Más de 400 establecimientos y 3.000 viviendas del litoral valenciano se verán beneficiados por la nueva Ley de Costas
10/05/2013
Ley de Costas
Más de 400 establecimientos y 3.000 viviendas del litoral valenciano se verán beneficiados por la nueva Ley de Costas
• Estos establecimientos facturan 167 millones de euros y dan empleo a más de 9.000 personas
• La delegada señala que la nueva ley aporta “racionalidad, sentido común y realismo”
La delegada del Gobierno del Gobierno, Paula Sánchez de León, ha indicado que 429 establecimientos de la Comunitat Valenciana (67 hoteles y 362 restaurantes y chiringuitos) podrán mejorar sus instalaciones gracias a la nueva Ley de Costas aprobada ayer en el Congreso de los Diputados. Estos negocios facturan, según los datos aportados por la delegada, 167 millones de euros y dan empleo a más de 9.000 personas.
Con las nuevas medidas se amplia el plazo máximo de las concesiones para ocupación y uso de la costa hasta un máximo de 75 años, dependiendo de cada caso. El plazo concreto lo determinará el reglamento de la ley que tendrá que desarrollarse en seis meses. Además también aumenta el plazo de autorizaciones para las instalaciones de temporada (instalaciones desmontables) de uno a 4 años. Con la anterior norma, “se renovaban cada año lo que resultaba a menudo ineficaz y farragoso desde el punto de vista de la burocracia”, ha indicado la delegada.
También se establece una prórroga extraordinaria, no automática (previa acreditación de que no hay peligro para la protección ambiental) de todas las actividades existentes. La solicitud de la prórroga ha de hacerse cuando vaya a vencer el plazo que actualmente tienen en vigor, que en la mayoría de los casos vencería en 2018 pero en otros, como el de los 14 establecimientos de la Playa de la Malvarrosa, vencía el próximo mes de junio.
Se permite además, las obras de reparación y modernización siempre que no implique más volumen, más superficie y más altura. La normativa anterior, según ha recordado Sánchez de León, “limitaba radicalmente estas actuaciones por lo que, muchas instalaciones se deterioraban mientras que otros países competidores directos ofrecían enclaves más modernos y atractivos en sus costas”. Pero además la ley faculta a los delegados del Gobierno a suspender cautelarmente actuaciones urbanísticas, con el objeto de evitar situaciones como las vividas con El Algarrobico en Almería.
Viviendas
Sánchez de León también ha subrayado que 3.000 viviendas del litoral valenciano ocupadas por 12.000 habitantes, se verán beneficiadas por los cambios normativos. Del total, 1.426 construcciones repartidas entre Serragrossa, Puerto de Santa Pola, Oliva y Xilxes quedan excluidas del dominio público marítimo terrestre. El resto, como en el caso de la urbanización la Casbah de El Saler, verán ampliada su concesión de 30 a 75 años una vez soliciten la ampliación de la misma.
La reforma también permite la transmisión de los derechos de concesión mortis causa e intervivos. Con la ley anterior, al fallecer el titular de una concesión, sus herederos podían solicitar la transferencia de ese derecho a su favor, siempre que lo pidieran en el plazo de un año como máximo. En ocasiones, ha indicado la delegada, “la herencia tardaba más de un año en resolverse con lo cual la concesión estaba ya caducada”. Ahora, la ley amplía hasta 4 años el plazo para que los herederos pidan la transferencia y también permite la transmisión intervivos de los derechos de concesión, previa autorización administrativa. De esta manera, se incrementa “de forma sustancial” el número de personas que pueden convertirse en concesionarias.
La delegada del Gobierno ha indicado que la nueva legislación “aporta racionalidad, sentido común y realismo” frente a la anterior normativa “que era insuficiente y perjudicial” y que incluso, “llegó a dañar la imagen de marca del territorio valenciano”.
La reforma actual “supera ese falso enfrentamiento entre actividad económica y medio ambiente”, ha indicado la delegada quien también ha añadido que “no se va a enladrillar la costa en ningún caso, donde antes estaba prohibido construir, seguirá estando prohibido poner un ladrillo y lo que era ilegal, va a seguir siendo ilegal”.
Sánchez de León también ha resumido como objetivos que persigue la norma: la protección del medio ambiente; la mejora de la seguridad jurídica y el fomento de la actividad económica sostenible en la costa.
Por lo que se refiere al dominio público marítimo terrestre “no hay reducción de la superficie protegida ni en este espacio ni en el de la zona adyacente de servidumbre de protección”, según ha indicado la delegada.
También se aumenta la protección de las playas naturales (limitación de ocupaciones), al diferenciar los tramos urbanos de las playas de los naturales y se establece una regulación específica frente al cambio climático de manera que las obras en concesiones de actividades contaminantes requerirán de un informe ambiental.
En relación a la mejora de la seguridad jurídica y derechos de los antiguos propietarios, se delimita con criterios técnicos, “con más claridad y precisión”, el dominio público, ha indicado Sánchez de León.
Además se obliga a inscribir todos los bienes en el registro de la propiedad, garantizando la publicidad registral del dominio público. La administración publicará la línea del dominio público en Internet, lo que generará “más seguridad y confianza para inversores y compradores”. Con la ley anterior, según ha recordado la delegada, “se podía adquirir una vivienda en la costa y descubrir, a posteriori, que no podía pertenecer al comprador porque estaba en dominio público”.