Jordi Sevilla propone que los Estatutos de Autonomía incluyan el principio de la cooperación entre Administraciones

Conferencia del ministro en el Club Siglo XXI

21-04-2005

  •  “Queremos la España que existe, la España compleja y plural, en la que avancemos hacia una mayor libertad e igualdad. Queremos una España mejor unida”.
  • Apuesta por un Senado de composición mixta entre representantes de los Gobiernos autonómicos y senadores, como Cámara de primera lectura para las iniciativas de contenido territorial.
  • Defiende la enumeración de las CC.AA. en la Constitución siguiendo el orden de aprobación de sus Estatutos.
Es una de las ideas que ha lanzado el ministro en su conferencia “Los cambios en la España plural”, en el Club Siglo XXI de Madrid, donde ha sido presentado por el president de la Generalitat, Pasqual Maragall. Cooperación, Lealtad El ministro ha explicado que esa lealtad institucional supone la exigencia de poner fin a las viejas prácticas de “yo legislo, tú pagas”, así como a los intentos de “vaciamiento” de las competencias transferidas mediante un uso abusivo de la legislación básica. “De la misma forma”, opina Sevilla, “no podemos aceptar que se nos imponga, a través de los estatutos, qué es lo que el Gobierno Central debe hacer con sus competencias constitucionales, cuando el Gobierno también debe ser autónomo y rendir cuentas ante el Parlamento de la Nación”. Además, en lo que le corresponde al Gobierno, los mecanismos de cooperación deben ser desarrollados mediante iniciativas como la reforma del Senado y, de forma conjunta con las Comunidades Autónomas, mediante la reforma de los organismos bilaterales y multilaterales de cooperación, así como rescatando la idea de crear un mecanismo de resolución de conflictos que sea previo a los recursos ante el Tribunal Constitucional. Un pacto entre el Gobierno y las CC.AA. Para lograr que el impulso a la diferencia, a la voluntad de autogobierno, vaya acompañado del mantenimiento de las políticas de cohesión, el Gobierno está realizando la oferta de un doble pacto a las Comunidades Autónomas. Este pacto consiste, según el ministro, en que, por una parte, se reconozca plenamente a las Comunidades Autónomas como la máxima representación del Estado en sus respectivos territorios. Y la otra parte de este pacto es que las Comunidades Autónomas han de reconocer también, aceptar y respetar que la Constitución obliga al Gobierno de España a llevar adelante determinadas tareas, como garantizar la igualdad de todos los ciudadanos mediante la solidaridad territorial, entre otras. Una España plural, una España mejor Esa España plural se traduce, para Jordi Sevilla, en una “España mejor, en la que avancemos más aún hacia una mayor libertad y una mayor igualdad, para que su desarrollo suponga mejores oportunidades”. Para el ministro de Administraciones Públicas, esa es “una España donde el debate entre lo bilateral y lo multilateral será irrelevante, porque lo importante será la forma de cooperar”. La mejora en la cooperación territorial, junto a las reformas estatutarias, van a contribuir decisivamente a que las administraciones públicas españolas presten sus servicios con mayor eficacia, para lo cual el Gobierno considera esencial que existan garantías de cohesión territorial en el conjunto de España, “porque no puede existir cohesión social sin cohesión territorial”. “Además”, prosigue Sevilla, “todos tenemos derecho a ser de alguna manera, es decir, a tener una identidad propia, que sea auténtica y que se nos reconozca, por lo que, si se les impone una identidad a algunos, se estará quebrantando derechos básicos de las personas”. La existencia de diferencias identitarias está en la realidad de una nación plural como es España, nos guste más o menos, y los diversos intentos que ha habido en la historia de homogeneizarlas han tropezado con la tozudez de los hechos. El reto al que nos encontramos, según Sevilla, consiste en cómo integrar los derechos básicos, los de ciudadanía, que deben ser iguales para todos, y otro tipo de derechos en los que se puede introducir la diferencia, como son las particularidades identitarias. La respuesta a ese desafío el ministro la ha articulado a través de la Nueva Agenda Territorial, un conjunto de mecanismos (unos nuevos, otros ya existentes reformados) donde se plasma el principio de cooperación entre Administraciones, destinado a mejorar la “cogobernanza” de la Nación. La Nueva Agenda Territorial
  • Reforma de la Constitución.

El Ejecutivo ha enviado al Consejo de Estado la petición de un dictamen sobre esta cuestión. La reforma se centrará en los siguientes puntos:

1. Reforma del Senado. Para convertirlo en una auténtica cámara de representación territorial, que se constituya en Cámara de primera lectura para las iniciativas parlamentarias de contenido territorial. En palabras del ministro, el objetivo es “una España en la que la cooperación y la lealtad institucional tengan una sede, el Senado, donde se contribuya a cogobernar España, una tarea compleja que debe ser percibida por los ciudadanos como tremendamente simple, porque debe consistir, simplemente, en resolver sus problemas”. El ministro ha propuesto una composición mixta del Senado entre representantes directos de los Gobierno Autonómicos y senadores elegidos, al estilo de la actual Comisión General de Comunidades Autónomas.

2. Inclusión de la denominación de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. Para Jordi Sevilla, dicha enumeración debe hacerse siguiendo el orden de aprobación de los respectivos Estatutos, y respetando lo que cada Autonomía quiera poner en su Estatuto como signo de autoidentificación.

3. Referencia a la Constitución Europea.

4. Igualdad del hombre y la mujer en el acceso al Trono.

  • Reforma de los Estatutos

Para conseguir que las CC.AA. presten más servicios a los ciudadanos, y que tengan mayor capacidad para hacerlo. “Desde el principio hemos dicho”, afirma Sevilla, “y seguimos manteniendo, que existen dos condiciones para esas reformas estatutarias, que son las de amplio consenso y respeto a la Constitución”. Amplio consenso quiere decir que cualquier acuerdo ha de ir mucho más allá de las mayorías mecánicas a las que obligan las propias normas estatutarias.

“Nuestra segunda condición, que supone que las reformas se tengan que realizar dentro del marco de la Constitución, tampoco es un tema menor, porque significa la constatación de que las reformas estatutarias no pueden ser el instrumento a través del cual se reforme la Constitución, de que no es a través de una propuesta de reforma estatutaria que trae a las Cortes Generales un Parlamento Autonómico como se reforma la Constitución”.

Aquellas iniciativas que se aparten de los principios de consenso y constitucionalidad contarán siempre con la oposición del Gobierno, como ocurrió con el Plan Ibarretxe.

  • Reducción de la conflictividad.

En este primer año se han retirado 79 recursos, es decir, más del 25% de los 300 acumulados en el Tribunal Constitucional entre el Estado y las Comunidades Autónomas. El Ejecutivo apuesta también por la creación de un mecanismo de resolución de conflictos que sea previo a los recursos ante el Tribunal Constitucional.

  • Conferencia de Presidentes Autonómicos

Reunión de la Conferencia de Presidentes, por primera vez desde la restauración de la democracia.

  • Presencia de las CC.AA. en la Unión Europea
- Aprobación del histórico Acuerdo para el Sistema de Representación Autonómica en el Consejo de la Unión Europea. Las CC. AA. tendrán representación directa en cuatro Consejos de Ministros de la Unión Europea.
  • La reforma del Gobierno Local
- Presentación del primer borrador del Libro Blanco sobre la Reforma del Gobierno Local en España, como marco de reflexión para la Ley de Bases del Gobierno y la Administración Local que se tramitará durante la legislatura. En definitiva, como ha resumido el ministro en su intervención, “queremos un Gobierno Central autónomo y con recursos suficientes para ejercer la responsabilidad que le otorga la Constitución, que es la de garantizar la igualdad y la cohesión social y territorial de este país”. El Gobierno aboga por unas Comunidades Autónomas con recursos suficientes y administrados con autonomía de gestión, y también con la autonomía política que les reconoce la Constitución. “Queremos”, continua Sevilla, “unos Ayuntamientos que sean la puerta más próxima de acceso de los ciudadanos a sus administraciones. Que presten servicios de proximidad, y que lo hagan con recursos suficientes”. En suma, el objetivo es que España sea un Estado con tres Administraciones que, para cumplir su obligación, prestan sus servicios, recaudan para financiarlos, y dan cuenta de ello a sus ciudadanos, y, sobre todo, queremos que España sea un Estado con tres Administraciones que se sientan en una mesa para cooperar y resolver los problemas de un mismo ciudadano.