Sobre la solicitud de devolución de los expedientes judiciales de la posguerra trasladados a Madrid en enero de 2009
21/07/2010
Sobre la solicitud de devolución de los expedientes judiciales de la posguerra trasladados a Madrid en enero de 2009
En relación a las declaraciones de la Consellera de Cultura de la Generalitat Valenciana, Trinidad Miró, reclamando la devolución de los expedientes judiciales de la posguerra trasladados a Madrid, es necesario hacer algunas consideraciones:
- Los referidos expedientes judiciales se generaron en los diferentes juzgados y tribunales que componían la jurisdicción militar de la posguerra. Estos documentos se conservaron en el ámbito de los tribunales militares hasta nuestros días, con independencia de los sucesivos cambios de estructura u organización de los mismos.
- En la actualidad, el responsable legal de esta documentación judicial es el Tribunal Militar Territorial 1º, cuya presidencia está en Madrid y cuyo ámbito territorial se extiende por las Comunidades Autónomas de Extremadura, Castilla la Mancha, Madrid, Comunitat Valenciana y Murcia.
- En ningún caso, esta documentación ha sido generada por los Ayuntamientos de Alicante, Castellón o Valencia, ni por las corporaciones locales de esas provincias, ni por personas físicas o jurídicas de la actual Comunitat Valenciana.
- La presencia en depósito, durante años, de estos expedientes judiciales en locales de las Subdelegaciones de Defensa de Alicante y Castellón y en la Capitanía General y Gobierno Militar de Valencia es circunstancial, debido a la escasez de espacio disponible por el Tribunal Militar Territorial 1º para custodiarlos directamente. Por ello ha tenido que apoyarse en instalaciones militares existentes en las distintas provincias, que nunca han reunido las adecuadas condiciones archivísticas de conservación.
- La Generalitat Valenciana no ha mostrado, con anterioridad a la fecha del traslado, interés alguno para mejorar el estado de conservación de estos fondos documentales, ni facilitar el acceso a los ciudadanos, ni siquiera cuando en marzo de 2007, en respuesta a la pregunta parlamentaria efectuada por Isaura Navarro (GIU-ICV) el Gobierno anunció su intención de trasladar esta documentación a las instalaciones del Paseo de Moret, de Madrid. En esta línea la consellera se ha limitado a criticar al Gobierno de España sin ofrecer ninguna solución para la custodia adecuada de estos documentos
- Con el traslado de estos fondos a las instalaciones archivísticas del Ministerio de Defensa en Madrid, se ha proporcionado un tratamiento archivístico profesional: se ha iniciado un proceso de digitalización e incluso se han realizado tareas de restauración de expedientes sensibles. Además se ha dotado a los expedientes judiciales de unas condiciones de conservación adecuadas.
- Muestra de este trabajo y voluntad del Gobierno es que los expedientes procedentes de Castellón ya están digitalizados en su totalidad y hay una copia en la Subdelegación de Defensa de Castellón accesible a todo aquel que desee consultarla.
A modo de conclusión, no existe ninguna duda, de que los expedientes judiciales generados por la jurisdicción militar, constituyen parte del patrimonio documental militar que, a su vez, es parte del patrimonio histórico español, lo que obliga al Ministerio de Defensa, por Ley, a protegerlo, mantenerlo y conservarlo en las condiciones más adecuadas.
Las nuevas tecnologías permiten disponer de reproducciones de altísima calidad, que en el caso del patrimonio documental ayudan a disminuir al máximo la manipulación física de los originales, única manera de garantizar una adecuada conservación. Ese es el objetivo que debe perseguirse entre todas las administraciones.
Por último, no puede obviarse, que estos fondos documentales están afectados directamente por la Ley 52/2007, de 17 de noviembre, conocida como de la “Memoria Histórica”.