El Congreso aprueba la Ley para el Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los
Servicios Públicos

14/06/2007

La norma establece una nueva generación de derechos para los ciudadanos


  • Los ciudadanos podrán realizar todas sus gestiones administrativas por medios electrónicos
  • Las administraciones públicas, obligadas a ofrecer sus servicios por Internet, móviles o cualquier medio electrónico futuro
  • España se sitúa a la vanguardia mundial: sólo tienen una norma similar Italia y Estados Unidos
  • Ningún grupo parlamentario se opone al texto

El Congreso de los Diputados ha aprobado definitivamente la Ley para el Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, una norma que establece el derecho de todos los ciudadanos a relacionarse electrónicamente con las administraciones públicas, así como la obligación de éstas a garantizarlo.

La Ley, que se convierte en un punto de partida de una nueva generación de derechos de los ciudadanos, los derechos digitales, sitúa a España en la cabeza mundial en esta normativa que actualmente sólo tienen Estados Unidos e Italia.

El Congreso ha aprobado la Ley sin que ningún grupo parlamentario se haya opuesto.

Según ha afirmado el ministro de Administraciones Públicas tras su aprobación, esta Ley “aprovecha los avances tecnológicos para reconocer nuevos derechos y para lograr una administración más ágil, más eficaz y más sencilla, que hará la vida más fácil a los ciudadanos”.

A partir de 2009, fecha en la que esta ley tendrá que estar plenamente operativa, los ciudadanos tendrán garantizado poder realizar todas sus gestiones por medios electrónicos, independientemente de la administración a la que competan, a través del canal que quieran, las 24 horas del día los 365 días del año. Desde ese momento serán ellos los que tomen el mando en su relación con las administraciones.

La Ley beneficiará a los ciudadanos ya que ahorrarán tiempo y dinero en sus gestiones. En este sentido, la Administración General del Estado prevé invertir 1.900 millones para desarrollar nuevo servicios electrónicos a partir de 2008. Según cálculos de los expertos, la nueva norma contribuirá al crecimiento de la economía en más de un punto del PIB en los próximos años.

La nueva norma establece una serie de derechos enfocados a hacer la vida más fácil a los ciudadanos como:

  • Realizar las gestiones y los trámites desde donde los ciudadanos quieran, cuando quieran y a través del canal que deseen.
  • Acceder a todos los servicios públicos de forma electrónica.
  • No tendrán que presentar la misma documentación en más de un sitio, con uno será suficiente.
  • No será necesario aportar datos o documentación que esté en poder de las administraciones.
  • Enviar documentación en soportes electrónicos.
  • Evitarán las colas y los retrasos.
  • Utilizar medios electrónicos para obtener información, realizar consultas, manifestar consentimientos, efectuar pagos, realizar transacciones, reclamar, etc…
  • Conocer por vía telemática el estado de tramitación de los procedimientos en los que estén involucrados.
  • Obtener los medios de identificación necesarios.
  • Podrán relacionarse con las administraciones con la aplicación y el sistema que escojan.

Además, la Ley para el Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos establece un importante esfuerzo en la modernización de las administraciones públicas:

  • Fomentando la cooperación entre ellas a través de la interoperabilidad de sus sistemas de información.
  • Creando la sede electrónica. Una página web tendrá la misma garantía jurídica que una oficina.
  • El e-DNI será una de las principales formas válidas de identificarse electrónicamente.
  • Las administraciones crearán registros electrónicos a los que se pueda enviar documentos en formato digital, con las misma validez que hacerlo a una oficina.
  • Los medios electrónicos se generalizarán en los procedimientos administrativos, simplificándolos.
  • Las decisiones adoptadas en reuniones de órganos colegiados realizadas por vía telemática tendrán la misma validez que de forma presencial.

Por último esta norma introduce medidas orientadas a fomentar la transparencia de las administraciones:

  • Crea la figura del Defensor del usuario de administración electrónica.
  • Los ciudadanos podrán utiliza todo tipo de programas y sistemas operativos, libres y propietarios, en sus relaciones con las administraciones.
  • Las distintas administraciones públicas tendrán garantizada la posibilidad de reutilizar y transferir aplicaciones y sistemas desarrollados por otras.