Según informa la Delegación del Gobierno en el País Vasco.

El Cuerpo Nacional de Policía desarticula en Bilbao una organización que estafaba a ciudadanos extranjeros.

12/09/2008

§ La red estaba integrada por cuatro ciudadanos españoles que exigían entre 1.200 y 1500 euros a cada uno de los mas de cien ciudadanos estafados.
 
      Miembros del Cuerpo Nacional de Policía, adscritos a la Brigada de Extranjería de Bilbao, han procedido en los últimos días a la desarticulación de un grupo organizado dedicado a estafar a ciudadanos extranjeros y compuesto por cuatro personas, identificadas como Emilio G. R. de 62 años, María Carmen F.G. de 40 años, Francisco S. M. de 38 y Jaime F. DE A. M. de 41.Las investigaciones se iniciaron durante el pasado mes de julio a partir de la denuncia presentada en dependencias policiales por una ciudadana extranjera.
 
Fruto de las investigaciones se ha podido acreditar la actividad fraudulenta llevada a cabo por estas personas y de la que habrían sido víctimas o perjudicados más de un centenar de ciudadanos extranjeros.
 
Los ahora detenidos hacían creer a los afectados que mediante el pago de una cantidad de dinero, que oscilaba entre los mil doscientos y los mil quinientos euros por persona, y entregados a cambio de un contrato de trabajo, familiares o amigos de los mismos que se encontraban en sus países de origen podrían acceder al territorio nacional una vez obtenida la correspondiente autorización de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena. La contratación de ciudadanos extranjeros no residentes se debía realizar en origen.
 
Los afectados por los hechos denunciados no eran precisamente las personas, residentes en el extranjero, a cuyo nombre se habían realizado las ofertas de trabajo y presentado las correspondientes solicitudes de autorización de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena, sino sus familiares y amigos residentes en España que, precisamente para mejorar la situación económica de aquellos, efectuaron un pago a favor de los responsables de los hechos en la creencia de que, de esa manera, se podría obtener una autorización de residencia, en base a un previo contrato de trabajo que les permitiría acceder al territorio nacional.
 
Así mismo, los detenidos trataban de revestir su actuación de legalidad ante los ciudadanos extranjeros mediante la presentación de una solicitud de autorización de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena ante la Administración unida a una oferta de trabajo presentada por una empresa (con actividades totalmente legales pero ajenas por completo a este tipo de actividad delictiva) y a nombre de los interesados, entregando copia de las mismas a los perjudicados para que confiaran en sus actuaciones, acreditando de esta forma ante ellos su diligencia y buen hacer en las tramitaciones.
 
Tras las denegaciones de las autorizaciones y ante las primeras quejas y demandas de los perjudicados, los detenidos se preocupaban de presentar en muchos casos una nueva solicitud con una nueva oferta de trabajo, indicando a los perjudicados la necesidad de esperar un nuevo plazo para que se resolviera la misma.
 
Los autores empleaban desde el principio el engaño como mecanismo para la obtención del dinero por parte de los ciudadanos extranjeros, habida cuenta que los mismos sabían o tenían conocimiento de que pese a la presentación de las solicitudes de autorización de residencia temporal y trabajo con las oportunas ofertas de trabajo, las resoluciones de las mismas serían denegadas, bien por falta de recursos económicos del empleador, bien por ausencia de una verdadera voluntad por parte del mismo para su contratación, bien porque la oferta de trabajo presentada no se adecuaba a la propia actividad de la empresa, no había una actividad de la empresa que justificara las ofertas o no se refería a una actividad de difícil cobertura y reseñada trimestralmente para cada provincia por el Servicio Público de Empleo Estatal.
   
María del Carmen F. G. letrada de profesión, se encuentra en la actualidad inhabilitada para el ejercicio de su cargo en virtud de condena judicial impuesta por hechos similares a los que han motivado la presente actuación policial. 
 
Jaime F. de A. M. posee antecedentes policiales por varias motivos, dándose la circunstancia que tenia decretada orden de alejamiento de la persona anteriormente citada Maria del Carmen. F. decretada por la autoridad judicial.  
 
Los detenidos, en unión de las diligencias instruidas han pasado a disposición judicial y los investigadores no descartan que existan otras personas implicadas en los hechos por lo que las gestiones y pesquisas policiales prosiguen su curso.