El Estado ha abonado en un año en Aragón más de 725 millones de euros en prestaciones por desempleo y ERTES
09/06/2021
* La delegada del Gobierno en Aragón, Pilar Alegría, ha visitado hoy las instalaciones del SEPE en Zaragoza tras un año complicado para sus empleados
* El número de expedientes tramitados en el SEPE se llegó a multiplicar por siete en algunos momentos de la pandemia. El peor mes para el empleo fue mayo de 2020 cuando más de 103.000 trabajadores se encontraban en un ERTE en Aragón
La delegada del Gobierno en Aragón, Pilar Alegría, ha visitado hoy las instalaciones del SEPE en Zaragoza donde ha mantenido un encuentro con su director provincial, Fernando de Miguel, al que ha agradecido “el esfuerzo y el trabajo en un año complicado, donde el trabajo se ha llegado a multiplicar por siete en algunos momentos”. Alegría además ha recordado que el Gobierno de España ha puesto en marcha un escudo social para hacer frente a la situación económica y social derivada de la sanitaria.
En Aragón, el Estado ha abonado en prestaciones por desempleo más de 725.350.799 de euros desde abril de 2020 y hasta abril de 2021. En ese tiempo, 122.322 personas han estado afectadas por un ERTE y se han destinado más de 334 millones de euros a las prestaciones de este tipo. El peor momento fue el de mayo de 2020 con 103.266 personas en un Expediente de Regulación Temporal, incluyendo todas las prestaciones por desempleo fueron más de 151.800 personas las afectadas.
En el caso de Zaragoza y provincia, donde se aglutinan el mayor número de trabajadores de la comunidad, el volumen de expedientes del año 2020 fue de 529.929, mientras que el año anterior había sido de 131.095. “Una muestra del enorme esfuerzo y de la carga de trabajo que se ha producido en el SEPE; sabemos que no siempre hemos podido responder en la celeridad que las situaciones de algunas personas reclamaban, pero el objetivo siempre ha sido el de poder sacar adelante el máximo número de expedientes”. La delegada ha recordado que se incorporó a 22 personas, la mayoría en el mes de mayo, al servicio estatal de empleo en Zaragoza, para agilizar la tramitación de expedientes.
La delegada ha destacado también el acuerdo para prorrogar de nuevo hasta septiembre los ERTES. “Un acuerdo que nos demuestra que gracias al diálogo y los consensos nuestro país puede seguir avanzando” y explicaba que permite ampliar en el tiempo las medidas complementarias de protección necesarias “para garantizar la estabilidad en el empleo, evitar despidos y la destrucción de puestos de trabajo”. Pilar Alegría también recordaba que “estamos en el momento de iniciar un proceso decisivo de modernización social, económica y también política que va a determinar nuestro futuro durante las próximas tres décadas”.
“Este Gobierno trabaja con celeridad en lo que va a suponer la llegada de Fondos Europeos para lograr esos objetivos de modernización, pero también seguimos trabajando en el día a día de la pandemia. El proceso de vacunación avanza a buen ritmo, estamos cumpliendo los objetivos y, tal y como ha quedado demostrado con los últimos datos del empleo, la mejor herramienta para la recuperación económica es la vacunación”.
Ayudas para compensar la reducción de ingresos del transporte público
Además, la delegada del Gobierno ha anunciado que 23,5 millones de los más de 433 que aprobó ayer el Consejo de Ministros para compensar la reducción de ingresos del transporte público llegarán a Aragón. “Zaragoza recibirá más de 23 millones de subvención, pero también habrá partidas más pequeñas para Huesca, Alcañiz, Calatayud, Jaca, Tarazona, Teruel, Sabiñánigo y a la mancomunidad Alto Valle del Aragón”, ha indicado Alegría. La delegada ha señalado que esto muestra “el compromiso del Gobierno con el municipalismo y garantiza la prestación de un servicio esencial como es el transporte público”.
En toda España son 273 entidades locales las que percibirán las ayudas, y que se corresponden con aquellas que, prestando servicios de transporte público de su titularidad por cualquier modalidad de gestión, hayan registrado una caída de ingresos por la crisis provocada por la COVID19 y que enviaron la información requerida el pasado 9 de marzo al Ministerio de Hacienda.