La Delegación del Gobierno retira sus recursos en contra de la carrera profesional de los trabajadores públicos
09/07/2018
La Delegación del Gobierno, a través de la Abogacía del Estado en Illes Balears, ha retirado los recursos contencioso-administrativos interpuestos en su momento en contra los acuerdos del Consell de Mallorca y los ayuntamientos de Palma, Andratx, Campos, Alaró y Santa Eugènia sobre el complemento retributivo de carrera horizontal de los empleados públicos de estas corporaciones locales, la llamada carrera profesional.
La nueva delegada del Gobierno ha ofrecido por este motivo una rueda de prensa acompañada del presidente del Consell de Mallorca, Miquel Ensenyat, de la teniente de alcalde del ayuntamiento de Palma, Aurora Jhardi, y del alcalde de Santa Eugènia, Xisco Martorell, entre otros representantes municipales. También han asistido Miguel Ángel Romero y Pep Ginard en representación de los sindicatos UGT y CCOO, respectivamente.
Rosario Sánchez ha explicado el procedimiento instado por ella y ha valorado que “quienes se benefician de esta acción de la Delegación del Gobierno son más de 6.000 trabajadores públicos y sus familias, porque afecta a administraciones de todos los colores políticos”.
La nueva delegada también ha remarcado que con la retirada de estos recursos, junto con los que se retiraron la semana pasada en contra de las ayudas a la normalización lingüística de los ayuntamientos de Pollença y Capdepera, en estos primeros días en el cargo está cumpliendo su compromiso de “convertir la Delegación del Gobierno en un instrumento útil para la ciudadanía de las Islas Baleares y de abrir una etapa de diálogo y de colaboración leal entre el Gobierno de España y el resto de administraciones”.
La delegada del Gobierno solicitó el pasado día 27 de junio a la Abogacía del Estado en Illes Balears que se interesara en iniciar los trámites para el desistimiento de todos estos procedimientos. Sánchez cumplió así la voluntad política manifestada desde su toma de posesión del cargo y de acuerdo con la misma voluntad mostrada por parte del nuevo Gobierno de España y los ministerios implicados.
La Ley 52/1997 de Asistencia Jurídica del Estado e Instituciones Públicas establece el procedimiento para que la Abogacía del Estado en Illes Balears desista de acciones o recursos. Se precisa una autorización expresa por parte de la Abogacía General del Estado que, previamente, ha de recabar un informe de los organismos correspondientes que contenga los motivos jurídicos que fundamentan la disposición de la acción procesal.
La delegada del Gobierno ha cumplido con este procedimiento y la Abogacía del Estado en Illes Balears ha obtenido este lunes la autorización expresa para desistir de los recursos presentado contra el Consell de Mallorca y los ayuntamientos de Palma, Andratx, Campos, Alaró y Santa Eugènia, con los informes previos favorables por parte de los ministerios de Política Territorial y Función Pública, y de Hacienda.
Los motivos jurídicos expuestos en estos informes, que fundamentan la retirada de los procedimientos, se centran en que no consta que las retribuciones de la carrera profesional de estas corporaciones locales supongan infringir la masa salarial global establecida para los trabajadores públicos en los Presupuestos Generales del Estado. En las motivaciones para el desistimiento también se señala que, con la entrada en vigor el pasado 27 de junio de la Ley 6/2018 por la que se modifican diversas normas del ordenamiento jurídico de Illes Balears, ya ha quedado regulado en la normativa autonómica el acceso a la carrera profesional.