El Pacto Antitransfuguismo acuerda la constitución de su Comisión de Expertos

El Pacto Antitransfuguismo acuerda la constitución de su Comisión de Expertos

25/03/2021

  • Está formada por cinco juristas de reconocido prestigio: Mariano Pérez-Hickman Silván, Silvia del Saz, Dolors Canals, Pilar Navarro y Rafael Ibáñez
  • Se pronunciarán sobre aquellos casos en que la Comisión del Pacto no logre alcanzar las 3/5 partes de los votos necesarios para alcanzar un acuerdo
  • Los partidos firmantes del Pacto Antitransfuguismo son PSOE, PP, Unidas Podemos, Ciudadanos, PSC, PNV, IU, BNG, Partido Aragonés Regionalista, Foro Asturias, Galicia en Común, ERC, UPN, PRC, Cataluña en Comú y Agrupación Socialista de La Gomera

 

La comisión de seguimiento del Pacto Antitransfuguismo ha acordado esta tarde por consenso la constitución de la Comisión de Expertos, encargada de decidir sobre casos de transfuguismo.

La Comisión está formada por cinco juristas de reconocido prestigio. Se trata de Mariano Pérez-Hickman Silván, Silvia del Saz, Dolors Canals, Pilar Navarro y Rafael Ibáñez.

Afrontan un mandato de cuatro años, renovable por un periodo de igual duración. Deberán tomar decisiones cuando la Comisión del Pacto no logre alcanzar las 3/5 partes de los votos necesarios para alcanzar un acuerdo.

Los partidos firmantes del Pacto Antitransfuguismo son PSOE, PP, Unidas Podemos, Ciudadanos, PSC, PNV, IU, BNG, Partido Aragonés Regionalista, Foro Asturias, Galicia en Común, ERC, UPN, PRC, Cataluña en Comú y Agrupación Socialista de La Gomera.

En la reunión de esta tarde, celebrada en el Congreso de los Diputados, han participado PSOE, Foro Asturias, PSC-PSOE, PP, UPN, Ciudadanos, Cataluña en Comú e IU-Podemos, en quienes han delegado su voto IU, Galicia en Común-Unidas Podemos y Podemos. Han excusado su asistencia ERC, PRC y BNG.

Mociones de censura

Además de constituir la Comisión de Expertos, han abordado las denuncias que se presentaron en 2020 relativas a las mociones de censura de los ayuntamientos de Estella y Santa Cruz de Tenerife.

También se ha abordado la denuncia de Ciudadanos tras la moción de censura presentada en Murcia.

En el caso de Estella, los partidos presentes han considerado que se produjo transfuguismo. El caso se remonta al mes de marzo de 2020. UPN denunció que en la votación de la moción de censura contra el alcalde por parte de concejales de Bildu, Geroa Bai, dos ediles del PSN (expulsados) se apartaron de la posición fijada por el partido.

No ha habido acuerdo, al no contar con el voto del PP, sobre el caso de Santa Cruz de Tenerife, en el que el PSOE denunció que el apoyo de Coalición Canaria y de una exconcejal de Ciudadanos quitaron la alcaldía al PSOE y se la dieron el pasado 13 de julio a Coalición Canaria.

Tampoco ha habido acuerdo respecto al caso de Murcia, en el que tres diputados de Ciudadanos han votado en contra de la moción de censura presentada por su propio partido y PSOE. Los tres han sido nombrados consejeros y han sido expulsados de Ciudadanos.

Será el Comité de Expertos, en su primera reunión, quien tome una decisión al respecto de los casos de Santa Cruz de Tenerife y Murcia.

El Pacto Antitransfuguismo se había reunido por última vez el 11 de noviembre de 2020, tras diez años de inactividad.

COMISIÓN DE EXPERTOS

Mariano Pérez-Hickman Silván

Licenciado en Derecho, con Estudios de Doctorado en Filosofía del Derecho, Moral y Política, y Master en Dirección y Gestión de Recursos Humanos (MHR). También es Diplomado en Altos Estudios de la Defensa Nacional y posee un Título de Experto en Defensa Nacional.

Es Letrado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y Asesor Jurídico del PP, partido en el que ha ocupado distintos puestos dentro de su estructura y en representación del cual ha ocupado distintos cargos públicos.

Silvia del Saz

Catedrática de Derecho Administrativo. Doctora en Derecho y Licenciada en Ciencias Políticas. Es miembro del Consejo Asesor de distintas revistas científicas y es profesora del Consejo General del Poder Judicial.

Ha sido letrada del Tribunal Constitucional entre 2011 y 2015. También ha sido abogada del Departamento de Derecho Administrativo del Despacho Garrigues (2007/2011). Ha sido directora General de Suelo de la Comunidad de Madrid (enero 2004/mayo 2007).

Dolors Canals

Profesora Titular de Derecho Administrativo en la Universitat de Girona y profesora colaboradora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Ámbitos principales de investigación: colaboración público-privada en el ejercicio de potestades administrativas y la prestación de servicios públicos, gestión de riesgos, proceso de elaboración de normas, evaluación de impacto normativo (económico, social y de género), protección del medio ambiente, derecho público económico y regulación, control y fiscalización de la contratación pública, control de la corrupción, protección de datos de carácter personal, innovación tecnológica y derecho, inteligencia artificial en la contratación pública, ciberseguridad y espacio digital, gobiernos locales y fronteras. Participa en distintos proyectos de investigación y redes de excelencia

Pilar Navarro

Doctora Cum Laude en Derecho de la Energía. Es Socia Responsable de Sectores Regulados, Competencia y Medio Ambiente en el bufete Cremades & Calvo Sotelo (oficina de Sevilla) y profesora de Derecho Administrativo en la Universidad Internacional de la Rioja (UNIR).

Incluida en el año 2013 en el Ranking Nacional de Las Top 100 Mujeres Líderes en España. Ha elaborado numerosos dictámenes jurídicos en materia de Regulación Energética a solicitud de diferentes Administraciones públicas y ha participado como experta en la elaboración de diversos textos normativos.

Entre 2017 y 2019 ha sido Secretaria General de Medio Ambiente y Cambio Climático en la Junta de Andalucía. Con anterioridad fue Secretaria General Adjunta y Portavoz de Justicia del Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento de Andalucía (2008-2012).

Rafael Ibáñez

Licenciado en Derecho, especialidad Derecho Público.

Ha dirigido legalmente  múltiples procedimientos ante el orden jurisdiccional civil y social sobre funcionamiento democrático de partidos políticos y organizaciones sindicales: impugnación de acuerdos, expulsiones, legalidad de estatutos.

En el ámbito administrativo y en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, ha dirigido legalmente múltiples procedimientos sobre adopción de acuerdos y funcionamiento de órganos colegiados.

Ha sido diputado por Córdoba en el Parlamento de Andalucía (1989-1990) y ha ocupado el cargo de subdirector de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía entre 2012 y 2015. Ha sido miembro de la Comisión de Garantías y Derechos Democráticos de Izquierda Unida (1995-2002) y de la Comisión de Garantía Federal de IU (2002-2006).

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