La Delegación del Gobierno informa de la situación de la inmigración en La Rioja y de la nueva normativa en esta materia.

La Delegación del Gobierno informa de la situación de la inmigración en La Rioja y de la nueva normativa en esta materia.

27/01/2010

·El asesor del Delegado del Gobierno, Gustavo Gauthier, cifra en 48.625 los extranjeros legales en la comunidad y destaca que el nivel de inmigración ilegal es casi marginal.

·En los últimos seis años, se han dictado enLa Rioja 3.301 expedientes de expulsión de extranjeros indocumentados ilegales.
 
El asesor del Delegado del Gobierno en materia de Inmigración, Gustavo Gauthier, ha mantenido una reunión con los medios de comunicación social regionales, para informar de aspectos relativos a la inmigración en La Rioja.
 
Al respecto, Gauthier puntualiza que, actualmente, se encuentran en La Rioja 48.625 inmigrantes con permiso de residencia; de los que 20.790 son ciudadanos de la Unión Europea y gozan, por tanto, de completa libertad de movimiento, de residencia y de trabajo en cualquier país comunitario, con una situación idéntica a la de los propios ciudadanos españoles. También existen 324 estudiantes extranjeros y otras 44 personas que son demandantes de asilo político.
 
Durante su comparecencia Gustavo Gauthier informa de que en los últimos seis años se han dictado en La Rioja 3.301 expedientes de expulsión de extranjeros indocumentados ilegales, de las cuales 588 se efectuaron el pasado año 2009. En cualquier caso, el asesor del Delegado del Gobierno considera positiva la reforma de la Ley de Extranjería, publicada el pasado 12 de diciembre último en el BOE. Esta reforma supone un mejor “reconocimiento de los derechos fundamentales, una mayor sensibilidad con los más desprotegidos y un mayor control de la inmigración ilegal y de la lucha contra las mafias”.
 
La reforma legal afectará en la Comunidad Autónoma de La Rioja a 27.467 extranjeros extracomunitarios, con permiso de residencia, existentes en la Comunidad a fecha de 25 de enero. La mayoría de ellos, según las estadísticas, “son gente joven que está trabajando y que su labor es necesaria para nuestro sistema económico y de pensiones”.
 
Gauthier admite la dificultad de conocer la cifra exacta de personas en situación irregular en La Rioja, aunque los datos existentes apuntan a que el volumen de inmigración ilegal es bajo y casi marginal”. Las causas de este bajo nivel de ilegalidad  radican en “un mayor control de la inmigración ilegal y de la lucha contra las mafias, y, también, en la crisis económica, que ha provocado un descenso en el número de inmigrantes que llegan a España, simplemente porque hay menos trabajo”. Como consecuencia, la llegada de inmigrantes ilegales a España ha descendido notablemente, en torno al cincuenta por ciento, desde el año 2008 al 2009 y “probablemente lo siga haciendo este año y en años sucesivos”. En cualquier caso, el asesor del  Delegado del Gobierno estima que “a pesar de la crisis, el fenómeno de la inmigración nos va a acompañar en las próximas décadas, lo cual es un fenómeno positivo y necesario para España,  por la mano de obra y para equilibrar la pirámide poblacional del país”.
 
Gauthier destaca el sistema de controles puestos en marcha por el Gobierno de España en los últimos años, en la línea de regular los flujos migratorios. “Existe un mayor control de las fronteras, con el incremento del personal que se dedica a esa tarea. También  se ha impulsado la labor diplomática para firmar convenios que hagan posibles las repatriaciones hasta ahora imposibles”.  
 
La nueva Ley también limita la reagrupación al núcleo familiar, reducida a la pareja, incluso de hecho, y a los hijos. Existen algunas excepciones, como las relativas a las inmigrantes víctimas de violencia de género, que tendrán derecho a recibir un permiso independiente al de su pareja e incluso se les podrá dar uno de residencia para protegerlas.
 
Por otro lado, la Ley obliga a los padres a escolarizar a sus hijos y amplía el tiempo de internamiento de inmigrantes en centros desde 40 a 60 días, cuando van a ser expulsados del país. Por el contrario, las organizaciones no gubernamentales pueden supervisar a estas personas. Así, un nuevo registro velará por las entradas y salidas del país, para tener mayor control sobre los inmigrantes.