El Cuerpo Nacional de Policía detiene en Bilbao a un empresario como presunto autor de un delito contra los derechos de los trabajadores.
08/02/2008
§ Se trata de un vecino de Portugalete, Rubén G. M., titular de una empresa de construcción.
8 de febrero de 2008. Funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía de Bilbao, pertenecientes a la Brigada Provincial de Extranjería y Documentación, dedicados a la prevención, detección, investigación y desarticulación de redes delictivas organizadas dedicadas al tráfico de personas, inmigración ilegal y otros delitos contra los trabajadores han procedido a la detención de Ruben G.M. de 32 años, vecino de Portugalete y titular de una empresa del gremio de la construcción, como presunto autor de un delito contra los derechos de los trabajadores.
Las investigaciones se iniciaron el pasado mes de enero una vez que los funcionarios encargados de esta actuación policial tuvieron las evidencias, indicios y demás informaciones necesarias. El pasado 5 de febrero, en colaboración con la Dirección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Vizcaya, se procedió por miembros de la citada Brigada a efectuar un control de extranjería que permitiera la verificación de la situación administrativa y laboral de los trabajadores de la citada empresa.
Como consecuencia de dicha actuación se procedió a la identificación de 21 personas y a la detención de siete ciudadanos extranjeros, los cuales se encontraban trabajando en la citada empresa, sin contrato de trabajo, sin cobertura médica, ni constar o figurar dados de alta en la Seguridad Social y en situación irregular en territorio nacional. El trabajo lo desempeñaban en distintas obras hasta las cuales eran desplazados en furgonetas de la empresa desde la nave que hacía las veces de sede social de la misma, radicada en Baracaldo, trabajaban unas doce horas diarias y percibían por su actividad unos 1.500 € mensuales.
La utilización de mano de obra extranjera en situación irregular es práctica habitual de algunos empresarios. Dichos empleadores no realizan contratos ni dan de alta a estos ciudadanos, lo que les supone mayores beneficios económicos puesto que, abusando de las precarias condiciones en las que se encuentran estos extranjeros irregulares, se les posibilita ofertar la realización de servicios a un menor coste que otras empresas del ramo, pagando sueldos por debajo de lo establecido en los convenios sectoriales, economizan costes al no darles de alta en la Seguridad Social, evaden el pago de impuestos a Hacienda y lo más reseñable, no existe ningún tipo de cobertura legal, laboral y socio-sanitaria con los trabajadores dado que no facilitan contrato alguno.
Al empresario, que ha sido puesto a disposición judicial, se le aplicará la normativa que regula la contratación de trabajadores. A los ciudadanos irregulares se les ha aplicado la normativa vigente en materia de extranjería.