Delegación impugna el convenio firmado entre los ayuntamientos de Rivas-Vaciamadrid y Madrid
31/05/2017
En los próximos días se impugnará ante el contencioso-administrativo
- El acuerdo firmado entre los dos consistorios es contrario a lo establecido en el artículo 51.3 de la Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, donde sólo se autoriza la actuación de una policía local en otro término municipal en caso de emergencia y por previo requerimiento de las autoridades competentes.
- En la Junta Local de Seguridad de Rivas-Vaciamadrid del pasado 27 de febrero, el representante de la Delegación y la Guardia Civil, emplazaron a no firmar el convenio al no ajustarse a la legalidad.
Madrid, 31 de mayo de 2017.- La Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid va a impugnar el Convenio de Colaboración para combatir infracciones en la Cañada Real, firmado entre los ayuntamientos de Madrid y Rivas-Vaciamadrid, en el que se autorizan recíprocamente a que sus policías locales actúen fuera del ámbito de su municipio. El acuerdo firmado entre los dos consistorios es contrario a lo establecido en el artículo 51.3 de la Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, donde sólo se autoriza la actuación de una policía local en otro término municipal en caso de emergencia y por previo requerimiento de las autoridades competentes. Además, el convenio tampoco se ajusta a la legislación autonómica, en concreto el artículo 27 de la Ley 4/1992, que establece la misma limitación territorial en la actuación de las policías locales.
Ya en la Junta Local de Seguridad del Ayuntamiento de Rivas, celebrada el pasado 27 de febrero, el representante de esta Delegación y la Guardia Civil, emplazan al Alcalde de la localidad a no firmar el convenio al no ajustarse a la legalidad, tal y como se recoge en las actas de dicha reunión. A pesar de ello, el convenio fue ratificado por la Alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y el Alcalde de Rivas-Vaciamadrid, Pedro del Cura, el pasado 5 de abril.
Como consecuencia de la firma del acuerdo, la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid, con el informe de la Abogacía del Estado, va a proceder a la impugnación del convenio firmado entre los dos municipios, ya que no se ajusta a la legalidad, tal y como recoge un informe del Ministerio del Interior.