Carlos Urquijo recurre una ayuda del Gobierno vasco a la asociación ‘Etxerat’.
06/06/2014
El Delegado del Gobierno en el País Vasco, Carlos Urquijo, a través de la Abogacía del Estado, ha interpuesto recurso contencioso-administrativo contra la concesión de una ayuda por importe de 8.956,42 euros al proyecto presentado por la asociación ETXERAT bajo la denominación, en castellano, de “Proyecto para garantizar el derecho a la educación en las cárceles”, tal y como consta en el Boletín Oficial del País Vasco de 25 de febrero de 2014, donde se publicaba la Resolución de 27 de diciembre de 2013, de la Directora de Víctimas y Derechos Humanos del Gobierno vasco, por la que se resuelven las subvenciones a organizaciones y movimientos sociales que realizan proyectos en materia de Paz, Convivencia y Derechos Humanos.
Considera Carlos Urquijo, en primer lugar, que ETXERAT “no puede considerarse una asociacion que persiga la consecucion de la paz y los derechos humanos y que el proyecto subvencionado tampoco se integraría en ese concepto, y ambos requisitos se exigen en la norma reguladora de las bases y la convocatoria aprobada por la Secretaría General para la Paz y Convivencia”.
Además, el Delegado del Gobierno recuerda que “el Gobierno Vasco carece de competencia desde el punto de vista material y territorial en este asunto, por afectar la ayuda concedida al regimen penitenciario (educación de los presos en las cárceles) y exceder el territorio propio de la Comunidad Autónoma, habida cuenta los destinatarios de la acción de ETXERAT”.
Finalmente, Carlos Urquijo destaca que “la concesión de esta ayuda infringe las leyes de protección de las víctimas del terrorismo tanto estatal como autonómica dado que los únicos destinatarios de la ayuda impugnada son las personas condenadas o que se encuentren en situación de prisión preventiva como consecuencia de su pertenencia a una organización terrorista a las que, además, esta asociación se permite la inmoralidad de calificarlas como represaliados políticos. Frente a ello, las víctimas del terrorismo merecen una especial protección y consideración y ese amparo es el que se pretende al solicitar la anulación de la ayuda concedida puesto que, en los términos en que aparece configurada, lejos de deslegitimar ética, social y políticamente el terrorismo lo cubre de una equidistancia que necesariamente ha de suponer un ataque frontal contra el principio de memoria y la dignidad de las víctimas”.