Crespo pide a la Junta que justifique los 24 millones de euros recibidos para pagar a dependientes “fallecidos”
17/01/2013
Responde a la consejera de Salud sobre el gasto en dependencia
La delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, ha pedido hoy a la consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, María Jesus Montero, que justifique los 24 millones de euros que la Junta recibió del IMSERSO entre 2007 y 2011 para financiar a 4.194 dependientes que, según ha dictaminado el Tribunal de Cuentas, no pudieron percibir las ayudas porque habían fallecido.
El Tribunal de Cuentas sostiene, en su último Informe de Fiscalización y gestión Económica y Financiera de la Ley de Dependencia, que se encuentra actualmente en periodo de alegaciones, que la Junta recibió a lo largo de esos cinco años transferencias por importe de 24.199.176 millones de euros para financiar la dependencia de 4.194 personas que, según se ha comprobado, habían fallecido.
“La Junta deberá justificar debidamente qué uso se ha hecho de esos fondos y si los ha devuelto o los va a devolver al IMSERSO, como establece el Tribunal de Cuentas” ha declarado Crespo.
“También deberán explicar en qué fallan los mecanismos de control de los beneficiarios de las ayudas públicas por parte de la Junta de Andalucía, ya que no es la primera vez que ocurre que no se justifican debidamente los fondos públicos transferidos por el Estado a la administración autonómica”.
Crespo ha destacado la importancia que el Gobierno de Rajoy concede a la protección de los más desfavorecidos y ha recordado que, a 30 de noviembre de 2012, el IMSERSO había transferido a la Junta de Andalucía un total de 345 millones de euros para financiar la Ley de Dependencia, de acuerdo con el nivel mínimo establecido por la propia ley.
A este respecto, ha pedido que “cese la confrontación” y ha lamentado “el continuo victimismo de que hace gala el Gobierno bipartito para intentar justificar sus problemas de gestión, intentando culpar de ellos al Gobierno de España”.
También ha recordado que “el actual reparto del gasto de la ley de dependencia -30 por ciento el Estado y 70 por ciento cada comunidad autónoma- se decidió con el anterior Gobierno, por lo que no nos puede culpar también por eso”.
“Andalucía recibe toda la financiación para dependencia que le corresponde por ley y si el importe no aumenta es, como ha puesto de manifiesto el Defensor del Pueblo andaluz, porque la Junta no da entrada a nuevos usuarios en el sistema”.
Crespo ha insistido en que el Gobierno no va a dejar sola a Andalucía a la hora de resolver sus problemas de financiación y ha pedido al Gobierno de Griñán que “ponga en marcha las reformas que Andalucía necesita para mejorar su administración, racionalizar el gasto público y hacer sostenibles los servicios esenciales”.