Los sindicatos rechazan las propuestas de Justicia y el descuento de salarios por huelga
07/03/2008
En la décima reunión de la mesa de negociación
- Desde que comenzó el conflicto, los representantes sindicales de los funcionarios no han variado su exigencia inicial
- Sin embargo, Justicia ha mejorado sus propuestas económicas, vinculadas a concretas condiciones de trabajo que mejoren el servicio público a los ciudadanos
- El Estatuto Básico del Empleado Público establece la obligatoriedad de la deducción de salarios a los ejercientes del derecho de huelga
Desde que comenzó la huelga, los líderes sindicales de los funcionarios no han variado su exigencia inicial (200 € de incremento mensual para cada trabajador desde el 1 de enero de 2008), a la que han añadido, además, la pretensión de que el Ministerio se comprometa a realizar planes de recuperación que compensen económicamente a los huelguistas por los días que no han trabajado, que ya son un mes y dos días.
Los sindicatos basan su reclamación de aumento en la equiparación con los trabajadores transferidos a las autonomías, que en general cobran más que los del Ministerio. Además, sustentan su demanda de que no se descuenten los haberes a los huelguistas en algún precedente, precisamente de comunidades autónomas.
Distintas ofertas de Justicia
El Ministerio, sin embargo, en el ánimo declarado de resolver el conflicto, ha ido formulando sucesivas ofertas de mejora del sueldo y las condiciones de trabajo de los funcionarios, con distintos contenidos, en cumplimiento de la obligación de negociar con la representación sindical y para mejorar el servicio público a su cargo.
Antes de que se iniciara la huelga, el Ministerio de Justicia propuso un incremento de 40 € mensuales en este ejercicio de 2008, y ofreció otro incremento de 140 euros más en 2009, hasta llegar en total a 180 euros mensuales de aumento salarial en dicho año, todo ello vinculado a la aceptación de compromisos sindicales de perfeccionamiento profesional.
En el transcurso de la huelga, iniciada el pasado 4 de febrero, Justicia ha ido proponiendo nuevas mejoras, aunque siempre condicionadas a la asunción de compromisos concretos por parte de los trabajadores. En primer lugar, el de asumir la extensión del uso de la informática y de internet en las oficinas judiciales y de aceptar la implantación de programas de control del absentismo, de control horario y de fomento de la puntualidad. Además, su compromiso en la reordenación o reestructuración de las oficinas judiciales que el Ministerio quiere llevar a cabo, y de contribuir a la implantación efectiva de los objetivos previstos en el Plan de Transparencia Judicial y en la Carta de Derechos de los ciudadanos ante la justicia.
Con la vinculación de incrementos salariales a un servicio público de mayor calidad, el Ministerio de Justicia pasó de ofrecer 40 € mensuales de aumento en 2008 a 60 euros, explicando a los sindicatos que los Presupuestos Generales del Estado y las leyes impiden a las administraciones públicas asumir compromisos sin cobertura presupuestaria. También agregó 50 € mensuales más, que se considerarían devengados en 2008 pero que serían pagaderos en una mensualidad extra o de atrasos a principios de 2009; finalmente, ofreció alcanzar los 180 euros de aumento total en abril de 2009.
El Ministerio de Justicia sigue queriendo que los sindicatos se comprometan al perfeccionamiento y uso de las herramientas informáticas, así como al compromiso de paz social o renuncia a nuevas demandas retributivas durante los próximos años.
Conviene recordar que a los funcionarios dependientes del Ministerio de Justicia se les ha incrementado, por término medio, un 20 por ciento el conjunto de sus retribuciones en esta legislatura.
Conversaciones ininterrumpidas
Todo ello ha sido objeto de las conversaciones ininterrumpidas que se han mantenido desde que se inició la huelga, pese a lo cual los sindicatos han reiterado, hoy mismo, sus exigencias iniciales.
En estas condiciones, el Ministerio cree que la posición sindical no es de negociación, sino de imposición de sus condiciones, a diferencia del Gobierno, que ha tratado de hallar fórmulas y propuestas de aproximación a las demandas sindicales.
La huelga se ha mantenido durante más de un mes, y los trabajadores que la han secundado han sido alrededor de un 40 por ciento de los 10.700 que dependen de Justicia, que a su vez son una cuarta parte, aproximadamente, del total del país, según los controles elaborados cotidianamente a partir de los datos procedentes de cada órgano judicial.
En otras Comunidades Autónomas
También ha habido huelga en las comunidades autónomas de Cantabria y de Valencia, aunque en ellas son las administraciones autonómicas las que gestionan los servicios judiciales y frente a las cuales se demandan mejoras por los sindicatos.
Esta tarde ha tenido lugar una nueva sesión de la mesa de negociación. En ella, la delegación del Ministerio, encabezada por la subsecretaria, y formada por varios directores y subdirectores generales, técnicos y asesores, ha condicionado las mejoras retributivas a llegar a un inmediato acuerdo que conlleve al fin de conflicto. En esta reunión los sindicatos han renunciado a continuar el diálogo y se han levantado de la mesa.
El Ministerio viene expresando su pesar y sus disculpas a los usuarios a los que la huelga ha causado trastornos, pese a los servicios mínimos, así como a los jueces y magistrados, secretarios, abogados y procuradores y otros demandantes de la administración de justicia, y comparte la preocupación expresada por las salas de gobierno de algunos órganos que han manifestado su preocupación.
Esta mañana, los secretarios judiciales de gobierno y los gerentes territoriales del Ministerio han mantenido una reunión para organizar los servicios necesarios con el fin de paliar los efectos de la huelga y tratar de alcanzar la recuperación de la normalidad tan pronto como sea posible.
Las inflexibles exigencias sindicales, por un lado sobre aumento de salarios y, por otro, para que no se descuente a los huelguistas los días dejados de trabajar son básicamente la causa de que no se pueda alcanzar un acuerdo para desconvocar la huelga de los funcionarios judiciales, según el Ministerio de Justicia, que dirige Mariano Fernández Bermejo.