La Policía Nacional detiene en Palma a once personas por tráfico ilícito de seres humanos
10/05/2013
'Operación Compresor'
Agentes de la Policía Nacional dan por finalizada la 'Operación Compresor', llevada a cabo en Palma de Mallorca, contra el tráfico ilícito de seres humanos, principalmente de procedencia peruana a través de la cual han sido detenidas un total de once personas e imputadas otras ocho, acusados de pertenencia a grupo criminal, favorecimiento de la inmigración ilegal y falsedad documental.
La investigación iniciada el pasado enero detectó la existencia de determinadas irregularidades cometidas a través del despacho de una abogada, relacionadas con la regularización de personas, principalmente de origen peruano, mediante contratos de trabajo fictícios. Los agentes comprobaron que ciudadanos de aquel país habían entrado en España mediante ofertas de trabajo relacionadas con el servicio doméstico y la construcción y que, tras haber conseguido los permisos, no habían sido dados de alta en la seguridad social, condición indispensable para poder obtener definitívamente el permiso de residencia y trabajo.
Captados entre personas con riesgo de exclusión social
Seguida la investigación, los policías detectaron que los falsos empresarios para los que los inmigrantes supuestamente trabajaban, seguian un mismo patrón, haber sido habituales en centros de riesgo de exclusión social o de acogida de personas con problemas de consumo de alcohol, y que carecían de cualquier posibilidad de desarrollar en esos momentos actividad empresarial alguna.
Estos 'empresarios', que eran captados por la organización, recibían una 'ayuda' de unos 150 euros, a cambio de contratar cada uno, a dos o tres inmigrantes, falsos trabajadores.Desde el despacho profesional de una abogada de Palma se disfrazaba la legalidad de los contratos de trabajo, las solicitudes pertinentes de obtención del permiso de residencia y trabajo y otros.
2500 € o favores sexuales para conseguir supuestos contratos
De las investigaciones se desprende que cada trabajador pagaba al grupo investigado unos 2500 euros además de los gastos que luego se generaban en tramitaciones documentales, dándose la circunstancia que alguna de las víctimas, cuando no podía hacer frente a las deudas contraídas, el responsable del grupo criminal la exigía mantener relaciones sexuales para compensar éstas.
Se calculan, hasta el momento, en unas 30 las personas traficadas por la organización.