Samuel Ruíz presidió la toma de posesión del secretario general de la Delegación del Gobierno en Cantabria

José Miguel Tolosa, presta juramento en presencia del Delegado del Gobierno, Samuel Ruíz

08/05/2012

José Miguel Tolosa Polo ha desempeñado diversos puestos de responsabilidad en la Administración General del Estado en Cantabria


El delegado del Gobierno en Cantabria, Samuel Ruiz, presidió el acto de toma de posesión de José Miguel Tolosa Polo como nuevo secretario general de la Delegación.
Al Secretario General de la Delegación del Gobierno le corresponde, entre otras, la dirección de sus servicios comunes, de los servicios encargados de las relaciones con otras Administraciones Públicas y con los ciudadanos y de las unidades responsables en materia de derechos ciudadanos, procesos electorales, autorizaciones administrativas y protección civil.
José Miguel Tolosa Polo es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza y desde 1987 pertenece a la Escala Superior de Técnicos de Tráfico.
Entre los años 1987 y 2012 ha desempeñado diversos puestos de responsabilidad en las áreas jurídicas de las Jefaturas Provinciales de Tráfico de Barcelona, Zaragoza y Cantabria.
En el periodo comprendido entre septiembre de 2003 y mayo de 2008 desempeñó el puesto de Jefe de la Oficina de Extranjeros de la Delegación del Gobierno en Cantabria, coordinando bajo su dirección toda la tramitación de los expedientes correspondientes a autorizaciones de trabajo y residencia y autorizaciones de residencia, expedientes sancionadores y de expulsión, solicitudes de asilo y, en general, todas aquellas funciones relativas a las situaciones administrativas que afectan a los ciudadanos extranjeros en España.
Desde el año 2000, y mientras ha estado destinado en la Jefatura Provincial de Tráfico de Cantabria, ha sido habilitado por la Dirección General del Servicio Jurídico del Ministerio de Justicia como Abogado sustituto del Abogado del Estado en el Servicio Jurídico del Estado en Cantabria, teniendo encomendada la defensa jurídica de los intereses del Estado en todos aquellos procedimientos contencioso administrativos entablados frente a las resoluciones sancionadoras en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial.