Continúa abierta la “operación Proper”, en la fueron detenidas 28 personas, nueve de ellas en Vitoria, una en Bilbao y otra en Elorrio (Bizkaia)
01/07/2014
La “Operación Proper” llevada a cabo por agentes del CNP de las Comisarías de Burgos y de Miranda de Ebro (Burgos) y que logró desarticular el pasado mes de junio una red que estafaba a la Seguridad Social a través de una empresa ficticia con sede en Miranda de Ebro (Burgos), continúa abierta para lograr la detención de todas las personas implicadas. El hecho de que la mayoría de los imputados no residan en la actualidad en los domicilios en los que están empadronados hace más complicadas las investigaciones, resultando necesaria la colaboración de unidades policiales de diversas provincias.
La operación, que se ha saldado hasta ahora con 28 detenidos en diversas provincias, se inició el pasado mes de enero, cuando se constató la actividad desarrollada por una empresa ficticia que simulaba mantener una relación laboral con trabajadores para que éstos obtuvieran de forma indebida prestaciones del sistema público de la Seguridad Social, autorizaciones de residencia y trabajo para ciudadanos extranjeros, así como para el cobro de indemnizaciones del Fondo de Garantía Salarial o prestaciones por maternidad.
En virtud del convenio específico de colaboración entre el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el Ministerio de Interior en dicha materia, se llevó a cabo una investigación en la que ha participado personal de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Burgos y efectivos de las Brigadas, Provincial y Local, de Policía Judicial y de Extranjería y Fronteras de esta provincia.
Dentro de la actividad desarrollada por la indicada empresa ficticia, estaba la contratación de personal para dar servicio a sus clientes, para lo cual desde enero de 2012 hasta octubre de 2013, llegó a efectuar 172 solicitudes de alta en la Tesorería de la Seguridad Social, con 159 personas diferentes. Las altas las realizaba la empresa de manera telemática a través del sistema RED (Red Electrónica de Documentos). Se pudo comprobar que la mayoría de las 159 personas dadas de alta en la Seguridad Social, eran nacionales de Argelia y Marruecos, 21 de ellos en situación irregular en el territorio español.
La finalidad real de la empresa ficticia constituida, era que los trabajadores a los que daba de alta en la S. Social obtuvieran, de forma irregular, un contrato que les permitiera acreditar la acumulación de los periodos de carencia necesarios para solicitar prestaciones y/o subsidios de la Seguridad Social, del Servicio Público de Empleo Estatal o del FOGASA. Estas contrataciones falsas y altas irregulares, también se producían para que los extranjeros, en situación irregular o pendientes de la renovación de sus permisos de residencia, utilizaran este recurso fraudulento para regularizar su situación en España o conseguir renovaciones a las que no tendrían derecho acudiendo a los procedimientos legales.
Por medio de estas artimañas, los falsos trabajadores lograron acceder a prestaciones económicas, que en algún caso superaron los diez mil euros (10.000 €), obtuvieron permisos de residencia y paralizaron expedientes de expulsión que habían sido incoados, alcanzando algunos de ellos la concesión de la autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales.
En lo que respecta al País Vasco en Vitoria se han practicado hasta ahora nueve detenciones, además de una en Bilbao y otra en Elorrio y la operación sigue abierta a la espera de localizar a más implicados en esta actividad fraudulenta. Asimismo se ha incautado diversa documentación relativa a contratos, nóminas, etc.
Los detenidos fueron puestos en libertad tras declarar, con obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sean requeridos para ello.
Cabe señalar que la operación desarrollada, que continúa abierta para lograr la detención de todas las personas implicadas, ha entrañado una enorme dificultad debido al volumen de personas imputadas, y al hecho de la gran mayoría de ellos no vivan en los domicilios que facilitaron en Miranda de Ebro, por lo que ha sido necesario contar con la colaboración de unidades policiales de otras provincias: Gipuzkoa, Bizkaia, Alicante, Valencia, Murcia, Granada, Madrid, Toledo y Cuenca.
Se estima que el fraude a la Tesorería General de la Seguridad Social asciende a la cantidad de 277.000 euros por el impago de las cuotas, y otros 150.000 que se corresponden con las cantidades abonadas por este organismo en concepto de prestaciones a los “trabajadores”.
De los hechos entiende el Juzgado de Instrucción nº 2 de Miranda de Ebro, que tiene abiertas diligencias previas.