Intervención del delegado del Gobierno en Galicia, Samuel Juárez, en el Forum Europa Tribuna Galicia

Cuando me nombraron delegado del Gobierno en Galicia, hace poco más de dos años, en una de las primeras entrevistas que me hizo un medio de comunicación me preguntó si no era mal momento para asumir este cargo –seguramente pensando en la conflictividad social que se avecinaba y en las responsabilidades en materia de seguridad ciudadana- y yo le respondí que, evidentemente, no era el mejor momento para eso, ni para casi nada. No lo era para ser empresario, para buscar trabajo, para opositar, etc., de modo que en cada momento hay que asumir lo que viene.

Y en aquellos momentos de hace dos años, y también en estos momentos, nos enfrentamos a un escenario muy complicado, con una gravísima crisis económica a la que este Gobierno se está enfrentando desde el primer día y que ha supuesto y sigue suponiendo el esfuerzo común de la ciudadanía.

Vivimos un momento con una gran desafección de los ciudadanos hacia lo público, motivada por la crisis y agravada por los casos de corrupción, y con un entorno europeo también en momentos bajos. Parece que la Unión Europea no acaba de digerir la ampliación de los países del Este, el euro ha estado en peligro y la UE tiene dificultades para avanzar en las diferentes políticas. Y todo ello en un entorno mundial que cambia a gran velocidad.

La crisis económica que padece España y buena parte de Europa en mayor o menor grado, no se extiende al resto del mundo. Los países emergentes mantienen ritmos de crecimiento desiguales pero razonables; cada vez más países de Latinoamérica, de Asia e incluso de África, se incorporan al pelotón de países emergentes. Y esto nos trae, sobre todo, grandes oportunidades si somos capaces de aprovechar los nuevos nichos de mercado y de adaptarnos al nuevo entorno.

Es muy importante en este contexto la capacidad que está demostrando España para buscar mercados en el exterior, para aprovechar nuestras capacidades en sectores “maduros” y salir al exterior, comprendiendo que las posibilidades de crecimiento están en los países que hoy crecen y tienen mucho por hacer. Es el caso de sectores como el de la construcción, el automóvil o la alimentación, para los que los mercados exteriores son hoy vitales. Las empresas españolas de construcción contrataron en el exterior en 2013 más de 32 mil millones de euros, la industria agroalimentaria exportó por valor de una cantidad muy similar, y en 2014 se prevé que volvamos a exportar más de 2 millones de coches. En estos momentos, más del 62% de la facturación de las empresas del Ibex 35 se genera en el exterior.

DE LA ECONOMÍA, DEL PAPEL DE LAS ADMINISTRACIONES, LAS INSTITUCIONES Y EL ESTADO

En estas circunstancias cambiantes, las claves están en la capacidad de adaptación al entorno económico mundial: la flexibilidad, la competitividad, la eficiencia…son clave para todos, para las empresas en particular, pero también para las Administraciones.

Es preciso que seamos conscientes de la importancia de las Administraciones, de las instituciones, para la marcha de la economía. Las Administraciones son también un elemento fundamental en la competitividad de un país.

En los minutos que seguirán intentaré explicar por qué creo que las Administraciones en España necesitan cambios, y me voy a referir más bien a cambios en su cultura y en su funcionamiento básico, más que a simples cambios organizativos sobre si lo que hay que suprimir o crear o fusionar es esto o lo otro. Creo que la cuestión clave es mucho más profunda que todo eso.

Lo primero es entender y admitir el papel de las Administraciones, de las Instituciones, del Estado, en la economía en la actualidad. Tras las teorías Keynesianas, según las cuales el Estado debe ser la principal fuerza para conseguir el crecimiento económico, en el período de las posguerras en Europa surgen con fuerza los movimientos liberales, que abogan por reducir el papel del Estado, pivotar mucho más en el sector privado, y desregular la economía. Dejar más libertad para que los mercados actúen y corrijan por sí solos los desequilibrios.

Y la experiencia ha demostrado que los mercados son más adelantados en buscar la eficiencia que los Estados. Los mercados permiten, por tanto, que la economía se desarrolle más, que se cree riqueza y bienestar. Existen numerosos ejemplos que ilustran esta afirmación. El más claro es el de Corea. Dividida en dos por el paralelo 38 en 1945 tras las guerras mundiales, en el norte se instauró un régimen comunista -con un férreo control estatal de la economía-, mientras que el sur evolucionó hacia una economía de mercado. Hoy en día, Corea del Sur es uno de los países que más ha crecido en los últimos 50 años, y su renta per cápita es hoy muy similar a la de España. Mientras tanto, Corea del Norte presenta una situación donde las hambrunas son frecuentes, y es asimilable en cuanto a calidad de vida a los más deprimidos países subsaharianos. La diferencia en términos económicos es de 1 a 10. Es un claro ejemplo de cómo un mismo país, partiendo de una situación inicial casi idéntica, es capaz de tener un desarrollo tan dispar.

De modo que, hoy en día, nadie que hable con rigor duda que los mercados, la iniciativa privada, la libertad de empresa… son básicos para crear incentivos que permitan el desarrollo de las capacidades de las personas, para que surjan los incentivos al ingenio, al emprendimiento. Y por eso resulta chocante que a estas alturas siga habiendo políticos que se empeñan en demonizar al empresario, en utilizar peyorativamente el término “privatización”, en enfrentar lo público y lo privado, tachando a lo privado de “simple negocio”, como si ganar dinero fuera de por sí algo malo. Como si no fueran las empresas que ganan dinero las que crean empleo, riqueza para todos, y contribuyen con sus impuestos, nutriendo la Hacienda que nos permite financiar los servicios públicos que costeamos entre todos.

Pero, dejando esto muy claro, a lo largo de los años hemos aprendido también que estas mismas fuerzas económicas, para que funcionen bien y desarrollen todo su potencial de creación de riqueza, necesitan necesariamente un marco, unas reglas de juego. Aprendimos que los mercados no se crean solos, no se regulan solos, no se legitiman solos. Y que todas las economías de mercado que funcionan bien son una mezcla de mercado y de Estado.

Ninguna economía, ningún país, ha logrado desarrollarse sin hacer que recaigan responsabilidades importantes sobre el sector público, al igual que ninguna ha logrado desarrollarse sin dar al sector privado la libertad suficiente para que la competencia seleccione a los más eficientes. Aquí es donde se explica uno de los primeros motivos por los que creo que las Administraciones en España necesitan profundos cambios, y por lo que me refiero a la necesidad de hacer cambios de cultura y de funcionamiento básico.

Es, por tanto, una cuestión de equilibrios. Equilibrios que en cada país tienen sus propias peculiaridades y en los que las instituciones juegan un papel fundamental.

APUNTALAR Y FOMENTAR LA CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES

De ahí la importancia primordial de apuntalar las instituciones. Y por eso la necesidad de fomentar la confianza en ellas. Para ello, tenemos que lograr vencer la actual situación de desconfianza en lo público. Y en ese ámbito, la situación actual no es muy favorable. El último barómetro del CIS de enero de 2014 indica que para los ciudadanos los principales problemas de España son: en primer lugar y en un puesto muy destacado, el paro; en segundo lugar, la corrupción y el fraude; en tercer lugar, “los problemas de índole económica”; en cuarto lugar, “los políticos, los partidos y la política”; seguidos, ya con porcentajes bastante menores, por la sanidad y la educación.

En la lista de opciones que ofrece el CIS en sus encuestas, encontramos otras muchas que obtienen porcentajes de respuesta realmente bajos, inferiores al 1%. Aquí están, con menos del 1%, las infraestructuras o la reforma laboral, entre otras.

No es extraño que la corrupción ocupe uno de los primeros lugares entre las preocupaciones ciudadanas, a tenor de los casos de supuesta corrupción que afectan a diferentes Administraciones e instituciones. Esto coincide, además, con un durísimo período de crisis que está teniendo un alto coste social, que genera por lo tanto frustración y decepción, y que amplifica esa percepción de los ciudadanos en relación con la corrupción y con los políticos.

En los últimos días hemos conocido un informe de la Comisión Europea, el primer informe sobre la corrupción en Europa, que presentó la Comisaria de Interior, Comisaria Malmstrom, a principios de este mes.

En este informe se contienen dos cifras principales: por una parte, el porcentaje de personas entrevistadas que opinan que la corrupción está generalizada, y por otra, el de personas que han tenido de alguna manera alguna experiencia personal en una modalidad concreta de corrupción, aquellos a quienes les han pedido un soborno o han tenido la impresión de que se les pedía. Y estas cifras son sorprendentes, porque la media del conjunto de ciudadanos europeos que creen que la corrupción está generalizada es nada menos que del 74%. Sin embargo, los que dicen haber tenido un episodio personal suponen el 4%. El primer porcentaje se refiere a una “percepción”, mientras que el segundo se refiere a una experiencia. Hay una gran diferencia entre ambos porcentajes, y este es un dato cuanto menos llamativo.

En el caso de España, el porcentaje de personas que creen que la corrupción es generalizada es del 95%, y el de los que dicen haber tenido una experiencia personal en algún momento es del 2%, frente al 4% del conjunto de la UE. Con esto no quiero decir que en España haya más o menos corrupción que en el resto de Europa, pero lo cierto es que en España, aunque la percepción es mayor, la realidad expresada -al menos en un tipo concreto de hecho de corrupción- representa la mitad de la media europea. Y también digo que independientemente de este informe, o precisamente por lo que dice, lo que tenemos que lograr ahora es vencer la actual situación de desconfianza en lo público.

También el estudio dice otras cosas sobre España. Dice que tenemos implantado desde hace tiempo un marco legal anticorrupción, y que la aplicación de las leyes ha dado buenos resultados en la investigación de prácticas corruptas. Es decir, que en España se persigue la corrupción, algo que por otra parte demuestran los titulares de prensa.

El informe habla, asimismo, de la necesidad de avanzar en planes concretos para reforzar los controles a nivel regional y local. Pide seguir adelante con las reformas en marcha en materias como la transparencia, la financiación de los partidos políticos o los códigos de conducta de los cargos electos.

DE LA NECESIDAD DE CAMBIOS EN LAS ADMINISTRACIONES

En cualquier caso, y una vez entendido el significado de este informe de la Comisión Europea, vuelvo al inicio de mi intervención: lo que más preocupa a los ciudadanos es el paro y la situación económica, y la corrupción y los políticos. Y es muy coherente con la situación del país, y porque ambas cosas tienen una relación íntima: la salida de la crisis. Es decir, el crecimiento de la economía y la creación de empleo necesitan de instituciones fuertes que proporcionen el cauce necesario para ese desarrollo. Y por ello creo que las Administraciones en España necesitan cambios, y de ahí la necesidad de hacer cambios de cultura y de funcionamiento básico.

Entre las estrategias fundamentales de las principales instituciones internacionales dedicadas a promover el desarrollo económico, como es el caso del Banco Mundial, se encuentra siempre la promoción del fortalecimiento institucional, la modernización de la administración, promover instituciones capaces de regular la economía y la sociedad.

Tenemos que hacer administraciones más eficientes, como elemento básico de competitividad del país. Administraciones más eficientes, necesariamente deben ser más competitivas y más transparentes. Son las mismas herramientas fundamentales para reducir la corrupción a su mínima expresión y para relanzar la economía, en línea de lo que se ha denominado “gobierno abierto”, y que en nuestro país se ha materializado ya en algunas iniciativas legales más o menos relevantes en los últimos años. Pero la norma más relevante es la Ley 19/2013 de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que, sin duda, marcará un antes y un después en esta materia, y permitirá un escrutinio sin precedentes de los servicios públicos y de las administraciones.

Esta Ley significa la obligación de publicar toda la información de las actividades de la Administración: todos los contratos independientemente del procedimiento de adjudicación, todos los convenios, subvenciones y ayudas concedidas, los presupuestos, las cuentas, las resoluciones de compatibilidad de los cargos públicos, las declaraciones de bienes y actividades, las instrucciones internas de funcionamiento, etc. Estamos, precisamente ahora, promoviendo ese necesario cambio de cultura y de funcionamiento básico de las Administraciones en España. Y este es el camino.

TRANSPARENCIA, MEDICIÓN DE LA EFICIENCIA Y PARTICIPACIÓN

Esta nueva cultura, la de la transparencia, siguiendo el hilo argumental de la necesidad del cambio de funcionamiento básico de las administraciones, deberá venir completada por otros dos conceptos fundamentales: la eficiencia y la participación ciudadana.

La mejora de la eficiencia de las administraciones encaja en lo que algunos han llamado “administración empresarial”. Es decir, utilizar los mecanismos de gestión empresarial aplicados a las administraciones. Y estos mecanismos son, básicamente, los sistemas de gestión por objetivos, por resultados y con incentivos.

Es deseable, pues, hacer administraciones transparentes y también eficientes. Y para ello, es fundamental ir incorporando sistemas que permitan medir la eficiencia en los servicios que se prestan. Si introducimos indicadores en la Administración, podremos comparar equipos y organizaciones, podremos aprender por qué algunos equipos tienen mejores resultados, lo cual ayudará a incorporar cambios que mejoren la eficiencia del conjunto. Y si hacemos públicos estos datos con evaluaciones e índices de eficacia, la ciudadanía podrá comparar, podrá valorar, y será un incentivo para todos, para funcionar mejor.

Pongamos por caso la policía. Ya se miden los índices delictivos y la eficacia en la resolución de los delitos en cada plantilla. Tenemos que dar un paso más, y publicar estos índices y resultados.

Pero por qué no hacer lo mismo con los jueces, por ejemplo. Sería de gran interés público saber qué juzgados y qué jueces consiguen instruir más casos, juzgar más casos, cuántos de los imputados resultan finalmente condenados, o cuántas de las sentencias que se dictan en primera instancia son ratificadas en instancias superiores. Empezar a medir la eficiencia de la Administración de Justicia como medio para mejorarla. Añadiríamos transparencia e incentivaríamos la eficiencia.

Y piensen en lo interesante que sería tener un seguimiento de la eficacia de los tratamientos o de las intervenciones médicas. Saber cuál es el índice de éxito de un equipo quirúrgico en según qué tipo de intervención, permitiría no solo disponer de una buena guía para los pacientes, además, permitiría detectar equipos con índices anormales de fallos, con lo que se podría indagar sobre el origen de ese resultado, poner remedio, y con ello, mejorar la atención al paciente y, al mismo tiempo, reducir el gasto sanitario. Una vez más, la transparencia, la medición de los resultados y los incentivos para estimular la eficiencia.

Y qué me dicen de la Educación. Seguramente es el mayor reto al que nos enfrentamos en estos momentos: formar profesionales capaces de responder a las demandas de un mercado de trabajo cambiante. El sistema educativo se enfrenta al reto de formar a los jóvenes para unas necesidades cambiantes. Sería muy útil conocer los índices de abandono escolar en cada centro, los niveles alcanzados por los alumnos en cada uno, los resultados de cada equipo docente y de cada docente en particular. Ayudaría a los padres a decidir y, por supuesto, supondría un poderoso incentivo para los docentes de cara a obtener los mejores resultados.

Así pues, transparencia y eficacia de las Administraciones son recetas que sirven para reducir la corrupción, también para mejorar su funcionamiento y, con ello, nuestra competitividad. Pero falta aquí el tercer ingrediente fundamental: la participación ciudadana.

Lo que se ha denominado la sociedad civil, debe participar más de la vida pública, aportando opiniones, ideas, y ayudando a controlar a los poderes públicos y a orientar sus decisiones, algo muy importante.

Se echa de menos muchas veces el contar con opiniones de la ciudadanía sobre las diferentes decisiones a tomar desde el ámbito público. Me refiero a opiniones constructivas, que no sean extemporáneas (un problema muy frecuente, cuántas veces surgen movimientos de oposición a un proyecto que ha estado meses a información pública sin recibir alegaciones), y opiniones que no estén viciadas por otros intereses. Aquí tenemos también un camino que recorrer para influir adecuadamente en las decisiones de los poderes públicos.

Y este es un aspecto más importante de lo que parece, de cara a la competitividad como país en un mundo globalizado. En estos momentos, la mayor parte de los países con los que tenemos que competir en el escenario mundial, no son democracias plenas como la nuestra. Son democracias imperfectas, o directamente son regímenes de partido único. En la medida en que las decisiones en España, y en los demás países europeos, se ven muy condicionadas por la opinión pública como democracias que somos, o bien en la medida en que ese condicionante de la opinión pública pesa mucho más que en otros países no democráticos o con democracias imperfectas, es muy importante una opinión pública bien informada y que ejerza su influencia sin manipulaciones y sabiendo lo que nos jugamos, para que las decisiones de los gobernantes a través de los cauces de participación pública sean influidas adecuadamente.

Concluyo ya, resumiendo las principales ideas que hoy he querido trasmitir.

Vivimos un momento con una gran desafección de los ciudadanos hacia lo público, motivado por la crisis y agravado por los casos de corrupción, y con un entorno europeo también en momentos bajos. Por ello, es muy importante en este contexto la capacidad que está demostrando España para buscar mercados en el exterior, para aprovechar nuestras capacidades en sectores.

Las claves están en la capacidad de adaptación al entorno económico mundial, en la flexibilidad, la competitividad, la transparencia, la eficiencia, la participación ciudadana… Y son las claves para todos, para las empresas en particular, pero también para las Administraciones. Es preciso que seamos conscientes de la importancia de las Administraciones, de las instituciones, para la marcha de la economía.

Las Administraciones son también un elemento fundamental de la competitividad de un país. Y es por ello que creo que las Administraciones en España necesitan profundos cambios, cambios en su cultura y en su funcionamiento básico.

Ninguna economía, ningún país, ha logrado desarrollarse sin hacer que recaigan responsabilidades importantes sobre el sector público, al igual que ninguna ha logrado desarrollarse sin dar al sector privado la libertad suficiente para que la competencia seleccione a los más eficientes.

De ahí la importancia primordial de apuntalar las instituciones. Y por eso la necesidad de fomentar la confianza en las instituciones. Para ello, tenemos que lograr vencer la actual situación de desconfianza en lo público.

Estamos precisamente ahora promoviendo ese necesario cambio de cultura y de funcionamiento básico de las Administraciones en España a través del impulso de una nueva cultura: la de la transparencia, la eficiencia y la participación ciudadana.

Es deseable, pues, hacer administraciones transparentes y, por su puesto, también eficientes. Para ello, es fundamental ir incorporando sistemas que permitan medir la eficiencia en los servicios que se prestan.

Transparencia y eficacia de las Administraciones son recetas que sirven para reducir la corrupción, y también para mejorar su funcionamiento y, con ello, nuestra competitividad. Todo ello ha de completarse con el tercer ingrediente fundamental: la participación ciudadana, ya que es muy importante una opinión pública bien informada, que ejerza su influencia sin manipulaciones y sabiendo lo que nos jugamos, para que las decisiones de los gobernantes a través de los cauces de participación pública sean influidas adecuadamente, un aspecto, como ya he dicho, muy importante de cara a la competitividad como país en un mundo globalizado.