Samuel Juárez destaca que la modificación de la Ley de Costas no permitirá nuevas construcciones ni en dominio público ni en zona de protección

El delegado del Gobierno, en la rueda de prensa de esta mañana

10/05/2013

El delegado del Gobierno explicó esta mañana el alcance de las modificaciones de la Ley de Costas para Galicia


  • La nueva ley mantiene la servidumbre de protección de 100 metros con carácter general en toda la costa y solo permite su rebaja a 20 metros en casos muy puntuales y justificados
  • El delegado del Gobierno explicó que la ley aprobada ayer “dotará de mayor seguridad jurídica” a los propietarios de viviendas y de negocios situados en la costa
  • Juárez destacó que la nueva ley incluye una cláusula por la que el Gobierno podrá paralizar una construcción ilegal en zona costera antes de su inicio

 El delegado del Gobierno en Galicia, Samuel Juárez, explicó hoy en rueda de prensa las novedades que introduce la Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de Modificación de la Ley de Costas, aprobada ayer por el Congreso de los Diputados, y los cambios que introduce a Galicia.

Samuel Juárez defendió la nueva regulación por su capacidad para reforzar la protección sostenible del litoral y de dar soluciones a problemas históricos derivados de la aplicación de la anterior Ley de 1988 y de los vacíos legales que existían en determinadas cuestiones, como la regulación de actividades en las playas. El delegado explicó que, en la práctica, esto se traduce en un incremento de la protección medioambiental al tiempo que se otorgarán mayores garantías de seguridad jurídica a viviendas, industrias y establecimientos hosteleros situados en las zonas costeras y, por extensión, a las administraciones competentes y a la ciudadanía.

Juárez fue tajante al aclarar que en ningún caso se permitirán nuevas construcciones ni en zona de dominio público ni en zona de servidumbre de protección. “Es radicalmente falso que la ley rebaje la protección de la costa”. El delegado del Gobierno quiso clarificar que la nueva Ley no reduce de forma general la servidumbre de protección en la costa de 100 a 20 metros. Solo podrá rebajarse a 20 metros de forma excepcional en aquellos núcleos urbanos que cumplan condiciones muy concretas (acreditar que en 1988 dispusiesen de servicios básicos, características de núcleo urbano, etc). Esta rebaja no implica nuevas construcciones, que se prohíben expresamente.

MEJORAR LA PROTECCIÓN
El delegado destacó que la nueva ley mejora la protección de la costa en primer lugar porque diferencia las playas naturales de las urbanas, y porque introduce cláusulas que permitirán completar el deslinde de toda la costa española (en Galicia está efectuado al 98%). También exigirá que la Administración inscriba en un plazo de dos años todo el dominio público en el Registro de la Propiedad y que lo ponga a disposición de los ciudadanos en internet.

En lo que respecta a las edificaciones que se sitúan de forma legal en dominio público y que están sometidas, en cumplimiento de la ley, a un régimen de concesión administrativa, la nueva Ley permitirá ampliar bajo condiciones estrictas los plazos de esas concesiones hasta un máximo de 75 años. Juárez aclaró que el reglamento de desarrollo de la Ley será el que imponga las condiciones “exigentes” para extender esa concesión y los periodos de tiempo que se podrán ampliar en función de cada ocupación. Al mismo tiempo, la nueva ley permitirá modernizar las instalaciones y las viviendas pero en ningún caso ampliarlas: “no implica un aumento de la edificabilidad”. En lo que respecta a las industrias, el delegado aclaró que la posibilidad de ampliar la concesión para aquellas industrias cuyas actividades puedan afectar al entorno estará determinada por un informe de la autoridad ambiental de la Comunidad Autónoma.

Juárez explicó que en Galicia hay 517 viviendas, 367 industrias y 21 establecimientos hosteleros en esta situación, es decir, que disponen de una concesión del Estado para ocupar el terreno público. Del total de viviendas, 93 situadas en Moaña se excluirán del Dominio Público, junto con otros puntos concretos del litoral español porque son espacios totalmente urbanos con nulo interés medioambiental.

PARALIZACIÓN DE ACTUACIONES ILEGALES

En todo caso, Juárez quiso explicar que esta posibilidad de ampliación de concesión no puede beneficiar a ninguna construcción ilegal. “No existe ninguna amnistía; lo que está actualmente declarado ilegal por los tribunales o con sentencia de derribo seguirá estándolo con la nueva ley”. De hecho, apuntó el delegado, la normativa concede al Estado la potestad para paralizar actuaciones urbanísticas ilegales en la costa. Por medio de esta cláusula, el Gobierno, a través de la figura del delegado del Gobierno, tendrá potestad de parar de forma cautelar cualquier obra ilegal antes de que se empiece a construir.

REGULACIÓN DE ACTIVIDADES

La Ley mantiene los usos permitidos y prohibidos en el dominio público marítimo terrestre. Se dará más seguridad a los chiringuitos en cuanto a plazos y condiciones de la concesión, que podrá ser de hasta cuatro años. Para ello, se les exigirá más en términos de ordenación y cuidado de las playas. Por eso se establecerán, en el Reglamento de aplicación de la Ley, criterios razonables que compatibilicen la protección de la costa con el servicio público. Estas ocupaciones se restringirán más en las playas naturales.

Además, la nueva Ley soluciona el vacío legal que existía en relación a los eventos que se celebran en las playas sin autorización expresa. Se regula ahora esta cuestión estableciendo requisitos para la ocupación de las playas, garantizando su conservación.

CAMBIO CLIMÁTICO

La Ley incorpora regulaciones específicas para afrontar con garantías la lucha contra los efectos del cambio climático en el litoral. Se introduce un régimen específico para los tramos del litoral que se encuentren en riesgo grave de regresión. En las áreas así declaradas, se limitan las ocupaciones y se prevé que la Administración pueda realizar actuaciones de protección, conservación o restauración.

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