Javier Losada avanza que el Gobierno aceptará las alegaciones al Estatuto de Consumidores Electrointensivos que sean viables y mejoren el borrador

Javier Losada avanza que el Gobierno aceptará las alegaciones al Estatuto de Consumidores Electrointensivos que sean viables y mejoren el borrador

31/03/2019


El delegado del Gobierno incide en que las propuestas para las empresas grandes consumidoras eléctricas no pueden incluir incentivos fiscales hasta que se constituya el nuevo Congreso

Demanda frente común de las administraciones para conseguir el mantenimiento del empleo y la actividad industrial en Alcoa

Javier Losada considera que los avances en las fragatas F-110 que construirá Navantia en Ferrol suponen “un buen balón de oxígeno” para la actividad empresarial en la Comunidad

El Ejecutivo se remite a la decisión judicial en el caso de la prórroga de Ence y entiende, tras un informe de la Abogacía del Estado, que la empresa debería modificar su actual emplazamiento en la ría a partir de 2033


El delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, ha avanzado hoy que el Ejecutivo aceptará las alegaciones al Estatuto de Consumidores Electrointensivos que sean viables, dadas las limitaciones legislativas mientras están disueltas las Cortes, y mejoren el borrador del documento. Se ha expresado así durante una entrevista en la Radio Galega en la que ha incidido en la “voluntad total” del Gobierno para dar continuidad a la actividad de las empresas gallegas y, de manera concreta, a la factoría de Alcoa en A Coruña.

Javier Losada ha subrayado que el borrador del Estatuto, el primero que se realiza en España de este tipo, busca “estabilidad” en el sector, que a su vez debe fomentar “inversiones de las empresas”. “El Ministerio está estudiando las alegaciones que se presentaron al borrador. La ministra ya dijo que el Gobierno está dispuesto a aceptar las alegaciones que sean viables y que mejoren el borrador”, ha expresado.

En cualquier caso, ha aclarado que el Estatuto “no puede contener incentivos fiscales porque hay que esperar a que haya un Congreso y este legisle sobre eso”. Sin embargo, ha matizado que “las empresas como Alcoa tienen una bonificación fiscal del 85 % en los impuestos sobre la energía, pero lo que está pidiendo la Xunta debe esperar a tener un Congreso”. Ha recordado, además, que esta misma semana se han publicado las bonificaciones por emisiones de CO2, con 91 millones de euros.

Frente a eso, Javier Losada nota un “relato de confrontación”, que rechaza. “Estamos en el mismo barco, en el de intentar que Alcoa salga adelante. El empleo y la capacidad industrial en Galicia debe ser lo que nos una a todos. La Xunta de Galicia, que tiene competencias en materia industrial, debe poner todo el esfuerzo para ayudar a conseguir los inversores”, ha proseguido.

Respecto a la autorización de la orden de ejecución de las cinco fragatas F-110 en Navantia en Ferrol, el delegado del Gobierno ha opinado que se trata de “un buen balón de oxígeno para Ferrol y para Galicia”. La construcción de los buques, que es “la mayor inversión en la historia de la Comunidad después del AVE”, llegará con más de una década de trabajo con unos 7.000 empleos, ayudará también a un proceso de “modernización del astillero”.

Preguntado por la situación de Ence, Javier Losada ha recordado que el Ayuntamiento de Pontevedra denunció la prórroga concedida por el Gobierno de Rajoy cuando estaba en funciones, un proceso en el que también está el Estado. “El Gobierno se encontró con un informe de la Abogacía del Estado que decía que la prórroga estaba mal concedida. Va más allá de 2033, que es el plazo máximo”, ha declarado.

El documento también explica que “la actividad se puede desarrollar en cualquier otro punto del territorio” y no dice que Ence tiene que dejar de trabajar, dice puede seguir en cualquier otro lugar”. Por ese motivo, hace un llamamiento a la calma y rechaza mensajes alarmistas que hablan del fin de las inversiones o de la actividad, pues en todo caso el límite del plazo es 2033 y, a partir de ahí, podría continuar en otro punto. “Estamos en un Estado de Derecho y los tribunales decidirán”, ha zanjado.