Los españoles hemos realizado muchos sacrificios. Han sido 3 años muy duros en los que hemos tenido que resolver, entre todos, la pésima herencia recibida. Hemos salido del túnel, pero cometeríamos un grave error si creyéramos que ya está todo hecho, no debemos caer en triunfalismos.
Tenemos que seguir adoptando medidas que mejoren nuestra competitividad y en definitiva nuestra situación económica principalmente en dos frentes, el déficit y el desempleo; pero también nos engañaríamos a nosotros mismos si no fuéramos capaces de reconocer que ha habido un cambio sustancial en la tendencia.

Esta nueva situación va a permitir al Gobierno mantener el gasto social, –que supone un 54% de los Presupuestos para 2015–, y consolidar las bases del crecimiento económico, devolviendo progresivamente a los ciudadanos el poder adquisitivo perdido, a través de la bajada de impuestos y la devolución en 2015 a los funcionarios de un 25% de la paga extraordinaria del 2012.

Refiriéndonos a Aragón, los Presupuestos de estos años también se han visto lastrados por la grave crisis económica y por las medidas de contención del déficit que ha habido que realizar.

Sin embargo, la Comisión bilateral Aragón-Estado funciona muy bien; se ha logrado mantener partidas como las del Fondo de Inversiones de Teruel; se sigue avanzando en las Autovías que desde Navarra nos unen con Huesca y Lérida; hay partidas para los desdoblamientos de la N-232 y la N-II; seguimos apostando en los foros internacionales por las comunicaciones ferroviarias a través del Pirineo Central; las obras hidráulicas del Pacto del Agua avanzan con paso firme como quedó de manifiesto el 17 de noviembre en la comisión de seguimiento del citado Pacto y el Gobierno de España aportará 12 M€ al convenio con la DGA para el Plan Integral de descontaminación de lindano del río Gállego.

No puede faltar en el discurso de un Delegado del Gobierno una referencia a la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en nuestra Comunidad.
Un año más siguen demostrando que su entrega a la sociedad a la que sirven es absoluta.

Hoy Aragón es, de nuevo, más seguro que hace un año. La tasa de criminalidad, que mide las infracciones penales por cada mil habitantes, se sitúa en 14,3 puntos por debajo de la media nacional. Aragón es la sexta Comunidad más segura de España y el total de delitos y faltas ha descendido en un 6,6%.

Las cifras mejoran un trimestre tras otro, tanto las de Policía Nacional como las de la Guardia Civil; tanto en las ciudades como en la zona rural; tanto en las provincias de Huesca o Teruel, como en la de Zaragoza.

Sin embargo, la bondad de estas cifras no les hace bajar la guardia. Mientras haya un solo caso por resolver nuestras fuerzas del orden siguen entregadas, con eficacia y profesionalidad, a su dignísima ocupación de velar por la seguridad de todos los ciudadanos.

Los principios y valores que representan los convierten, junto a las Fuerzas Armadas, en las instituciones más apreciadas por los españoles y en un ejemplo para todos nosotros.

Señoras y Señores, este discurso estaría incompleto si no mencionara una de las cuestiones que más preocupan en la actualidad a los españoles, la Corrupción.

Es innegable que los casos de corrupción en distintos estratos de nuestra sociedad y en algunos políticos en particular, sobre un terreno abonado de crisis económica brutal, han generando un sentimiento de desencanto primero, de frustración después y finalmente de indignación en el conjunto de la sociedad.

Hechos de esa naturaleza nos repugnan a cualquiera. Tanto o más cuando algunos protagonistas compartían nuestra misma opción política.

Pero no es menos cierto que generalizar es injusto y que una inmensa mayoría de servidores públicos desempeñan su función digna y honradamente.

No obstante, como Delegado del Gobierno de España, quiero dejar perfectamente claro a los aragoneses que el Estado de Derecho funciona. La Justicia funciona, los Jueces y Fiscales funcionan, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado funcionan también, perfectamente, sin ningún tipo de cortapisas ni intervencionismo por parte del Gobierno. La Agencia Tributaria, también funciona como demuestra el hecho de que este año se han recuperado más de 1.000 millones de euros ocultos en el extranjero.

Cualquier persona, cualquiera, sea o no cargo público, por importante o poderosa que parezca, tiene que tener claro que si incurre en cualquier tipo de corrupción, el estado de derecho caerá con toda su energía sobre ella. “El que la hace la paga”. Cuando flaquean los principios y valores, el código penal pone las cosas en su sitio.

El binomio corrupción-crisis económica ha sido el caldo de cultivo perfecto para que surjan grupos, movimientos, que intentan sacar provecho de la decepción o desesperación de muchos ciudadanos.

Con el populismo como bandera, formulan propuestas descabelladas e ideas irrealizables, que juegan con las ilusiones y con la necesidad de muchos bienintencionados. Mensajes que sus propios líderes saben que son demagógicos e inalcanzables, o que de llevarse a la práctica han mostrado en otras épocas y lugares que conducen directamente al fracaso o al desastre.

No debemos menospreciar la aparición de estos movimientos, deben servirnos de llamada de atención, de aldabonazo, para enfocar adecuadamente el problema. Hay que analizar y reflexionar sobre los problemas que nos han llevado hasta esta pérdida de sintonía entre los ciudadanos y las instituciones. Asumir errores y trabajar para superarlos, pero con seriedad, esfuerzo y rigor. Hemos de hacer una revisión en profundidad no sólo de las cuestiones éticas relacionadas con el ejercicio del poder, sino también de las estéticas, no menos importantes en momentos como los que vivimos.

Hay que depurar responsabilidades, sin pararnos a mirar nombres o importancia del cargo. Hay que ser contundentes.

Hemos de continuar con decisión, sin complejos, hacia una Regeneración Democrática en profundidad con el objetivo de que los españoles recobren la confianza en un sistema político que tanto bienestar ha generado y debe seguir generando.

Aunque a tenor de los últimos acontecimientos parecen ya olvidadas, este Gobierno, desde su llegada, ha adoptado distintas propuestas en forma de leyes o de medidas correctoras. Se ha reformado la Ley Orgánica de Financiación de los Partidos Políticos.
Se ha impulsado la primera Ley de Transparencia que existe en la historia de nuestra democracia, para que nuestras instituciones sean más accesibles para los ciudadanos. Se están tramitando en las Cortes Generales las reformas del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El Presidente del Gobierno anunció la semana pasada una importante batería de medidas para combatir la corrupción, –hasta setenta–, incluidas en dos proyectos de Ley que se aprobarán esta legislatura y que van en la misma línea de lo expresado hace dos días por los jueces españoles, para los que se pretende buscar el máximo consenso.

Pero además de todas las medidas legislativas en marcha nuestra sociedad debe recuperar principios y valores en muchas ocasiones olvidados.

Conceptos como democracia y libertad, no están reñidos con otros como respeto, ética, esfuerzo o propiedad ajena. La crisis y sus consecuencias han de servirnos para abandonar ese viciado relativismo moral que imperaba durante las vacas gordas.

Señoras y Señores, no puedo concluir sin afirmar que la cultura de los valores, del juego limpio, además de impregnar nuestros textos legales, ha de mamarse en la familia, educarse en la escuela y vivirse en todos y cada uno de los ámbitos sociales.

Sólo desde estas premisas podremos seguir construyendo esta gran nación llamada España de la que nuestros hijos también podrán sentirse orgullosos.

Muchas gracias.