Beatriz Corredor pone el acuerdo para la conversión del stock en viviendas protegidas en Castilla y León como ejemplo de consenso en beneficio de los ciudadanos
08/03/2010
Firma del acuerdo para la conversión en vivienda protegida del stock de Castilla y León
- El acuerdo desarrolla las medidas del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación y las iniciativas de la Junta de Castilla y León para favorecer la salida al mercado protegido del stock de viviendas en condiciones óptimas de precio y financiación
- Facilitará a más de 30.000 familias castellanas y leonesas el acceso a viviendas asequibles así como ayudas para su adquisición o alquiler
La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, ha puesto el acuerdo que hoy se ha firmado entre administraciones, asociaciones e instituciones del ámbito inmobiliario para la conversión del stock de Castilla y León en viviendas protegidas como ejemplo de los beneficios que el consenso aporta a los ciudadanos porque “cuando todos, incluidas administraciones públicas de distintos colores, trabajamos juntos, nuestras medidas son mucho más eficaces en beneficio de los ciudadanos a quienes nos debemos. Este acuerdo es un buen ejemplo y abre el camino. Estamos demostrando que sí es posible el consenso. Es un camino en el que merece la pena profundizar”
Beatriz Corredor ha firmado hoy, en presencia del presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, este acuerdo con la Consejería de Fomento, la Federación Regional de Municipios y Provincias, la Confederación Castellano y Leonesa de la Construcción, Entidades Financieras Colaboradoras, el Colegio de Notarios, el Decanato de Registradores y el Colegio de Gestores Administrativos de Castilla y León. El mismo facilitará la conversión en viviendas protegidas del stock de viviendas libres sin vender en Castilla y León, que según el informe del Ministerio de Vivienda se elevaba a 40.000 viviendas a finales de 2008, de las que 30.000 son susceptibles de calificarse como viviendas protegidas.
La ministra ha explicado que “el acuerdo desarrolla el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 (PEVR) y las iniciativas adoptadas por la Junta de Castilla y León en este sentido y reúne a todos los actores del sector inmobiliario para trasladar a los ciudadanos castellanos y leoneses un compromiso conjunto para facilitar la salida al mercado de este stock y para poner más viviendas accesibles a disposición de las familias en condiciones óptimas de precio y financiación”.
Entre los antecedentes de este acuerdo, Corredor ha citado las medidas transitorias del PEVR aprobadas en 2008 y ampliadas y prorrogadas para 2010. Entre ellas ha destacado que se ha extendido a más hogares, todos aquellos con rentas familiares de hasta 50.600 euros anuales, la ayuda para pagar la entrada de una vivienda protegida o la posibilidad de que cualquier persona física o jurídica pueda convertir una vivienda libre que no logra vender en protegida “naturalmente rebajando el precio hasta los límites determinados para cada régimen de protección”.
Reconversión del sector y rehabilitación
La ministra ha continuado diciendo que “nuestro objetivo además es ayudar a la reactivación del sector que va a seguir teniendo un peso importante en la economía española pero sin la desproporción del pasado Abordamos una auténtica reconversión del sector inmobiliario residencial y la rehabilitación es el eje de esa reconversión. Supone el paso de la construcción extensiva de viviendas nuevas a la recuperación intensiva de lo ya edificado. Y permitirá que miles de trabajadores puedan incorporarse a una actividad más especializada, con mayor valor añadido, que contribuya a incrementar su productividad”
La ministra ha continuado diciendo que “nuestro objetivo además es ayudar a la reactivación del sector que va a seguir teniendo un peso importante en la economía española pero sin la desproporción del pasado Abordamos una auténtica reconversión del sector inmobiliario residencial y la rehabilitación es el eje de esa reconversión. Supone el paso de la construcción extensiva de viviendas nuevas a la recuperación intensiva de lo ya edificado. Y permitirá que miles de trabajadores puedan incorporarse a una actividad más especializada, con mayor valor añadido, que contribuya a incrementar su productividad”
“Las empresas de la construcción residencial, incluidos los fabricantes de materiales y las empresas auxiliares y subcontratistas, que suponen el 73% del empleo del sector,-ha asegurado- tienen en la vivienda protegida, en compra o alquiler, y en la rehabilitación un campo inmenso de actividad; porque hablar de economía sostenible en la construcción es también hablar de mejorar las viviendas ya existentes para hacerlas más cómodas, más eficientes. Se trata de ahorrar en la factura de la luz y en calefacción; se trata de mejorar nuestra calidad de vida, cambiando las ventanas que dejan escapar el calor, sustituyendo la bañera por una ducha, modernizando las instalaciones eléctricas o la fontanería, poniendo un ascensor, mejorando el aislamiento de la fachada o colocando paneles solares o una caldera más eficiente”.
La ministra ha recordado que la rehabilitación y la renovación urbana siempre han sido una prioridad del Ministerio que ha ampliado y reforzado las ayudas a las mismas. “El siguiente paso es mejorar la fiscalidad de esta actividad y es lo que estamos haciendo, a través de la Estrategia de Economía Sostenible ahora mejorada en la propuesta del Gobierno para alcanzar un pacto con todas las fuerzas políticas sobre las bases de la recuperación económica, en el que planteamos bajar el IVA hasta el tipo reducido del 8% para todas las obras de rehabilitación y una desgravación extraordinaria en el IRPF por las reformas domésticas que tengan por objeto la rehabilitación energética, las instalaciones de suministros o la mejora de la accesibilidad”.
Viviendas objeto del acuerdo
Serán libres de nueva construcción, ubicadas en Castilla y León y con licencia de primera ocupación. Las mismas tendrán que cumplir los requisitos establecidos para ser calificadas como viviendas protegidas, especialmente en cuanto a superficie, calidades y precio que, tanto para venta como para alquiler, se limitará al precio máximo de vivienda protegida según los ámbitos municipales.
Serán libres de nueva construcción, ubicadas en Castilla y León y con licencia de primera ocupación. Las mismas tendrán que cumplir los requisitos establecidos para ser calificadas como viviendas protegidas, especialmente en cuanto a superficie, calidades y precio que, tanto para venta como para alquiler, se limitará al precio máximo de vivienda protegida según los ámbitos municipales.
Al menos el 25% de las viviendas ofertadas lo serán en régimen de alquiler o alquiler con opción de compra.
Compromisos de las partes
El Ministerio de Vivienda aportará los recursos económicos previstos en el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, autorizará la concesión de préstamos hipotecarios y ayudas económicas correspondientes e impulsará la línea ICO- Cobertura de Vivienda protegida por la que el Ministerio, con cargo a su presupuesto, comparte con bancos y cajas el 50% del riesgo de cada nueva hipoteca que concedan para la adquisición de viviendas protegidas. El Plan contempla ayudas para familias con ingresos anuales de hasta 50.600 euros anuales. En función de las rentas y circunstancias familiares pueden llegar a los 13.000 euros para el pago de la entrada de una vivienda protegida y una subvención para la hipoteca. Para quienes opten por el alquiler la ayuda puede alcanzar 3.200 euros anuales y se permite compaginar la Renta Básica de Emancipación de 210 euros para los jóvenes con la residencia en una vivienda protegida en régimen de alquiler. Estas ayudas pueden ser complementadas por la Junta de Castilla y León.
El Ministerio de Vivienda aportará los recursos económicos previstos en el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, autorizará la concesión de préstamos hipotecarios y ayudas económicas correspondientes e impulsará la línea ICO- Cobertura de Vivienda protegida por la que el Ministerio, con cargo a su presupuesto, comparte con bancos y cajas el 50% del riesgo de cada nueva hipoteca que concedan para la adquisición de viviendas protegidas. El Plan contempla ayudas para familias con ingresos anuales de hasta 50.600 euros anuales. En función de las rentas y circunstancias familiares pueden llegar a los 13.000 euros para el pago de la entrada de una vivienda protegida y una subvención para la hipoteca. Para quienes opten por el alquiler la ayuda puede alcanzar 3.200 euros anuales y se permite compaginar la Renta Básica de Emancipación de 210 euros para los jóvenes con la residencia en una vivienda protegida en régimen de alquiler. Estas ayudas pueden ser complementadas por la Junta de Castilla y León.
La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Fomento, se compromete a aportar los recursos económicos necesarios para la consecución del objeto del acuerdo. El Gobierno Regional realizará las gestiones precisas para la venta o alquiler de las viviendas, garantizando los derechos de adquirentes y arrendatarios. Asimismo, facilitará e impulsará la línea de avales para hipotecas destinadas a la compra de vivienda joven y vivienda de precio limitado para familias. Por otro lado, será la administración encargada de tramitar y resolver la calificación o declaración siempre que se cumplan los requisitos, así como de las solicitudes de visados de los contratos y de los reconocimientos de las ayudas que pudieran corresponder a adquirentes o a arrendatarios.
La Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP) colaborará en el impulso, desarrollo, coordinación y evaluación del convenio. Además, trasladará a las entidades locales y a los ciudadanos en general la información necesaria en relación con el acuerdo.
La Confederación Castellano-Leonesa de la Construcción incluirá las viviendas del stock y solicitará su calificación en alguna de las tipologías de vivienda de protección. También remitirá a la Consejería de Fomento la relación de las viviendas que ponen a disposición especificando: sus características y ubicación, fecha de licencia de primera ocupación, información registral y catastral, datos identificativos y medio de contacto del promotor y declaración responsable de que sobre las viviendas no se ha formalizado contrato de reserva o compraventa o similar.
Las entidades financieras facilitarán a los compradores, dentro de su evaluación de criterios de riesgo la financiación previamente reconocida por la Consejería de Fomento. Si la entidad financiera aporta viviendas para su calificación o declaración de actuación protegida, asumirá las obligaciones establecidas para los promotores.
Los Notarios y Registradores de la Propiedad reducirán un 40% sus honorarios por la formalización e inscripción de la transmisión y los relativos a los préstamos hipotecarios correspondientes. Si la vivienda fuera calificada como vivienda de protección pública, se aplicarán los aranceles notariales previstos en la normativa vigente. En las escrituras públicas que se formalicen y en la publicidad registral se hará constar la mención de que la vivienda está incluida en el acuerdo del stock.
Los Gestores Administrativos colaborarán en el impulso, desarrollo, coordinación y evaluación del Convenio. Reducirán en un 40% las tarifas de gestión y tramitación de los documentos relativos a primera transmisión o adjudicación y a los préstamos hipotecarios correspondientes.