La delegada del Gobierno lamenta la desinformación de los sindicatos con respecto a la mina de Aguablanca

14/03/2017

Ha sido la empresa la que ha pedido una ampliación del plazo para entregar la documentación


La delegada del Gobierno en Extremadura, Cristina Herrera, ha lamentado hoy la falta de información de los secretarios regionales de CCOO y UGT ante la situación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de la mina de Aguablanca.

Cristina Herrera ha recomendado a ambos dirigentes sindicales que antes de intentar propagar una información que no se ajusta a la realidad y crear alarma tanto en la sociedad extremeña como en la población de Monesterio se informen correctamente antes de confundir a la opinión pública con una clara intencionalidad política. “Ni tan siquiera consultan o contrastan la información a esta Delegación del Gobierno o al Ministerio de Medio Ambiente antes de emitir una valoración”, critica Cristina Herrera.

La delegada del Gobierno aclara, una vez más, que la concesión de la DIA se trata de una cuestión puramente técnica en la que nada tienen que ver las decisiones políticas. Es más, cualquier insinuación o injerencia en este sentido desde un cargo público, en uno u otro sentido, podría acarrear responsabilidades judiciales, como una presunta prevaricación.

En este sentido, hay que señalar que no se trata de la quinta vez, como se ha dicho erróneamente, en el que el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) requiere información a la empresa sino que ha sido precisamente ésta quien ha solicitado una prórroga de diez días al Ministerio para poder completar parte de la documentación que le faltaba y que no le daba tiempo a entregar en el plazo anteriormente requerido, el 8 de marzo.

Por último, a la delegada del Gobierno le gustaría que los dirigentes sindicales tuvieran la misma celeridad a la hora de salir a la opinión pública, como hacen siempre con la mina de Aguablanca, también para denunciar otras cuestiones prioritarios para la región, como la desaparición de 960 empresas en la región el pasado mes de enero, la pérdida de 360 sociedades el pasado año o que existan 1.880 autónomos menos desde que comenzó la legislatura en Extremadura. Ante todo este cúmulo de malas noticias, sólo hemos tenido el silencio cómplice de los sindicatos y ni una sola protesta.