La Abogacía del Estado desiste de los recursos contra las subvenciones a la normalización lingüística de los ayuntamientos de Pollença y Capdepera

02/07/2018

La delegada del Gobierno, Rosario Sánchez, ha anunciado hoy que la Abogacía del Estado ha desistido de los recursos contra los acuerdos adoptados por los ayuntamientos de Pollença y Capdepera referentes a las bases reguladoras para conceder subvenciones a las empresas para el fomento del uso de la lengua catalana, como herramienta para la normalización lingüística.

A instancias de la delegada del Gobierno, y de acuerdo a los informes previos favorables que se han solicitado a los ministerios de Política Territorial y Función Pública, y de Justicia, la Abogacía del Estado ha dado así por terminados los procedimientos que se abrieron en su momento.

“He considerado oportuno retirar estos recursos porque suponían una injerencia en la autonomía municipal y romper el consenso existente desde el año 1985 en Balears en torno a la normalización lingüística de la lengua catalana”, ha explicado Rosario Sánchez sobre esta decisión. “Son ayudas que conceden los municipios desde hace años sin reparo alguno”, ha remarcado la delegada, “y no penalizan el uso del castellano en el ámbito público, ni mucho menos, lo eliminan”.

La Delegada del Gobierno ha avanzado la decisión a los alcaldes de los municipios de Pollença y Capdepera, y ha reiterado su compromiso manifestado en la toma de posesión del cargo “para acabar con la judicialización interesada de las medidas adoptadas por otras administraciones”.

Reunión con los representantes de Alianza Mar Blava
Antes de este anuncio, Rosario Sánchez ha recibido en la sede de la Delegación del Gobierno a los representantes de la entitad Alianza Mar Blava, que han registrado esta mañana más de 15.000 alegaciones al proyecto de sondeos acústicos Med-Salt 2, sumando ya más de 43.000 firmas.

La delegada del Gobierno se ha reunido con el coordinador de la entidad, Carlos Bravo, y tras el encuentro ambos han valorado positivamente la aprobación, por parte del Consejo de Ministros, del Real Decreto que declara Área Marina Protegida el corredor de migración de cetáceos del Mediterráneo, entre Illes Baleares y la península, y que impedirá la realización de prospecciones.