La Guardia Civil y la Policía Nacional han imputado a 48 personas e incautado 43.680 productos destinados a la venta ambulante en esta legislatura
22/04/2018
La Delegación del Gobierno ha puesto énfasis en la necesidad de contar con ordenanzas municipales en cada ayuntamiento, que se han demostrado efectivas para combatir la venta ilegal / “Cumplimos con nuestras competencias, el resto de administraciones deberían hacer lo mismo en lugar de desviar la atención”, asegura Salom
El trabajo de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en la lucha contra las mafias que surten de material a los vendedores ambulantes ha dado como resultado la incautación de 43.680 artículos destinados a la posterior venta callejera y a la imputación de 48 personas por delitos contra la propiedad industrial en esta legislatura.
Desde la toma de posesión de Maria Salom como delegada del Gobierno, en noviembre de 2016, esta Delegación se ha reunido en diversas ocasiones con los sectores más afectados por la venta ambulante, principalmente las patronales del comercio, además de vecinos, Ajuntament de Palma y Govern balear para dar respuesta a este problema. En uno de estos encuentros, en junio de 2017, la delegada ofreció “total colaboración dentro de las competencias estatales” y recordó que “los municipios que tienen aprobadas ordenanzas municipales funcionan mejor contra la venta ambulante. Hemos ofrecido a la FELIB asesoramiento para la aprobación de estas ordenanzas”.
Desde el pasado verano, la Delegación está asesorando e insistiendo en cada junta de seguridad municipal en la necesidad de aprobar ordenanzas, que se están demostrando efectivas para controlar esta situación. “Nosotros cumplimos con nuestras competencias, el resto de administraciones deberían hacer lo mismo en lugar de desviar la atención”, asegura Salom, en referencia a las críticas vertidas esta semana por la presidenta Armengol.
Así, en el último año y medio, la Guardia Civil, quien tiene mayor ámbito de actuación en este aspecto, ha llevado a cabo varias operaciones importantes contra la venta ambulante. En 2017, las más destacadas fueron las Operaciones ‘Sargantana’ y ‘Marmadis’, en colaboración con la Policía Local de Palma, que dieron lugar a la imputación de 29 personas por delitos contra la propiedad industrial tras la inspección de 41 establecimientos comerciales y 8 almacenes, donde fueron intervenidos 41.515 artículos.
En lo que llevamos de año, la Benemérita ha realizado ya 7 actuaciones, siendo intervenidos un total de 565 artículos falsificados, poniendo además especial énfasis sobre venta irregular a través de redes sociales.
Por su parte, la Policía Nacional realizó dos grandes operaciones el pasado verano en Inca y Alcúdia, procediendo a la imputación de 19 personas y a la incautación de 1.600 artículos, también destinados a la venta ilegal.
Colaboración y coordinación policial, clave
La delegada del Gobierno insiste en que “cada Administración sabe o debería saber cuáles son sus competencias y cada uno debe profundizar en las mismas, en lugar de desviar la atención con declaraciones para la galería o intentar tapar la falta de acuerdo para crear una ordenanza municipal como ocurre en Palma”. Recuerda que es la Comunidad Autònoma de les Illes Balears la que tiene competencias sobre consumo, sanidad o trabajo.
Salom reitera una vez más la total predisposición a colaborar en todo aquello que está al alcance de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Estado y al resto de organismos estatales. Asimismo, destaca que la “coordinación con las policías locales es clave” a la hora de llevar a cabo operativos contras las mafias que surten de material a los vendedores callejeros.
La Ley de Comerç 11/2014, en su capítulo IV, “establece que la inspección y sanción de las infracciones en materia de venta ambulante son competencia de cada ayuntamiento, fija los puntos mínimos que tienen que especificar las ordenanzas municipales y, finalmente, también marca el plazo para que los ayuntamientos regulen o adapten sus ordenanzas de venta ambulante al que la Ley establece”. Además, los ayuntamientos y entidades locales que no dispongan de ordenanza municipal específica sobre venta ambulante pueden acogerse a la Legislación estatal que faculta a las diferentes policías locales a actuar de forma general ante situaciones como ésta.