Las Administraciones Públicas deben asegurar un marco normativo estable y adaptado a las necesidades de nuestros ciudadanos y empresas, que contribuya a  simplificar sus relaciones con las distintas Administraciones Públicas, a mejorar la competitividad de nuestras empresas y fortalecer la  confianza en las instituciones y en la calidad de los servicios y decisiones.

La gobernanza supone un cambio de paradigma en las relaciones administrativas, propiciando la adopción de  políticas públicas con la participación de distintos sectores público y privado.

En el ámbito de la Administración General del Estado, la Dirección General de Gobernanza Pública ejerce sus funciones con el propósito de guiar y dirigir la actividad administrativa desde una triple perspectiva: coordinación de la organización para asegurar una actuación ordenada para evitar duplicidades y alcanzar un uso adecuado de los recursos, evaluación de la gestión administrativa para mejorar el funcionamiento de los servicios, y orientación de la organización y servicios hacia el ciudadano.