La Administración será más profesional e independiente gracias al Estatuto de la Función Pública

29/03/2006

Jordi Sevilla presenta el Anteproyecto de Ley en el Congreso


CORTES DE AUDIO DE LA COMPARECENCIA.

  • Establece la evaluación objetiva del desempeño de los empleados públicos, desapareciendo la presunción de estar obteniendo ‘un puesto para toda la vida’
  • Introduce mejoras en el desarrollo de la carrera profesional y en las retribuciones
  • Crea la figura del personal directivo
  • Moderniza los procesos de selección

El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla,  ha presentado ante el Congreso de los Diputados las líneas básicas del Anteproyecto de Ley del Estatuto de la Función Pública, un instrumento fundamental para avanzar en la modernización y la profesionalización de la Administración. El texto persigue que los empleados públicos sean mejores profesionales, cuenten con condiciones laborales más atractivas y disfruten de mayor independencia respecto a los partidos políticos.

El documento, que ha sido negociado con partidos políticos, administraciones autonómicas y locales, y otros agentes sociales será aprobado por el Consejo de Ministros. En este sentido, Jordi Sevilla ha realizado “un llamamiento al Partido Popular a que reconsidere su negación frontal del presente Estatuto, y para que recuperemos los cauces de diálogo que nos permitan llegar a un acuerdo, o al menos intentarlo”.  “No parece que para el Partido Popular la elaboración de una norma básica que va a concernir a 2.400.000 personas tenga excesiva relevancia, vista su actitud en las dos últimas reuniones y su amenaza de ni siquiera sentarse a discutirla”, ha afirmado el ministro de Administraciones Públicas.

El futuro Estatuto, cuyo desarrollo obedece al artículo 103.3 de la Constitución, establece que los empleados públicos deberán responder de los resultados de su actuación, para lo que se establecerá la evaluación objetiva del desempeño como elemento clave y mecanismo de modernización. En este sentido, el ministro ha asegurado que desaparecerá así “la presunción de estar obteniendo ‘un puesto para toda la vida’ se desempeñe como se desempeñe”.

Asimismo, se introducen mejoras en el desarrollo de la carrera profesional y en las retribuciones, ligadas también al desempeño, lo que redundará en una mayor dignificación del empleo público.

El Anteproyecto de Ley, propone también, la creación de la figura del personal directivo que introducirá un nivel personal y directo a la hora de responsabilizarse de los resultados de la gestión, y que fomentará el dinamismo y la mayor implicación en los objetivos del sector público.

Otra de las novedades importantes afecta a las normas de acceso y la forma de selección de los empleados públicos ya que se completarán las pruebas tradicionales con otros procedimientos más avanzados, tales como la superación de cursos selectivos, la exposición curricular de los candidatos, las pruebas psicotécnicas o la realización de entrevistas personales.

Diez puntos más destacables.

A modo de resumen, se pueden destacar los diez puntos más relevantes del Anteproyecto de Ley:

  • 1.- Unificará la legislación vigente en esta materia -dejando al margen de las incompatibilidades-, asegurando la coherencia del sistema al generar un marco común en lo relacionado con los derechos y las estructuras fundamentales, mientras facilita la adaptación del desarrollo de las normas a la necesidades específicas de cada administración.
  • 2.- El futuro Estatuto afectará por igual a cualquier empleado público, y establecerá las tipologías del personal en funcionario, laboral y eventual.
  • 3.- Tal y como se ha comentado, establece la figura del personal directivo.
  • 4.- El Anteproyecto articula distintos modelos de carrera y de promoción, horizontal y vertical ligados a la evaluación objetiva del desempeño. La continuidad en los puestos dependerá de lo que se haga en éstos, desapareciendo así la presunción de estar obteniendo “un puesto para toda la vida”, se desempeñe como se desempeñe.

Además, se introduce la carrera profesional horizontal, que permite la progresión sin cambiar de puesto de trabajo, lo que facilitará, entre otras cosas, que se corrija la tendencia al crecimiento de las estructuras como consecuencia del actual modelo de carrera sólo vertical, es decir, basado en la movilidad.

  • 5.- Las retribuciones básicas serán iguales para todas las administraciones públicas, mientras que las complementarias serán fijadas por cada administración, con lo que se logrará una estructura retributiva más acorde y adecuada a la realidad actual. Los factores que compondrán las retribuciones complementarias serán la especial dificultad técnica, la progresión alcanzada en la carrera, el grado de interés, de iniciativa o de esfuerzo.
  • 6.- Un Código de Conducta regulará los derechos y deberes de los empleados públicos. Será de obligada aplicación independientemente de la administración para la que se trabaje.
  • 7.- En la modernización de las normas de acceso y los procesos de selección, además de lo citado anteriormente, se apuesta por la profesionalización de los órganos de selección, anteponiendo, en su elección, los criterios técnicos a la adscripción política o sindical.
  • 8.- El Estatuto profundiza en el diálogo social añadiendo la posibilidad de constitución de una Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, como órgano de relación permanente entre el sector público.
  • 9.- Persigue que las administraciones públicas planifiquen estratégicamente sus recursos humanos, apostando decididamente por instrumentos indispensables de planificación como la oferta de empleo público, la elaboración de registros de personal o la gestión integrada de recursos humanos.
  • 10.- El Anteproyecto recoge, por último,  cuestiones que forman parte de la realidad social actual, como son el impulso a la igualdad de género, la lucha contra la violencia de género así como la tolerancia cero con cualquier tipo de discriminación o la protección ante situaciones especiales.

Esfuerzos anteriores y novedades

El anteproyecto de ley del Estatuto del Empleado Público se ha basado en los esfuerzos de Ejecutivos anteriores en esta materia como, por ejemplo,  el Proyecto de Ley del año 1999.

De éste se han tomado ideas como los principios generales, los ámbitos tratados, la clasificación de empleados públicos, la figura del personal directivo, aspectos retributivos o la relación del servicio funcionarial.

Sin embargo, se pueden destacar novedosas mejoras que hasta ahora no se habían tenido en cuenta. El Estatuto responde a una filosofía basada en el respeto de unos principios y criterios comunes aplicables a la totalidad de empleados y administraciones públicas, si bien las Comunidades Autónomas, en función de sus competencias, puedan ejercer sus potestades de autoorganización.

Otra diferencia radica en que el Gobierno considera primordial la ética en la función pública, y por ello el se prevé un Código de Conducta para todos los empleados públicos, algo que el Proyecto anterior no hacía.

Por último, el Anteproyecto de Ley del Estatuto Básico del Empleado Público prevé aumentar la calidad del empleo público, mediante la reducción de la temporalidad en las administraciones públicas.

Proceso de elaboración

La elaboración de este Anteproyecto de Ley ha sido fruto de un gran esfuerzo negociador con partidos políticos, comunidades autónomas, entidades locales, agentes sociales y participación ciudadana desarrollado a lo largo del último año y medio.

El 16 de septiembre de 2004, se creó la Comisión para el estudio y preparación del Estatuto Básico del Empleado Público, que elaboró un informe que fue presentado el 25 de abril de 2005 por Jordi Sevilla.

Ése mismo día se publicó en la página web del MAP para que todos los ciudadanos interesados lo conociesen y enviasen sus comentarios, al igual que se ha hecho con los borradores posteriores. A través de este canal se han recibido más de 240 aportaciones.

A partir de entonces comenzó el debate del Informe en varios foros, todos coordinados desde el MAP. Con las comunidades autónomas -en el seno de la Comisión para la Coordinación de la Función Pública- se han mantenido un total de siete reuniones, seis con las organizaciones sindicales, dos con la Federación Española de Municipios y Provincias, varios encuentros más con otros agentes sociales y políticos.

Intervención de Jordi Sevilla ante el Congreso.