El Gobierno aprueba medidas para dinamizar suelo público destinado a vivienda protegida
08/11/2008
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy medidas destinadas a movilizar suelo público para la construcción de viviendas de protección oficial. Por un lado, ha acordado la constitución de la Comisión Interministerial de Trabajo sobre el Suelo y, por otro, ha autorizado a la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Defensa (GIED), del Ministerio de Defensa, y a la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES), del Ministerio de Vivienda, a suscribir un Convenio de Colaboración para la enajenación de suelos que estaban adscritos al Ministerio de Defensa.
En el marco de este conjunto de medidas, la ministra de Vivienda ha presentado un informe sobre la Oferta Pública de Compra de Suelo, que fue publicada al 28 de octubre en el Boletín Oficial del Estado.
El objetivo final de las decisiones adoptadas por el Gobierno es incrementar las reservas estratégicas de suelo para que la caída de la actividad en el sector inmobiliario no afecte en el futuro a la promoción de vivienda protegida ni al impulso de otras actividades de interés económico y social.
Las actuaciones que hoy ha conocido y aprobado el Consejo de Ministros constituyen iniciativas anticíclicas que contribuirán a dinamizar el mercado de suelo, tanto público como privado, evitando que el actual descenso en la actividad provoque, en el medio plazo, un estrangulamiento en los mercados de productos inmobiliarios de interés general: vivienda protegida, parques empresariales y actuaciones logísticas.
Comisión Interministerial de Trabajo sobre Suelo
La creación de la Comisión Interministerial de Trabajo sobre Suelo va a ser un elemento importante en la política del Gobierno de suelo y vivienda, que cuenta entre uno de sus objetivos la dedicación de los terrenos del patrimonio del Estado, que no sean utilizados para uso o servicio público, a los usos de interés social que demande su entorno físico. Estos terrenos irán destinados de manera mayoritaria a la construcción de vivienda protegida cuando sean idóneos para un uso residencial.
Por otra parte, para conseguir este objetivo es imprescindible disponer de información actualizada sobre el suelo público adscrito a los Departamentos ministeriales u organismos públicos y entidades vinculadas o dependientes de ellos que haya devenido innecesario para los usos administrativos.
Teniendo en cuenta estos dos elementos, la Comisión Interministerial de Trabajo sobre Suelo será el órgano colegiado responsable de proporcionar, en el ámbito del Estado, criterios sobre el destino y la gestión del suelo público, favoreciendo su movilización.
Las funciones de la Comisión son:
- La identificación de suelos y edificios del Patrimonio del Estado no afectos al uso o servicio público o que vayan siendo desafectados del mismo y que puedan ser objeto de nuevos usos de interés social que demande su entorno físico. El destino preferente de estos suelos será la promoción de viviendas protegidas.
- Estudiar y, en su caso, trasladar a la Comisión de Coordinación Financiera de las Actuaciones Inmobiliarias y Patrimoniales o al Consejo de Ministros los criterios sobre política de vivienda y suelo aplicables a los terrenos y a los edificios no afectos al uso o servicio público, atendiendo a sus características específicas.
- Promover la concertación de los órganos de la Administración General del Estado con las restantes Administraciones Públicas para dinamizar la gestión del suelo público y el desarrollo urbanístico del mismo.
- Hacer un seguimiento de la evolución o avances que puedan alcanzarse en el desarrollo de sus funciones.
La Comisión Interministerial estará presidida por el titular de la Secretaría General de Política de Económica y Economía Internacional y tendrá una vicepresidencia, ocupada por el titular de la Secretaría General de Vivienda del Ministerio de Vivienda. Asimismo, en la Comisión habrá vocales de los Ministerios de Defensa, Economía y Hacienda, Interior, Fomento, Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y Vivienda.
Convenio entre GIED y SEPES
Según el convenio que van a firmar GIED y SEPES, la empresa dependiente del Ministerio de Vivienda va a adquirir al GIED terrenos que actualmente ocupan el Parque de Ingenieros de Villaverde (Madrid), el Parque de Artillería y el Parque Central de Ingenieros de Valencia y el Regimiento de Artillería de Sevilla. Una vez adquiridos los terrenos, SEPES los urbanizará para que al menos el 70% de los mismos puedan ser destinados a la construcción de vivienda protegida.
En total, SEPES va a adquirir a GIED más de 385.000 m2 de superficie edificable de modo que, tras adecuar su urbanización, puedan construirse 1.922 viviendas protegidas. En concreto, el Parque Central de Ingenieros de Villaverde, que con 163.971 m2 albergará la construcción de 1.016 viviendas; en el Parque Central de Ingenieros de Valencia, 35.754 m2, se construirán 190 viviendas; en el Parque y Maestranza de Artillería, también en Valencia y con 59.209 m2se levantarán 267 viviendas; y en el Regimiento de Artillería de Sevilla, 126.415 m2, habrá 449 viviendas.
Este Acuerdo se inscribe dentro del Protocolo General de Colaboración entre ambos Ministerios que fue presentado al Consejo de Ministros en febrero de 2008 y constituye un paso más en la estrategia del Gobierno de impulsar una política patrimonial eficaz y responsable al servicio de los intereses generales.
Oferta Pública de Compra de Suelo
Por último, la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, ha presentado hoy en el Consejo de Ministros un informe sobre la convocatoria de Oferta Pública de Compra de Suelo que fue publicada el pasado 28 de octubre en el Boletín Oficial del Estado.
La oferta, que tendrá una duración de cuatro años, cuenta con un presupuesto de 300 millones de euros, a los que SEPES sumará otros 130 millones en la urbanización. Se calcula que estos suelos permitirán la construcción de entre 15.000 y 20.000 viviendas protegidas.
Las parcelas ofrecidas deberán tener una superficie que permita la construcción de al menos 300 viviendas, con la excepción de Ceuta y Melilla, donde el mínimo será de 150 viviendas, y la oferta se realiza para los municipios de más de 20.000 habitantes, dando prioridad a las propuestas que consoliden zonas urbanas.
Asimismo, sólo se acometerán operaciones económicamente viables, y en las que SEPES tenga la iniciativa urbanística. Tendrán preferencia las ofertas de suelo con un grado de desarrollo más avanzado que permita una transformación más rápida del mismo.
Según las bases técnicas de la OPCS, sólo se comprará edificabilidad residencial a precio del suelo de vivienda protegida. El pliego establece, además, que al menos el 50% de cada ámbito se adquiera a precio de vivienda protegida de alquiler o de precio básico (régimen general). El resto podrá ser una combinación del precio del suelo de los otros tipos de vivienda protegida que contempla el Plan Estatal de Vivienda. A este precio se le descontarán todos los costes que sean necesarios para la transformación de los terrenos.
La Oferta Pública de Compra de Suelo cuyo plazo de presentación comenzó el 28 de octubre, finalizará el próximo 29 de diciembre. Una vez concluya el plazo de presentación de ofertas, SEPES tendrá cuatro meses para el estudio y selección de las ofertas. En ese tiempo, analizará su viabilidad económica, consultará con las Comunidades y Ciudades Autónomas y los Ayuntamientos y hará los análisis técnicos y urbanísticos oportunos para finalmente realizar la compra.