Luesma ordena recurrir la consulta sobre el TAV convocada por el Ayuntamiento de Elorrio.

16/11/2007

§  Se solicita expresamente la suspensión cautelar de la misma.
 
  16 de noviembre de 2007         El Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma del País Vasco, Paulino Luesma, ha ordenado a la Abogacía del Estado que recurra la decisión del Ayuntamiento vizcaíno de Elorrio de realizar una consulta popular en el municipio sobre el Trazado de Alta Velocidad. Un proyecto de especial importancia para el futuro del País Vasco, para su desarrollo económico y social al mejorar sus comunicaciones internas, con el resto de España y de Europa. Que cuenta con el respaldo del Gobierno de España y que es apoyado mayoritariamente por la sociedad vasca.
 
Entiende Paulino Luesma, al decidir la interposición de este recurso contencioso-administrativo, que el citado acuerdo municipal vulnera el ordenamiento jurídico. En concreto, es preciso reiterar que la legislación sobre régimen local establece como requisitos para la realización de una consulta de este tipo que, la misma, debe versar sobre asuntos de la competencia propia municipal y de carácter local, requiere el previo acuerdo por mayoría absoluta del pleno y la autorización del Gobierno de la Nación.
 
Como quiera que no existe constancia de dicho acuerdo, ni se ha autorizado por el Gobierno la consulta prevista para el 2 de diciembre, resulta evidente que su celebración vulnera la legislación vigente y por tanto procede su recurso, solicitándose expresamente la suspensión cautelar de la misma.
 
Considera Paulino Luesma que las decisiones que adopten los Ayuntamientos, como cualquier otra institución, deben ser escrupulosamente respetuosas con el ordenamiento jurídico. Las actuaciones de las corporaciones locales, como no puede ser de otra manera, han de observar una adecuación total al principio de legalidad. En consecuencia, desde la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma del País Vasco se va a seguir estando especialmente vigilante para que desde ningún ayuntamiento se vulnere lo que nuestras leyes establecen. Frente a cualquier vulneración, se pondrán en marcha las actuaciones legales que, en cada caso, correspondan. Así se hizo por dos ocasiones en el caso de Aramaiona, en Álava y de Anoeta, en Guipúzcoa