José Miñones destaca el impulso del Gobierno a la FP en Galicia con 84 M€ transferidos este año para garantizar a la juventud gallega educación y empleo de calidad

21/12/2021

Las aportaciones forman parte del Plan de Modernización de la FP, que se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Destaca de la futura Ley de FP que se trata de una norma consensuada y transversal, que implica al sector empresarial, educativo y administrativo

Además facilitará la muchas personas acceder a un título que acredite su experiencia en un determinado campo profesional

El delegado visitó las instalaciones del centro titularidad de la Diputación junto con el presidente de la entidad y la subdelegada del Gobierno en A Coruña


El delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, subrayó hoy el impulso del Gobierno a la Formación Profesional de Galicia, que recibió en transferencias este año 84 millones de euros dentro del Plan de Modernización de la FP para garantizar a la juventud gallega “educación de calidad y empleo de calidad”. Junto a esta inversión, puso en valor a nueva Ley Orgánica de Formación Profesional, que la semana pasado obtuvo la aprobación del Congreso de los Diputados, que supone la culminación de la modernización de este enseño que inició el Ejecutivo de Pedro Sánchez en 2018.

José Miñones visitó esta mañana el IES Rosalía Mera de A Coruña en compañía del presidente de la Diputación provincial de A Coruña, Valentín Formoso y la subdelegada del Gobierno en la provincia, María Rivas. De este IES, titularidad de la Diputación coruñesa, afirmó que es un “centro adelantado a su tiempo y que responde perfectamente a los fundamentos de la nueva Ley: una enseñanza de calidad, flexible e integrado”.

Una ley transversal de educación para el empleo

Sobre la futura Ley Orgánica de Formación Profesional, que el Gobierno espera aprobar definitivamente en el pimeiro trimestre de 2022, José Miñones insistió en que “reúne, en un solo sistema, la formación profesional del sistema educativo y la formación profesional para el empleo”. Explicó que, una vez entre en vigor, “toda la Formación Profesional será dual, con un mínimo del 25% del tiempo de formación en las propias empresas”.

Apuntó que toda formación vendrá acompañada de un certificado y acreditación que permitirá a cada persona seguir avanzando a lo largo de toda su vida laboral. “Esto ayudará la muchas personas empleadas que adquirieron su formación por la experiencia profesional y que ahora podrán acreditarla con certificados y títulos”.

El delegado del Gobierno remarcó que se trata de una norma consensuada entre todos los agentes implicados y que además es totalmente transversal, uniendo al sector educativo, administrativo y empresarial para el futuro de la Formación Profesional en España. Asi, lamentó que este consenso alcanzado en la negociación de la ley no se había reflejado la semana pasada en el Congreso donde el principal partido de la oposición fue el único de todo el hemiciclo que votó en contra del texto.

La nueva Ley de Formación Profesional es una pieza indispensable para consolidar un modelo productivo que intensifique los procesos de creación de valor y de empleo de calidad. El delegado del Gobierno recordó que se trata del avance normativo central del Plan de Modernización de la Formación Profesional, que protagoniza el componente 20 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Inversiones

Junto a las modificaciones legales, el Plan de Modernización de la Formación Profesional contempla una importante batería de inversiones públicas que superarán los 2.000 millones de euros hasta el año 2023. Todo con un mismo objetivo para la FP: ser capaz de adaptarse a las transformaciones de los sectores productivos y mantener la competitividad de trabajadores, y por extensión, de las empresas en las que desempeñan su profesión.

Parte de estas inversiones serán ejecutados por las Comunidades Autónomas, como titulares de la competencia educativa. José Miñones detalló que este año la Xunta ya recibió 84 millones de euros de estos fondos para la mejora de la Formación Profesional en la Comunidad. De esta cuantía, 49,6 milóns se destinarán a iniciativas de formación profesional para el empleo destinado a trabajadores desempleados; 10,4 millones para formación profesional para el empleo dirigida a trabajadores ocupados; 1,7 millones para acciones extraordiarias impartidas en la red pública de centros de formación; 21,1 millones para crear plazas y aulas de emprendimiento; y otros 1,2 M€ para crear plazas en una partida adicional.

A estas transferencias, el delegado añadió la aprobación del último Consejo de Ministros de las ayudas a centros de Formación Profesional para desarrollar proyectos de I+D realizados en colaboración por centros de distintas comunidades autónomas. “En el caso de Galicia, son 15 centros los que participan en proyectos que suman una dotación de casi 3 millones de euros”, indicó.

“Estamos ante transferencias e inversiones históricos que se producen en un momento histórico”, concluyó el delegado del Gobierno, trasladando a la Xunta de Galicia la responsabilidad de hacer buen uso de estas transferencias: “Los jóvenes y chicas gallegas merecen que me los sea quien de aprovechar esta oportunidad”.