El Gobierno reitera su compromiso con el Plan de Convergencia
Interior de Castilla y León

19/07/2010

Financiado al 50% por la administración del Estado


  • El Grupo de Trabajo de Infraestructuras se ha reunido hoy en Valladolid para abordar el estado del programa de inversiones, que cuenta con 75 millones de euros consignados en los PGE 2010
 
 
El Grupo de Trabajo de Infraestructuras del que forman parte representantes del Gobierno de España y de la Junta de Castilla y León se ha reunido hoy en Valladolid. En este encuentro, el Ministerio de Política Territorial ha reiterado el compromiso del Ejecutivo de la Nación con el Plan de Convergencia Interior castellano-leonés y su voluntad de que este programa de inversiones, que la administración del Estado financia al 50%, pueda comenzar a ejecutarse cuanto antes.
 
En la reunión han participado por parte del Gobierno el director general de Presupuestos del Ministerio de Economía y Hacienda, Fernando Rojas, y el director general de Cooperación Autonómica del Ministerio de Política Territorial, Enrique Ojeda.
 
La Administración General del Estado ha consignado 75 millones de euros en los Presupuestos Generales de 2010 y que se reparten entre cuatro ministerios.
 
Desde el Ministerio de Política Territorial se ha expresado su confianza en que el Plan de Convergencia Interior pueda aprobarse en las Cortes de Castilla y León en el menor plazo de tiempo posible, previo acuerdo y consenso político entre los grupos parlamentarios de la comunidad autónoma, tal y como se acordó en anteriores contactos entre el Estado y la Junta.
 
Con el Plan de Convergencia Interior se da cumplimiento a la Disposición Adicional Segunda del Estatuto de Autonomía de Castilla y León. El objetivo del Plan es eliminar progresivamente los desequilibrios económicos y demográficos entre las provincias y territorios de la comunidad.
 
En una reunión anterior del Grupo de Trabajo de Infraestructuras, se acordó elevar a la Comisión Bilateral un documento desarrollado y articulado para su posterior aprobación por las Cortes autonómicas, extremo que todavía no se ha producido.