Pilar López-Rioboo recuerda que la decisión de la Xunta de no certificar la disponibilidad de los terrenos supone la imposibilidad de acometer la regeneración de la ría de O Burgo

Pilar López-Rioboo recuerda que la decisión de la Xunta de no certificar la disponibilidad de los terrenos supone la imposibilidad de acometer la regeneración de la ría de O Burgo

05/08/2020

Recuerda que la necesidad de la certificación de la disponibilidad de los terrenos viene determinada en la Ley de Contratos del Sector Público, aprobada en noviembre de 2017

Reitera que el Gobierno dispone del dinero, tiene la plena voluntad de ejecutar el proyecto y solo está pendiente del imprescindible trámite que debe realizar la Xunta


La subdelegada del Gobierno en A Coruña, Pilar López-Rioboo; ha insistido hoy que la decisión de la Xunta de Galicia de no certificar la total disponibilidad de los terrenos supondrá la imposibilidad de acometer la regeneración de la ría de O Burgo.

Así se lo ha transmitido a los mariscadores, a quienes les ha explicado la actual situación del proyecto. “La tramitación depende exclusivamente de esta certificación y negarse a emitirla es bloquear de manera intencionada la regeneración de la ría”, ha indicado.

Pilar López-Rioboo ha reiterado que el Gobierno dispone del dinero, está en disposición y tiene la total voluntad de licitar la obra, aunque no puede seguir avanzando si no se cuenta con el imprescindible apoyo de la Xunta, ya que es necesario que desde la Consellería do Mar se desbloquee el trámite de certificar que en los terrenos donde se proyecta actuar no se desarrollan actividades que impidan considerar que exista plena disposición de dichos terrenos.

Este requisito, ha recalcado, debe cumplirse previamente a la aprobación del expediente de contratación, es decir; de su licitación. Así se recoge en la Ley de Contratos del Sector Público, aprobada en noviembre de 2017 por el Gobierno del Partido Popular. Y así lo indican los informes jurídicos de la Abogacía del Estado, de los que son sobradamente conocedores en la Xunta.

De hecho, el artículo 236 de dicha ley indica textualmente que “aprobado el proyecto y previamente a la aprobación del expediente de contratación de la obra, se procederá a efectuar el replanteo del mismo, el cual consistirá en comprobar la realidad geométrica de la misma y la disponibilidad de los terrenos para su normal ejecución. Asimismo se deberán comprobar cuantos supuestos figuren en el proyecto elaborado y sean básicos para el contrato a celebrar”, a la vez que añade que “en la tramitación de los expedientes de contratación referentes a obras de infraestructuras hidráulicas, de transporte y de carreteras, se dispensará del requisito previo de disponibilidad de los terrenos, si bien no se podrá iniciar la ejecución de las obras en tanto no se haya formalizado la ocupación en virtud de la vigente Ley de Expropiación Forzosa. En el caso de cesión de terrenos o locales por entidades públicas, será suficiente para acreditar la disponibilidad de los terrenos, la aportación de los acuerdos de cesión y aceptación de los órganos competentes”.

De esta situación es conocedora la Xunta de Galicia, tal como se le ha trasladado desde el Ministerio para la Transición Ecológica y la propia Abogacía del Estado, que le ha recordado que las autorizaciones de marisqueo otorgadas por la Xunta sobre los terrenos afectados por la obra de la ría limitan la disponibilidad de dichos terrenos.

Así se lo ha indicado por escrito la propia ministra al presidente de la Xunta, al que le ha transmitido que debe comprobarse el estado exacto en el que se encuentran los terrenos y garantizarse que están real y plenamente disponibles, siendo la Xunta la administración competente para autorizar la actividad marisquera y que por lo tanto le corresponde llevar a cabo las actuaciones necesarias para que sea posible certificar que en los terrenos donde se proyecta actuar no se desarrollan actividades amparadas en algún título administrativo que genere derechos subjetivos que impidan certificar esa plena disposición de los terrenos, en un requisito que debe hacerse previamente a la licitación de la obra, tal como se recoge en la Ley de Contratos del Sector Público.

Por lo tanto, todo lo que no sea emitir la certificación de la disponibilidad de los terrenos libres de derechos supone impedir la licitación de la obra y representa la certificación de la imposibilidad de acometer el proyecto, con la consiguiente pérdida de los fondos económicos en lo que supondría un daño irreparable para toda la comarca coruñesa.

Todo ello se produciría con la única responsabilidad de la Xunta y después de que el Gobierno haya realizado el proyecto, lo haya sometido a información pública y haya conseguido el dinero para su ejecución, a través de los fondos europeos del Feder y con la aportación propia a través de los Presupuestos Generales del Estado, con un coste global cercano a los 50 millones de euros.