Conferencia de la delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, en los desayunos informativos de Europa Press

13/05/2013

 

I.- SITUACIÓN ACTUAL

España está afrontando una de las mayores crisis de su historia. Una crisis que se ha abordado de dos formas diferentes, e incluso contrapuestas.

Inicialmente, y durante un periodo demasiado largo, el Gobierno socialista negó su existencia, optó por la pasividad como política, y casi llegó a proscribir de facto la propia palabra crisis.

Tras las elecciones del 20 de noviembre de 2011, el Gobierno del Partido Popular, con el respaldo de casi 11 millones de españoles, asumió el compromiso de plantar cara a la crisis y desarrollar, por fin, políticas efectivas que permitieran hacer frente a una realidad, que el conocimiento de los verdaderos datos de la situación socioeconómica de España, mostró como mucho más grave de lo previsto.

El Gobierno de Mariano Rajoy se vio obligado, por ello, a ajustar su programa a una realidad que había sido maquillada por el Gobierno Socialista, enfrentándose así a un escenario todavía más complejo de lo que cabía esperar. Y tuvo que adoptar medidas políticas, económicas y sociales, imprescindibles para promover cambios estructurales que sean capaces de potenciar nuestra competitividad y de generar empleo a medio plazo.

Se trata de un ejercicio de responsabilidad que ha hecho necesario asumir el coste político que otros prefirieron esquivar, pero que resultaba ineludible para el Gobierno si quería afrontar de forma decidida un proceso de deterioro económico y social sin precedentes.

No es preciso que haga especial hincapié en que, dentro de este proceso, el paro, los desahucios y la corrupción constituyen tres de los más graves problemas que está viviendo hoy España, y que generan notable contestación y conflictividad social.

El paro no sólo supone la muestra más evidente de la crisis que afecta al sector productivo, sino un drama para todos y cada uno de los hombres y mujeres, mayores y jóvenes, que se encuentran en situación de desempleo.

El paro rompe proyectos de vida, destruye familias, trunca esperanzas de futuro, desestabiliza a quien lo sufre y, como consecuencia de todo ello, hace perder la fe en la política como sistema para afrontar con eficacia los problemas colectivos, y en los políticos como representantes legítimos de los ciudadanos.

Uno de los efectos más demoledores del paro son los desahucios, que dejan a muchas familias sin hogar, provocando un auténtico drama no sólo a nivel individual, sino también social.

La pérdida de la vivienda constituye, sin duda, una de las peores situaciones a las que una persona puede hacer frente, lo que genera desesperanza y crispación.

Esta crispación se ve agravada, sin duda, por el mayor fraude que puede cometer un político o un gestor ante los ciudadanos: la corrupción. Porque la corrupción no sólo es un delito desde el punto de vista jurídico, ni una actitud reprochable desde el punto de vista moral.

La corrupción, la gestión de lo público en beneficio privado, la desviación del interés colectivo hacia el interés personal es, por encima de todo, la mayor perversión del sistema democrático. Genera desconfianza, desilusión y, en definitiva, rechazo, sea cual sea el partido político, sindicato, entidad o institución pública o privada a la que pertenezca quien lleve a cabo este comportamiento. Los resultados de la última encuesta del CIS lo dejan muy claro.

Nunca, pero especialmente cuando el político pide sacrificios extraordinarios a los ciudadanos, puede existir el menor atisbo de duda respecto a su honradez. Es esencial que el político no sólo tenga autoridad legal, sino también autoridad moral, porque es difícil pedir a los demás que cumplan con sus obligaciones en los actuales momentos de crisis, si uno mismo incumple las propias.
 

 

Gestión política y honradez deben ser caras de una misma moneda. Es imprescindible que todos los partidos e instituciones apliquen el principio de “tolerancia cero” contra la corrupción, adoptando medidas inmediatas ante determinadas conductas no sólo cuando se vulnere explícitamente la ley, sino también cuando se atente de manera sutil contra la ética política mediante comportamientos moralmente reprochables. Todo el peso de la ley, debe recaer sobre los corruptos.

Tengo que decir al respecto, sin embargo, que la inmensa mayoría de quienes desempeñan una función política lo hacen honradamente y por su vocación de servicio público, sea cual sea el partido al que pertenezcan, y esta realidad no puede ser empañada por casos aislados, aunque estos casos provoquen una gran alarma social.

Partiendo de estos criterios, el Gobierno del Partido Popular está impulsando de manera simultánea un proceso de reformas y de regeneración democrática, para hacer frente al drama del paro y los desahucios, y para prevenir y erradicar cualquier atisbo de corrupción.

Buena muestra de ello son las iniciativas orientadas a reactivar la economía, potenciar la transparencia o proteger a los deudores hipotecarios, medida ésta para luchar contra el drama de los desahucios. Son iniciativas que contrastan vivamente con las adoptadas por el Partido Socialista cuando ejerció responsabilidades de Gobierno, periodo en el que puso en marcha el desahucio exprés, creó nuevos juzgados para agilizar este tipo de acciones y rechazó reiteradamente la dación en pago. Ha sido, sin embargo, el Gobierno del Partido Popular el único que ha puesto en marcha medidas para hacer frente al drama de los desahucios, cuyos procesos se iniciaron en su mayoría durante el mandato socialista.

La situación, sin duda, es difícil. Muchos ciudadanos lo están pasando mal, pero el Gobierno está tomando medidas para salir de la crisis, por muy duras que sean. Medidas incluso contrarias a nuestro programa electoral. Pero todas ellas suponen un ejercicio de responsabilidad frente a políticas cortoplacistas y erráticas, que no sólo fueron ineficaces frente al desempleo, sino que situaron a España al borde del temido rescate y de la ruina total. Nuestro Gobierno lleva un año desarrollando políticas

 

reformistas de carácter estructural que, desde una visión de Estado, anteponen España a los intereses partidistas, han alejado el peligro del rescate, y están sentando las bases para reactivar la economía y reducir el desempleo a medio plazo.

Habrá, desde luego, que seguir trabajando desde el Gobierno con tres objetivos prioritarios. En primer lugar, la búsqueda del mayor consenso posible para hacer frente a una crisis sin precedentes; en segundo lugar, profundizar en la reforma de las administraciones evitando duplicidades y racionalizando el gasto público; y, en tercer lugar, avanzar en el reequilibrio económico y social para evitar insostenibles situaciones de agravio entre los que tienen mucho y los que no tienen ni lo más esencial.

No contribuye a luchar contra la crisis, sin embargo, el intento de ruptura por parte de la Oposición de los tres grandes consensos que hicieron posible la Transición política, y que ahora vuelven a aparecer como imprescindibles para superar la difícil Transición económica que vivimos.

Me estoy refiriendo al consenso sobre forma política del Estado, modelo territorial y reglas de funcionamiento del sistema democrático. Tres factores que fundamentan la Constitución Española de 1978, y que son la base de nuestra convivencia desde hace 34 años.

Muy lejos de estos consensos, algunos partidos políticos abogan ahora por una III República, defienden modelos federales o procesos independentistas que ponen en peligro la unidad nacional, y vulneran las reglas de juego democrático legitimando las acciones de aquellos que pretenden suplantar la representatividad o condicionar las decisiones de quienes han sido elegidos libremente por los ciudadanos. Olvidan con demasiada facilidad que los partidos, como dice la Constitución Española, “concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política”.

Se trata de actitudes, todas ellas, que contribuyen a arrojar inestabilidad política, y a incrementar la inestabilidad económica por efecto del debilitamiento de nuestra imagen internacional.

En este marco político y socioeconómico, los movimientos sociales han emergido con fuerza, unas veces de manera espontánea, como contestación a la crisis y a las medidas para afrontarla, y como repulsa ante las contradicciones, desequilibrios e injusticias del sistema; y, otras veces, alentados desde organizaciones políticas que pretenden ganar en la calle lo que perdieron en las urnas. Aunque ello suponga incurrir en sonrojantes contradicciones porque, al parecer, todo vale. Y me estoy refiriendo tanto al Partido Socialista como a Izquierda Unida.

II.- EL 15-M Y OTROS MOVIMIENTOS SOCIALES

A lo largo de este mes se está conmemorando con actos de diverso tipo el segundo aniversario del Movimiento 15-M, que se dio a conocer el 15 de mayo de 2011, y aglutinó entonces el descontento de muchos ciudadanos y el requerimiento de llevar a cabo determinados cambios en el sistema, configurando el colectivo de los llamados “indignados”.

Un colectivo que, si tenemos en cuenta el lema de la manifestación que se celebró ayer en Madrid, con motivo de su segundo aniversario, ha evolucionado hacia posiciones más radicales, según parece desprenderse del llamamiento a esta concentración, que es “De la indignación a la rebelión: Escrache al sistema”.

El 15-M ha sido un movimiento pionero que supuso una fuerte crítica al sistema, compartida en mayor o menor medida por muchos ciudadanos, participantes o no, en las manifestaciones y asambleas organizadas por sus promotores. Un movimiento que constituyó el punto de partida de muchas otras iniciativas de carácter reivindicativo que han tenido la calle como principal escenario.

Partiendo de esta intensa actividad de los movimientos sociales ante la situación de crisis económica, debemos considerar que una democracia representativa, como es la española, se nutre de las propuestas nacidas en el seno de los partidos políticos ya establecidos, pero también debe ser receptiva a los planteamientos que formulan los ciudadanos a través de los movimientos sociales, cuando siguen los cauces legales y se plantean reivindicaciones legítimas y posibles.
 

 

En la propia esencia de nuestra democracia radican, precisamente, mecanismos para trasladar inquietudes y propuestas al Gobierno y a los partidos políticos, entre ellas, y de manera singular, el derecho de reunión y manifestación. Un derecho protegido constitucionalmente, pero cuyo ejercicio no ampara manifestaciones que no sean pacíficas; actuaciones orientadas a desestabilizar las instituciones representativas en forma de rodeos o asedios al Congreso, ni debería extenderse a coacciones, persecuciones, hostigamientos y amenazas con el fin de torcer la voluntad de los legítimos representantes políticos.

La reciente manifestación del 25 de abril, convocada bajo el lema “Asedia el Congreso”, ha sido una muestra patente de la madurez del pueblo español, que no ha querido mostrar su apoyo a una iniciativa de carácter violento, desde el convencimiento de que la violencia no es la solución. La violencia, ya sea física, psicológica o moral, es incompatible con un Estado de Derecho, supone un problema añadido que sólo contribuye a agravar los graves problemas que ya tenemos, y deslegitima las reivindicaciones de quienes la ejercen.

A lo largo de los dos años transcurridos desde su nacimiento, podemos ver que algunas de las propuestas del 15-M y otros movimientos sociales que en un principio parecían utópicas, han pasado a formar parte de la agenda de los propios partidos políticos. Y es lógico que sea así, porque la democracia y las instituciones en las que se materializa, deben tratar en la medida de lo posible de ser permeables a las propuestas de los ciudadanos, contribuyendo así a evitar la existencia de una brecha insalvable entre la calle, los partidos y el Parlamento.

Todos ellos –los partidos, el Parlamento y los movimientos sociales que ejercen su derecho a la libertad de expresión manifestándose en las calles- son piezas imprescindibles de una democracia viva y elementos esenciales para la convivencia en libertad. Porque ni todas las propuestas que formulan estos movimientos son rechazables y deben ser estigmatizadas por su origen, ni todas, por supuesto, pueden ser asumidas de manera directa e inmediata.

No hay que olvidar, en este sentido, que los movimientos sociales pueden contribuir con sus iniciativas y propuestas a transformar el sistema. Pero deben hacerlo mediante los representantes legítimamente elegidos a través de los partidos políticos, y utilizando los mecanismos legales que existen para ello, como las iniciativas legislativas populares. No hay que olvidar que los movimientos sociales pueden tratar de conformar la voluntad del Parlamento y del Gobierno, pero no son ni pueden sustituir a las instituciones democráticamente elegidas con el voto de los ciudadanos.


III. DERECHO DE REUNIÓN

A día de hoy, una de las principales herramientas que utilizan los ciudadanos, organizaciones y movimientos sociales para trasladar sus protestas e inquietudes a la colectividad, es la manifestación pública. Así lo hizo el 15-M en 2011, volvió a hacerlo en 2012, y lo está haciendo también este año a lo largo del mes de mayo, no sólo con la concentración de ayer, sino también con otras manifestaciones y actos reivindicativos programados para los próximos días en numerosas calles y plazas de Madrid, algunas de ellas muy emblemáticas para este movimiento.

El sistema democrático, cuyos defectos critican con vehemencia muchos de los movimientos ciudadanos en sus concentraciones y manifestaciones, garantiza plenamente el Derecho de Reunión como una de las formas en las que se materializa la libertad de expresión, incluso para aquellos que no plantean la reforma, sino la eliminación del propio sistema. Ahí radica, en gran medida, la grandeza de la democracia, y uno de los principales rasgos que la diferencian de los sistemas totalitarios.

Debemos, sin embargo, recordar una vez más algunos de los elementos definidores del Derecho de Reunión.

Un derecho que, como saben, está recogido en la Constitución Española dentro del Título I dedicado a los “Derechos y Deberes fundamentales”. Y subrayo ambos conceptos: derechos y deberes, porque en más de una ocasión se olvida el segundo de los vocablos.

El artículo 21 de la Constitución, en su apartado 1, recoge expresamente que “se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas” y que “el ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa”. Hasta aquí el capítulo de derechos. Pero seguidamente, en el apartado 2, y exactamente al mismo nivel, se especifican también los deberes, señalando que “en los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que solo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes”.

Partiendo de este marco jurídico, tengo que hacer tres consideraciones respecto al ejercicio del Derecho de Reunión:

En primer lugar, que el Derecho de Reunión, al igual que los demás derechos fundamentales, no es ilimitado. Está sujeto a los límites establecidos en el artículo 21.2 de la Constitución (es decir, alteración del orden público con peligro para personas o bienes). Y también a los límites que vienen impuestos por la necesidad de evitar que su ejercicio entre en colisión con otros valores constitucionales, algo que sería imposible si este derecho se ejerciera sin comunicación previa, y en un espacio y durante un tiempo que no hayan sido concretados con anterioridad.

Hay que dejar claro, en este sentido, que no tienen cabida en el ámbito del Derecho de Reunión, no cuentan con el amparo de la ley, y están expresamente prohibidas por la Ordenanza Municipal, las acampadas en cualquier zona de Madrid con ocasión de concentraciones o manifestaciones, por lo que no serán permitidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en ningún lugar de la ciudad. En Madrid, no se acampa fuera de las zonas habilitadas legalmente para ello.

El segundo lugar, tengo que decir que si las manifestaciones hay que comunicarlas previamente, de acuerdo con el requisito constitucional, es para minimizar la incidencia de estos actos en la vida de una gran ciudad como Madrid, con más de tres millones de habitantes, y una intensa actividad económica y social en sus calles.
 

 

Desde la Delegación del Gobierno hemos efectuado reiterados llamamientos al Movimiento 15-M para dialogar de manera directa de cara a la organización de sus distintas manifestaciones, sin que haya sido posible hacerlo ante la ausencia de portavoces autorizados. Sería deseable, en este sentido, que los que se alzan como críticos permanentes de quienes vulneran las leyes, ejercieran el derecho de reunión cumpliendo a su vez todos los requisitos legales.

En tercer lugar, tengo que destacar que, cumplidos los requisitos legales es precisamente la Delegación del Gobierno la que garantiza el Derecho de Reunión, y la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad es la de velar porque su ejercicio se lleve a cabo libre de cortapisas o coacciones de ningún tipo. En su caso, la actuación policial se limitará a restablecer la normalidad de la vida ciudadana, en el supuesto de que se vea alterada, siendo sus principios rectores la adecuación de los medios a los fines, la proporcionalidad de las actuaciones y la garantía de los derechos ciudadanos.

Buena muestra del carácter garantista de la Administración en lo que se refiere al ejercicio del Derecho de Reunión es que en 2012 se alcanzó en Madrid la cifra récord de 3.419 manifestaciones celebradas, lo que supone un incremento del 74% respecto a 2011. El presente año, las cifras se han multiplicado aún más: hasta el 1 de mayo de 2013, se han celebrado 1.628 manifestaciones, más del doble que en igual periodo de 2012, en que hubo 791.

Si una manifestación se lleva a cabo de acuerdo con la ley y pacíficamente, se puede celebrar siempre. Se trata de requisitos indispensables para minimizar la incidencia sobre la vida ciudadana, y contribuir al mantenimiento del orden público en una gran capital como Madrid.

IV. SEGURIDAD Y COMPETITIVIDAD

Quiero finalizar haciendo una referencia a la importancia de la seguridad ciudadana como factor que puede contribuir a reforzar nuestra competitividad y, consecuentemente, a salir de la crisis.

Madrid es una ciudad segura, y así lo acreditan las estadísticas recientemente publicadas por el Ministerio del Interior, en las que se refleja un descenso de las infracciones penales del 2´8% durante el primer trimestre del año. Tengo que felicitar expresamente, por ello, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por el extraordinario trabajo que realizan y la profesionalidad con la que lo llevan a cabo. No en vano la Guardia Civil y la Policía Nacional son dos de las instituciones más valoradas y que mayor confianza merecen a los ciudadanos, según los últimos datos del CIS.

La seguridad no es un concepto abstracto, sino un factor que contribuye a diferenciar a una ciudad, y que tienen muy presentes los organismos internacionales a la hora de adjudicar la celebración de un gran evento, como las Olimpiadas; las grandes empresas en el momento de decidir su ubicación; los inversores cuando deciden apostar por un proyecto, y los turistas cuando planifican sus visitas.

Cada una de estas decisiones genera grandes volúmenes de inversión y de ellas dependen miles de empleos.

Partiendo de esta realidad, si existe un elemento definidor del grado de desarrollo de una sociedad y un referente esencial de sus niveles de convivencia, no cabe duda de que uno de los más relevantes es el de la seguridad:

La seguridad es competitividad, porque un mayor o menor índice de delincuencia incrementa o disminuye el atractivo de una ciudad como destino turístico e inversor.

La seguridad es economía, porque de ella depende que las empresas y servicios puedan funcionar adecuadamente y cumplir sus objetivos.

La seguridad es empleo, porque muchos puestos de trabajo dependen de que el clima social permita mantener en funcionamiento las empresas y generar inversión productiva.

La seguridad es participación, porque sólo la suma de esfuerzos de todas las instituciones y sectores sociales puede contribuir a que se alcancen niveles adecuados de convivencia.

La seguridad es imagen de marca, porque la existencia de elevados índices de delincuencia o de reiterados incidentes en forma de contenedores incendiados, barricadas en las calles o mobiliario urbano destruido, alcanzan un eco inmediato en los medios internacionales y causan un grave perjuicio a la confianza en nuestro país.

La seguridad es calidad de vida y, por encima de todo, un concepto indesligable de la libertad. Seguridad y libertad son dos caras de la misma moneda. Porque si los ciudadanos están y se sienten seguros, podrán disfrutar con tranquilidad tanto del espacio público como del privado, y ejercer los derechos y libertades existentes en el marco de una sociedad democrática.

La seguridad es, por todo ello, un activo de extraordinario valor para Madrid, que contribuye decididamente a que los ciudadanos puedan vivir y convivir en libertad.

Permítanme que haga una última reflexión. A lo largo de la historia, algunos sistemas políticos, afortunadamente ya superados, fueron capaces de satisfacer las principales necesidades básicas de los ciudadanos, pero fue a costa de la libertad.

Desde el Partido Popular, somos conscientes de que España vive tiempos difíciles que deben estar presididos por la búsqueda del consenso, la unidad, la solidaridad, el reequilibrio social y las profundas reformas, para garantizar no sólo la libertad que hace posible el sistema democrático, sino también los derechos sociales básicos sin los cuales resulta imposible disfrutar plenamente de esta libertad.

 

Alcanzar los máximos niveles de libertad y derechos sociales constituye un objetivo irrenunciable en el que deben prevalecer los intereses de España sobre los intereses partidistas. Nos jugamos mucho: nuestro futuro como nación y el de las próximas generaciones. Y para alcanzar esta meta todos –Gobierno, oposición y movimientos sociales- debemos sumar nuestros esfuerzos, porque todos somos España.

Muchas gracias.