Un nuevo órgano de cooperación permitirá a los ayuntamientos plantear iniciativas a la Administración estatal de Consumo
14/12/2009
Las corporaciones locales podrán plantear iniciativas de política de consumo a la Administración del Estado a través de un órgano permanente de cooperación institucional.
La creación de este órgano se contempla en el Convenio Marco de Colaboración suscrito hoy entre el Instituto Nacional del Consumo (INC), organismo dependiente del Ministerio de Sanidad y Política Social, y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que agrupa a 7.286 municipios, diputaciones, consejos y cabildos insulares. El convenio ha sido firmado por la directora general de Consumo y directora del INC, Etelvina Andreu, y por la secretaria general de la FEMP, Isaura Leal.
El objetivo general del convenio es establecer un marco de colaboración entre ambas partes para el diseño y desarrollo de políticas de interés común en los ámbitos local y estatal en el área de la protección de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios.
Esta colaboración abarca la formación e información de los consumidores, de resolución de conflictos (Sistema Arbitral de Consumo), de seguridad de productos, de seguimiento de las consultas y reclamaciones recibidas por las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC) y de ordenación del consumo.
FUNCIONES DEL NUEVO ÓRGANO
A través del órgano previsto en este convenio se institucionalizarán las relaciones y la cooperación interadministrativa, se planificarán actuaciones conjuntas de la Administración del Estado y las administraciones locales dentro de sus ámbitos de competencia y se evaluarán informes sobre las normas en elaboración que afecten al ámbito municipal en materia de consumo.
Asimismo, este órgano servirá de cauce para distribuir información de interés para las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC), para transmitir criterios consensuados de actuación en el control de mercado y para establecer una red con herramientas informáticas que facilite la gestión de las actuaciones que se decidan en materia de protección de los consumidores.
BASE JURÍDICA
Las competencias sobre consumo en el Estado español están compartidas por tres administraciones (estatal, autonómica y local), lo que requiere que exista una cooperación y coordinación entre ellas para garantizar una correcta protección de los derechos de los consumidores.
Esta colaboración permanente se articula, en el ámbito de las relaciones Estado-Comunidades Autónomas, a través de la Conferencia Sectorial de Consumo y de la Comisión de Cooperación de Consumo.
En el ámbito de las relaciones entre el Estado y las administraciones locales no existía hasta ahora ningún órgano similar, pese a que la vigente Ley de Bases de Régimen Local autoriza la creación de órganos de colaboración, con carácter consultivo, entre las administraciones estatales y las correspondientes de las entidades locales.
La misma Ley ordena que el Gobierno, a través de la FEMP, deberá adoptar las medidas necesarias “para hacer efectiva la participación de las entidades locales en la formación de la voluntad nacional en la fase ascendente del proceso de elaboración de todas aquellas políticas comunitarias que afecten de manera directa a las competencias locales”, entre las que ha de incluirse la de consumo.
También el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras Leyes Complementarias contempla la creación de órganos permanentes de cooperación institucional del Ministerio de Sanidad y Política Social con las corporaciones locales.