Convenios de Cooperación

Los convenios de cooperación son acuerdos entre la Administración del Estado y una o varias Comunidades Autónomas. Constituyen, junto con las Conferencias Sectoriales, el instrumento de cooperación de uso más frecuente en el Estado Autonómico por la libertad contractual característica de esta figura, que le otorga una especial idoneidad y flexibilidad para fijar el contenido de los acuerdos que quieren alcanzar el Estado y las Comunidades Autónomas.

Los convenios de cooperación tienen una regulación básica en el capítulo VI, del título Preliminar, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que fija los requisitos que deben cumplir. Esta regulación se completa, para la Administración General del Estado con la Orden PRA/1267/2017, de 21 de diciembre de 2017, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de  diciembre de 2017, por el que se aprueban las instrucciones para la tramitación de convenios.

Aunque formalmente los convenios son considerados como instrumentos de cooperación de naturaleza bilateral, en la práctica el Gobierno y los diferentes Ministerios de forma gradual han ido impulsando un tratamiento multilateral a la política de convenios, proponiendo el mismo, o parecido texto, a todas o una gran parte de las Comunidades Autónomas. Como resultado, una parte muy significativa de los convenios suscritos tienen la consideración de “convenios de suscripción generalizada”, ya que han sido firmados con todas o la gran mayoría de las Comunidades Autónomas y responden a políticas generales a desarrollar en colaboración con las Comunidades Autónomas y en todo o la mayor parte del territorio nacional.

En la actualidad, se aprecia una estabilidad y continuidad en la formalización de convenios, de modo que un número significativo de ellos tiene vigencia plurianual o se prorroga anualmente, manteniendo una colaboración ya establecida.

Un número significativo de convenios contiene compromisos financieros a cargo del Estado, por lo que en la práctica son utilizados por el Gobierno para impulsar políticas y actuaciones concretas que deben llevar a cabo las Comunidades Autónomas. Estas aportaciones presupuestarias estatales complementan las aportaciones de las Comunidades Autónomas e incentivan las líneas de actuación de las Comunidades que el Gobierno tiene interés en fomentar. Destacan por su importancia los convenios en el ámbito de las políticas sociales, las infraestructuras y las políticas medio ambientales. En otros casos las aportaciones de las partes suponen una compensación por la actividad realizada por una administración en beneficio y por cuenta de otra administración diferente.