La Guardia civil y la Policía Local de Palma llevan a cabo una operación conjunta contra la venta de productos ilegales
08/08/2017
Se han inspeccionado un total de 30 locales y se han incautado 5.745 productos que pudieran vulnerar los derechos de propiedad industrial
La Policía Local de Palma y la Guardia Civil, en la denominada 'Operación Marmadis', han llevado a cabo una operación conjunta orientada a la detección y actuación en locales comerciales dedicados a la venta de productos ilegales, incidiendo de manera directa en la defensa de los derechos de los consumidores y la protección del ciudadano.
La pasada semana se llevaba a cabo una serie de registros en comercios y almacenes situados en las zonas de Palma, Arenal de Palma y de Llucmajor y Cala Major, en la que participaron agentes de ambos cuerpos.
Como resultado entreel 2 y el 3 de agosto se inspeccionaron 30 locales comerciales, en los que se detectaron un total de 83 infracciones administrativas, incautando 5.745 productos que pudieran vulnerar los derechos de propiedad industrial, así como 49 armas (llaves de pugilato y armas de arisoft). Por tales hechos, y una vez analizados los distintos productos intervenidos, la Guardia Civil y la Policía Local de Palma estiman que se deriven responsabilidades penales a más de 25 personas.
La importancia de esta operación no solo deriva de la desarticulación de numerosos puntos de venta, sino también de la localización de un almacén dedicado a la falsificación y distribución de complementos, como bolsos y carteras, los cuales terminaban entre personas dedicadas a la venta ambulante en Palma.
La Guardia Civil y la Policía Local de Palma persiguen este tipo de actividades, incidiendo en la red de falsificación, distribución y venta, mediante locales comerciales que redundan directamente en la venta ambulante, una parte importante de cuyos destinatarios son los turistas, nacionales y extranjeros.
Las actividades objeto de prevención y represión actúan en detrimento de la economía regular y del sector del comercio, generando un perjuicio económico sobre el comercio minorista y sobre los interés de los consumidores, al adquirir productos que en la mayoría de los casos no cumplen los requisitos mínimos, o incluso se encuentran en red de alerta de consumo Europea, redundando todo ello en la mejora de la calidad y la sostenibilidad del empleo en el sector.