El Cuerpo Nacional de Policía desarticula en San Sebastián una red dedicada a la explotación de trabajadores.
28/01/2008
§ En la Operación han sido detenidas 14 personas, once de ellas de origen paquistaní.
§ Se han intervenido tres automóviles, una furgoneta-bus y 2350 €
25 de enero de 2008. Funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía de San Sebastián pertenecientes a la Brigada Provincial de Extranjería y Documentación y dedicados a la prevención, detección, investigación y desarticulación de redes delictivas organizadas dedicadas al tráfico de personas, inmigración ilegal y otros delitos contra los trabajadores, han procedido a la desarticulación de una red de explotación de trabajadores extranjeros que, de forma organizada y sin la debida autorización, empleaban a trabajadores en situación irregular en España.
Las investigaciones se iniciaron el pasado mes de octubre al tener conocimiento de la existencia de una supuesta red organizada dedicada a la explotación de trabajadores. Con los datos que obraban en poder de los funcionarios se intensificó la vigilancia y control de obras civiles en construcción, detectándose así en el mes de diciembre la presencia de estos ciudadanos en una obra de un hotel en construcción situada entre las calles Sagrada Familia y Sancho el Sabio de la capital donostiarra. Paralelamente, se iniciaron gestiones para la identificación total de las personas que se dedicaban al transporte y control de los trabajadores ilegales en los lugares de trabajo.
Una vez hechas las comprobaciones oportunas y con los medios de prueba necesarios, se estableció el oportuno dispositivo policial procediéndose a la detención el pasado día 23 de las siguientes personas:
Detenidos a disposición judicial:
MUDASSAR N.-
MUDASSAR I.
NASIR M.
MUHAMMAD A.
JUAN CARLOS C. C.
A estos detenidos se les imputa un delito contra los derechos de los trabajadores, trafico ilegal de mano de obra y contra los derechos de los trabajadores extranjeros.
Por estancia irregular:
MAJID M.
ANAYAT K.
SHAID L.
MUHAMMAD A.,
MUHTAR H.,
EHSAN A.
MUHAMMAD S.
Por colaboración con los responsables de la red:
LUCIANO H. M.
ANGEL B. T.
De la información en poder de los investigadores se pudo determinar que Mudassar I. era quien controlaba a los trabajadores con el apoyo y la colaboración de los otros detenidos. Para ello disponía de una empresa debidamente registrada y que era utilizada como “tapadera” para emplear a ciudadanos de su misma nacionalidad en la mayor parte de los casos, sin la debida documentación ni autorización para trabajar en España.
Tal “modus operandi” no hace, a juicio de los investigadores, sino encontrarnos ante un modelo de red organizada de explotación de trabajadores provenientes de terceros países y esencialmente de Pakistán, quienes en la mayor parte de las ocasiones son sometidos de forma coactiva al ejercicio de un trabajo escasamente remunerado con la finalidad, no sólo de recuperar las ganancias invertidas en su ingreso en España, sino también con la rotación y explotación en distintas obras a modo de circuito.
Dentro de la organización existen diversos grados de responsabilidad que van, desde la captación en origen a la introducción en España, su recogida y transporte a la provincia donde se hará cargo el responsable de la red y ficticio empleador.
La explotación laboral tiene como única finalidad obtener un beneficio económico de forma estable y permanente, todo ello en un marco de clandestinidad y coacción que hace muy difícil penetrar en el mecanismo real de dicha actuación delictiva organizada.
La utilización de mano de obra extranjera en situación irregular es práctica habitual de algunos empresarios. Dichos empleadores no realizan contratos ni dan de alta a estos ciudadanos, lo que les supone mayores beneficios económicos, puesto que, abusando de las precarias condiciones en las que se encuentran estos extranjeros irregulares, se les posibilita ofertar la realización de servicios a un menor coste que otras empresas del ramo, pagando sueldos por debajo de lo establecido en los convenios sectoriales. Además, economizan costes al no darles de alta en la Seguridad Social, evaden el pago de impuestos a Hacienda y, lo más reseñable, no existe ningún tipo de cobertura legal, laboral y socio-sanitaria para con los trabajadores dado que no facilitan contrato alguno.