Emilio Ablanedo destaca que “el rigor en el control del fraude por parte de la Oficina de Extranjería está dando resultados muy positivos”
31/01/2014
El Subdelegado del Gobierno en Barcelona, Emilio Ablanedo, ha hecho hoy balance de las actuaciones desarrolladas durante 2013 por la Oficina de Extranjería de Barcelona. Acompañado por la Jefa de la Oficina, Elena Nieto, Ablanedo ha dado detalles sobre el número de solicitudes de residencia, las cifras de reagrupación familiar y los rigurosos mecanismos de control del fraude. También ha hecho hincapié en la gran capacidad de resolución de la Oficina.
A continuación se detallan las principales actuaciones de la Oficina de Extranjería de Barcelona durante 2013:
Las residencias de larga duración son las únicas que han aumentado en Barcelona en 2013, un 13,5% más respecto al año anterior: de las 36.212 resueltas en 2012 a las 41.085 de este año. El 93% de estas resoluciones han sido aprobadas, frente al 95% del año anterior. Dentro del colectivo de extranjeros de régimen general –los que no pertenecen a la Unión Europea y no están sujetos al régimen comunitario–, los residentes de larga duración son el colectivo mayoritario y representan un 74,3% de los inmigrantes que viven en Barcelona.
Habitualmente, una persona extranjera recibe la autorización inicial por un año, otras dos renovaciones de dos años cada una y, transcurridos cinco años de residencia legal y continuada, obtiene la residencia de larga duración. Es de prever que esta tendencia al alza se mantenga, ya que el porcentaje de residentes titulares de una segunda renovación (11,4%) es el mayor dentro del colectivo de extranjeros de régimen general.
Las solicitudes de residencia en general presentadas en la Oficina de Extranjería han descendido un 14,27% (de las 153.649 de 2012 a las 131.726 solicitudes actuales). No obstante, las peticiones de atención personalizada aumentaron un 18% en 2013, hasta llegar a las 263.566 citas. El promedio entre la petición de la cita y el día asignado ha sido de 12 días. El plazo que tiene la Oficina de Extranjería para resolver peticiones de autorización de residencia es de tres meses. Sin embargo, consigue dictar resolución en 30 días de promedio. Este dato revela, en palabras del Subdelegado Ablanedo, “la gran capacidad de gestión y la profesionalidad de la Oficina de Extranjería de Barcelona”.
Las solicitudes de residencia por circunstancias excepcionales –entre ellas se encuentran las peticiones por arraigo– son las que mayor descenso han experimentado en 2013, con un 23,73% menos de solicitudes resueltas respecto al año anterior: 11.582 solicitudes en la actualidad, frente a las 15.185 de 2012. De estas, el 57% se concedieron.
Respecto a la reagrupación familiar inicial, se mantiene la tendencia a la baja que comenzó en 2008. Durante 2013 se ha experimentado un descenso del 20,9%: de las 7.474 solicitudes resueltas en 2012 a 5.914 en la actualidad. De 2007 a 2013 el descenso ha sido superior al 80%.
En cuanto a las renovaciones de residencia con trabajo por cuenta ajena y por reagrupación familiar, el descenso ha sido de un 16,7% respecto al año anterior (de 27.421 solicitudes resueltas en 2012 a las 22.833 actuales). El 89,3% de estas solicitudes son aprobadas.
Los procedimientos sancionadores por estancia irregular descienden un 16,3% respecto a 2012. Se han incoado 5.774 procedimientos sancionadores y se ha dictado resolución de expulsión en un 44% de los casos, mientras que en un 34% se ha impuesto una sanción económica. El resto de los procedimientos se encuentra en trámite. Las expulsiones ejecutadas han sido 613, de las cuales 553 (un 90%) han sido de personas con múltiples antecedentes. Son las llamadas “expulsiones cualificadas”.
LUCHA CONTRA EL FRAUDE
La Subdelegación del Gobierno en Barcelona y la Oficina de Extranjería han adoptado “rigurosos sistemas de control para detectar los posibles casos de fraude”, que se pueden producir tanto en el vínculo de parentesco alegado, como en el ámbito de las relaciones laborales.
1. En el primer caso, el Subdelegado del Gobierno ha explicado que, siempre que existen sospechas, se pide comprobación policial de la veracidad de las relaciones conyugales o análogas alegadas en las solicitudes de Tarjeta de Residencia de familiar de ciudadano de la Unión Europea. El año pasado la Oficina de Extranjería de Barcelona recibió un total de 15.496 solicitudes de Tarjeta de Residencia, de las que se resolvieron favorablemente un 78 por ciento.
Durante la tramitación del procedimiento se requirió informe policial en un 17% del total de solicitudes presentadas, lo que supone un descenso de 15 puntos respecto al año 2012. La UCRIF (Unidad Central contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales) del Cuerpo Nacional de Policía lleva a cabo comprobaciones que pueden conllevar no sólo la denegación de las tarjetas de residencia, sino también la anulación de los matrimonios o uniones de hecho y hasta acusaciones penales.
Del conjunto de solicitudes enviadas a la Policía, se resolvieron favorablemente un 69%. Respecto al año 2012 se observa un aumento de 12 puntos respecto a las resoluciones favorables. Este dato indica que “las actuaciones contra el fraude están dando un resultado muy positivo” ya que desciende el número de casos en los que surgen dudas sobre el vínculo de parentesco alegado y aumenta el porcentaje de resoluciones favorables en aquellos expedientes sometidos a comprobaciones adicionales.
2. Por lo que se refiere al control del fraude en simulación de relaciones laborales a través de empresas ficticias, en 2013 se han tramitado 1.576 procedimientos de extinción de autorizaciones de residencia, un diez por ciento más que en 2012. Si en aquel año en el 81% de los casos el procedimiento finalizó con la extinción de la autorización de residencia, este porcentaje ha aumentado hasta el 85% en 2013. En este sentido, ha subrayado Ablanedo, “cabe destacar el éxito de la coordinación emprendida por esta Subdelegación del Gobierno en el año 2012, entre la Oficina de Extranjería, el Instituto Nacional de la Seguridad Social , la Tesorería General de la Seguridad Social, la Inspección del Trabajo y el Servicio Público de Empleo Estatal para luchar contra esta modalidad de defraudación”.