La Agencia de Evaluación: un nuevo contrato con los ciudadanos por la calidad de los servicios públicos
25/10/2004
Presentación de las propuestas de la Comisión
- Los expertos de la Comisión abogan por una Agencia adscrita al Ejecutivo, que propicie la participación y la transparencia.
- La mejora de los resultados, la racionalización en el uso de los recursos, y el desarrollo de la innovación y la productividad, entre sus objetivos.
La Comisión encargada de elaborar propuestas para la futura Agencia de Evaluación de la Calidad de los Servicios y las Políticas Públicas ha presentado su informe al ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, y el secretario general para la Administración Pública, Francisco Velázquez. La Comisión ha dado así cumplimiento a la orden ministerial, que establecía un plazo de tres meses para su realización.
Esta Agencia tiene el objetivo de mejorar la calidad de las prestaciones que ofrece el sector público y de comprometerse decididamente con una gestión orientada a los resultados, desarrollando en el ámbito de los servicios su capacidad de evaluación, para producir impactos positivos en el bienestar de los ciudadanos.
Los expertos de la Comisión, compuesta por catedráticos y expertos de prestigio en el campo de la evaluación de las políticas públicas, han trabajado en la articulación de un Sistema Público de Evaluación de políticas públicas y de mejora de la calidad de los servicios, en un marco de transparencia y ética institucional.
La posición común de la Comisión y de su presidente, Juan Antonio Garde, es que la opción más deseable es situar la Agencia como ente público, adscrito al Ejecutivo, a través del Ministerio de Administraciones Públicas
Por la naturaleza del modelo político e institucional español, la adscripción al Parlamento presentaría a juicio de los expertos un excesivo sesgo hacia el control, lo que podría dificultar que la Agencia, al menos en la fase inicial, abordara sus finalidades de carácter cultural, formativo y modernizador de la administración, así como su carácter articulador y coordinador con respecto al conjunto de las administraciones públicas.
Otras recomendaciones de la Comisión:
- Autonomía y capacidad institucional: La Agencia debería contar con autonomía y capacidad institucional suficiente para interactuar con instituciones y organismos sectoriales y territoriales vinculados con las políticas públicas y la evaluación.
- Instituciones autonómicas y locales: Debería propiciar la incorporación al proceso como socios fundadores de las instituciones territoriales autonómicas y locales, sin perjuicio de la existencia de otros mecanismos de integración gradual.
- Ministerio de Economía y Hacienda: Es conveniente la activa representación y participación en la Agencia del Ministerio de Economía y Hacienda, estableciendo un modelo de coordinación estable.
- Relaciones con el Parlamento: Se precisaría el establecimiento de un marco de relaciones con el Parlamento, a través de diferentes formas posibles, como la rendición de cuentas o informes, la presencia institucional de una representación parlamentaria en el seno del Consejo Institucional de la Agencia, o algún mecanismo o fórmula de ratificación parlamentaria en la designación del presidente o director ejecutivo de la Agencia.
Naturaleza jurídica: el espacio más adecuado es su constitución como ente público independiente de los previstos en la Disposición Adicional 10ª.2 de la LOFAGE.
Sus principales características como ente público deberán adaptarse, en su caso, al marco jurídico que se contemple en la futura Ley de Agencias, cuya filosofía sintoniza con los elementos de referencia considerados, tales como la flexibilidad en materia de personal y presupuestaria y la participación de comunidades autónomas y corporaciones locales.
- Funcionamiento: Contrato de Gestión que mantenga cierta independencia respecto al ciclo político y legislativo, en el que el rigor en la definición y aplicación de metodologías venga acompañado de criterios éticos exigentes y de la máxima transparencia y publicidad respecto de sus acciones e informes institucionales.
- Órganos rectores básicos: Presidente Ejecutivo, Consejo Institucional y Consejo Rector.
- Reducido número de funcionarios, con alto nivel de conocimientos especializados y habilidades para liderar equipos.
- Posibilidad de obtener ingresos, en virtud de convenios o disposiciones legales, de otras administraciones e instituciones públicas y privadas.
- Capacidad para participar en sociedades o entidades cuyo objeto sea acorde con los fines de la Agencia.
- Facilidad para contratar proyectos de investigación y de evaluación específica.
- Posibilidad de dotación de un fondo estatal para el desarrollo de la evaluación.