Entrevista de la Agencia EFE al Delegado del Gobierno, Carlos Urquijo

Por suerte la política penitencia no se decide en Euskadi

Vitoria, 23 oct (EFE).- El delegado del Gobierno en el País Vasco, Carlos Urquijo, considera que, "por suerte, la política penitenciaria no la dirige el Gobierno Vasco" y que el lehendakari, Iñigo Urkullu, "no tiene mucho que decir sobre esta cuestión".

Urquijo ha analizado en una entrevista concedida a Efe las consecuencias que puede tener el final de la doctrina Parot en materia antiterrorista, una resolución que considera "profundamente injusta" desde el punto de vista ético, ya que traslada "un mensaje de impunidad" y provocará "un importante desapego con la acción de la Justicia".

Por lo tanto, no comparte la opinión del Gobierno Vasco, del propio Urkullu y de los partidos nacionalistas vascos de que esta sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo supone una "oportunidad" para cambiar la política penitenciaria de forma que sea concebida como una "política de Estado para la paz".

Para Urquijo, "el lehendakari no tiene mucho que decir sobre esta cuestión. Quizá a veces pueda sentirse fuera de juego, pero la política penitenciaria, por suerte, no la dirige el Gobierno Vasco si no el Gobierno de España".

Ha recordado, además, que las decisiones sobre los presos de ETA forman parte de la política antiterrorista y ha advertido de que en esta materia "no hay que hacer ningún tipo de experimento".

Y es que Urquijo está seguro de que lo que ha permitido que ETA anunciara el fin de la violencia hace dos años son los instrumentos del Estado de Derecho, es decir la acción policial, de la justicia y la reacción social, y en ellos "hay que perseverar".

No cree por tanto que la hipotética excarcelación de más de 50 presos de ETA por la aplicación de la doctrina Parot vaya a propiciar movimientos por parte de la organización terrorista.

"Lo que ha hecho moverse a ETA no ha sido ni el mundo que le apoya políticamente, ni el nacionalismo, ni ninguna reflexión ética, sino la acción combinada de los poderes del Estado", ha insistido.

Tampoco espera cambios en la izquierda abertzale y en Sortu, formación política que, según el delegado del Gobierno en Euskadi, "ha tenido mucho tiempo" desde su legalización en junio de 2012 para condenar la violencia de ETA y ni lo ha hecho "ni se ha apartado en absoluto" de ese mundo.

"Sortu siempre ha sido una fuerza auxiliar de la banda terrorista dedicada a propagar su proyecto político totalitario en las instituciones. No veo ningún cambio significativo, algo lamentable porque la democracia ha sido muy generosa, demasiado en ocasiones con ese mundo", ha opinado.

A su modo de ver, el tribunal de Estrasburgo ha rechazado la doctrina Parot por su "lejanía" y "desconocimiento de lo que realmente estaba en juego en España" y por ello, su sentencia "es una mala noticia para las víctimas del terrorismo y un revés para una política que estaba demostrando que molestaba a ETA", pero debe ser acatada.

"Los tribunales serán los que determinen de qué manera aplicarla" y el Estado, por su parte, tiene que velar por que se cumpla la legislación de reconocimiento y reparación a las víctimas cuando se produzcan excarcelaciones de presos para que además no se las humille en homenajes y recibimientos a esos reclusos, ha indicado.

Reconoce que para las víctimas de la etarra Inés del Río, excarcelada ayer, "no es un plato de buen gusto" verla paseando por la calles, pero cree que, aunque "costará, lo asumirán" porque a diferencia del mundo terrorista y de los que les han jaleado, "las víctimas jamás se han tomado la justicia por su mano". EFE

Carlos Urquijo: El proyecto soberanista descarrilará en las urnas

Vitoria, 25 oct (EFE).- El delegado del Gobierno en el País Vasco, Carlos Urquijo, asegura que el Gobierno español tiene "mayoría suficiente" para hacer frente a los desafíos independentistas pero, además, está convencido de que el proyecto soberanista catalán "va a descarrilar en las urnas".

Urquijo ha opinado en declaraciones a Efe que "España sabrá dar cumplida respuesta" a las reivindicaciones de Euskadi y Cataluña para que no pongan en un brete al Estado.

"Es verdad que hay una operación en marcha por parte del Gobierno de Cataluña de desestabilizar a la nación española, pero creo que la gente es mucho más sensata de lo que algunos piensan y, al margen de lo que haga el Gobierno, ése es un proyecto que va a descarrilar en las urnas", ha opinado.

A su juicio, la sociedad "no quiere aventuras y es muy consciente de que plantear situaciones que supongan un desbordamiento de la legalidad e incluso una hipotética independencia no consiguen más que un efecto negativo para la vida diaria de los ciudadanos".

El delegado del Gobierno en el País Vasco ha puesto como ejemplo que el año pasado la Seguridad Social recaudó en Euskadi menos de 6.000 millones de euros por cotizaciones, mientras que pagó más de 7.200 en pensiones, es decir que hubo un déficit de casi 1.300 millones.

"Si no estuviera el Gobierno para garantizar esa solidaridad entre territorios, el sistema público de pensiones quebraría al minuto siguiente de proclamarse la independencia del País Vasco y otro tanto ocurriría en Cataluña", ha alertado.

Por eso, Urquijo no hace una "apelación a la historia ni al corazón, si no a la cartera" y advierte: "Ni el País Vasco ni Cataluña serían viables desde el punto de vista económico si se produjera una declaración de independencia".

Respecto a la consulta "legal" y "pactada" que propone el lehendakari Iñigo Urkullu en Euskadi, Urquijo dice que no sabe muy bien qué pretende, porque "un día habla de convocarla en 2015, otro en 2020, otro dice que hay que integrar a los diferentes" y en el Alderdi Eguna (Día del Partido-PNV) "lanza un mensaje más radical".

Echa en falta por tanto más claridad sobre las intenciones del PNV sobre el "encaje del País Vasco en España", aunque sostiene que con el Estatuto de Gernika y la Constitución Euskadi han logrado más autogobierno que nunca y que éstos "han sido los años de mayor prosperidad" para el País Vasco.

"Si las cosas funcionan por qué cambiarlas", se pregunta, al tiempo que insiste en que cualquier referéndum como los que se plantean en Euskadi y Cataluña tienen que ser aprobados por el Gobierno ya que en caso contrario no serían legales y no tendrían validez. EFE

En el País Vasco no hay ningún proceso de paz en marcha

Vitoria, 26 oct (EFE).- El delegado del Gobierno en el País Vasco, Carlos Urquijo, se pregunta a qué espera ETA para entregar las armas cuando sabe que el Ejecutivo español no va a caer en la "trampa" de hablar con una organización terrorista y no avala la tesis de que en Euskadi hay un proceso de paz en marcha.

Urquijo ha analizado en una entrevista concedida a Efe la situación de la lucha antiterrorista dos años después de que ETA anunciara el fin de su actividad armada, periodo en el que no ha habido avances significativos para lograr su desarme y disolución.

Sin embargo, el máximo representante del Gobierno de Mariano Rajoy en Euskadi rechaza los continuos llamamientos que se hacen desde el Ejecutivo vasco al Gobierno para avanzar, porque él considera que en el País Vasco "no hay ningún proceso de paz en marcha".

"No estamos en un proceso de paz porque aquí no ha habido un conflicto por mucho que alguno se empeñe" en hacer ver tanto en España como en el exterior que sí ha existido y que además se da "un empate infinito que sólo puede ser solucionado con una negociación entre ambas partes", teoría que, según Urquijo, "se ha conseguido desmontar".

Con ese argumento del llamado "proceso de paz" se pide también la liberación de Arnaldo Otegi, tal y como aprobó el pasado jueves el Parlamento Vasco con los votos del PNV y EH Bildu, algo que también reclama el presidente del PSE, Jesús Eguiguren, cuando el dirigente abertzale "ha sido juzgado con todas las garantías y condenado por formar parte de ETA en grado de dirigente, por lo que tendrá que cumplir su pena de manera íntegra".

A su juicio, el Gobierno de España tampoco "va a caer en la trampa" de sentarse a una mesa para negociar los aspectos "técnicos" del desarme, como pide ETA, porque el Ejecutivo "no tiene absolutamente nada que hablar con una banda terrorista".

"Entiendo que ellos no quieran desaparecer sin tratar de conseguir algo, aunque sea para venderlo para consumo interno", pero con el Gobierno del PP "no va haber ningún tipo de conversación", ha zanjado.

Por ello, cree que "no tiene sentido" que tras dos años desde que ETA anunciara el fin definitivo de la violencia aún no se haya disuelto.

"No sé muy bien a qué pueden estar esperando", se ha preguntado, ya que "mientras no se disuelva y entregue las armas el Gobierno seguirá actuando desde el punto de vista policial para detener hasta al último terrorista que tenga causas pendientes con la Justicia".

En esa línea se inscriben los arrestos de miembros del movimiento de apoyo a los presos de ETA Herrira, que han sido vistas desde los partidos nacionalistas como un "obstáculo" para avanzar hacia la paz.

Del mismo modo, la Policía y la Guardia Civil seguirán actuando en Euskadi contra todo tipo de vulneraciones, como lo demuestran los 74 contenciosos promovidos por la Delegación del Gobierno en el País Vasco que están ya en los tribunales por la exhibición de pancartas a favor de los presos de ETA u otras exaltaciones del terrorismo.

Las Fuerzas de Seguridad del Estado también actuarán si se intentan organizar actos que supongan menosprecio o humillación a las víctimas cuando se excarcele a presos etarras por el fin de la doctrina Parot.

No obstante, pese a que la organización terrorista no se disuelve, Urquijo está convencido de que "la ETA que hemos conocido no va a volver" y que la situación actual "es irreversible", porque según algunas informaciones se calcula que en Francia puede haber únicamente "entre 10 y 20 terroristas".

"No creo que se vaya a producir una vuelta atrás" porque además la sociedad vasca no toleraría ahora un regreso a la acción terrorista y, si se produjera, cosa que ve muy improbable, se daría "un fenómeno de 'grapización" de ETA.

Carlos Urquijo es consciente, no obstante, de que en este momento las posiciones de los gobiernos central y vasco "están más alejadas", como se ha visto con la sentencia de la doctrina Parot.

Pero el delegado del Gobierno espera que todas estas cuestiones no enturbien las relaciones futuras entre ambos ejecutivos.

Lo mismo ocurre con el Gobierno Vasco, que según Urquijo "siempre se empeña en la confrontación" en materias como la convocatoria de la Junta de Seguridad para coordinar las actuaciones de las Fuerzas de Seguridad y la Ertzaintza.

"Lo que no puede ser es convocarla para hablar sólo del repliegue de la Guardia Civil y la Policía Nacional", como dice que quiere la consejera vasca de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia.

Distinta es su relación con el lehendakari Urkullu, con quien no ha mantenido una reunión oficial pero sí algún encuentro informal, en el que ha constatado que es una persona "próxima, cercana, accesible y razonable, salvo cuando aborda cuestiones identitarias" en las que evidentemente ambos no coinciden. EFE