El Gobierno traslada a las plataformas promotoras de la ILP contra los deshaucios de Cataluña sus propuestas para desistir del recurso al TC
23/10/2018
Ignacio Sánchez Amor y la delegada del Gobierno han explicado a los representantes de las entidades las medidas protectoras que se mantendrían con el desistimiento del recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 24/2015. Las organizaciones han agradecido la visita y el “cambio de tono” en el Gobierno.
El secretario de Estado de Política Territorial, Ignacio Sánchez Amor, la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, y el director general de Régimen Jurídico Autonómico y Local del Ministerio, Tomás de la Quadra-Salcedo Janini, se han reunido hoy en Barcelona con representantes de las plataformas promotoras de la Iniciativa Legislativa Popular de medidas urgentes para hacer frente a la emergencia habitacional y la pobreza energética. Dicha ILP fue aprobada por el Parlament y recogida en la Ley 24/2015, que fue recurrida ante el TC por el Gobierno del Partido Popular.
A la reunión acudieron representantes de la Alianza contra la Pobreza Energética (APE), Observatori DESC, Grupo Promotor de la Ley 24/2015, y Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).
Sánchez Amor ha resaltado que la reunión ha sido “muy cordial” y que el objetivo del Gobierno es “responder a las demandas y necesidades sociales en materia de vivienda en Cataluña”. El Gobierno, de hecho, había acordado con la Generalitat que los primeros desistimientos en plantearse sean aquellos referidos a leyes y medidas sociales.
El secretario de Estado ha explicado las distintas posibilidades que el Ministerio está estudiando para poder plantear el desistimiento del recurso contra la ley catalana. También ha detallado las medidas de protección de las familias incluidas en la ley y recurridos por el PP, que el Gobierno desearía mantener como resultado de la negociación del desistimiento.
Concretamente, se está estudiando la posibilidad de desistir de la impugnación de varios artículos, lo que supondría mantener, de acuerdo con la doctrina que establece el TC, las siguientes medidas protectoras esenciales, incluidas tanto en la ley 24/2015 como en la 4/2016:
- la propuesta de alquiler social por parte de los bancos a la persona que cumpliendo determinados requisitos va a ser desahuciada de su casa
- la expropiación de uso temporal de viviendas vacías propiedad de bancos o grandes corporaciones y cesión obligatoria de uso de las mismas viviendas
- obligación de realojo en determinados supuestos de personas o unidades familiares en riesgo de exclusión residencial
El secretario de Estado ha insistido en que esta reunión con las plataformas ha sido informativa, puesto que el interlocutor del Gobierno es “la Generalitat de Cataluña, con quién tenemos un contacto fuido y del que esperamos respuesta a nuestra propuesta”.
“Es la Generalitat”, ha recordado Sánchez Amor, “quien puede tomar los acuerdos normativos que permitan solucionar los puntos en los que aún persisten riesgos de inconstitucionalidad, como por ejemplo el referente a la expropiación de uso cuando existe un procedimiento de deshaucio en marcha”. El TC se ha pronunciado ya en siete ocasiones en contra de esta medida, que vulnera las competencias del Estado para establecer las bases de la planificación de la actividad económica.
Los representantes de las asociaciones, por su parte, han expresado al secretario de Estado y a la delegada del Gobierno su agradecimiento por haber organizado la reunión y resaltan el “cambio de actitud con respecto al anterior gobierno”. Han insistido además en que ahora es la Generalitat quién debe “ponerse a trabajar”.