Discurso del ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, en la entrega de la IV Edición de los Premios a la Calidad y a las Mejores Prácticas en la Administración

Antes de todo, quiero dar la enhorabuena a los galardonados en esta IV Edición y, por supuesto, agradecer a todos los asistentes, a las autoridades, los miembros de los Jurados, los representantes de las organizaciones candidatas, los evaluadores y los participantes, el habernos acompañado en este acto. Quiero aprovechar esta magnífica ocasión para resaltar que uno de los compromisos más importantes de este Gobierno es el de incrementar la calidad de los servicios públicos Con ello, pretendemos poner la Administración a la altura de los ciudadanos, para que éstos la puedan apreciar y sentir como algo suyo. El Gobierno está impulsando ya significativos cambios en el funcionamiento de las Administraciones Públicas, a fin de que sean más abiertas, más transparentes y, en definitiva, más accesibles a todos los ciudadanos. Las Administraciones Públicas inciden de forma directa sobre la calidad de vida de los ciudadanos y el funcionamiento de la democracia, constituyendo instrumentos esenciales para el desarrollo democrático y para hacer que el progreso individual vaya acompañado del progreso de la sociedad. La existencia de unos servicios de calidad a prestar por las administraciones garantiza la igualdad de oportunidades y preserva el ejercicio efectivo y pleno de los derechos y de las libertades constitucionales. Este es el valor de lo público, entendido como el espacio en el que se desarrolla la vida social y política de la colectividad, y de cuya gestión deben encargarse las Administraciones Públicas. Para este Gobierno, la Administración debe prestar servicios de la máxima calidad a todos los ciudadanos, de forma que todas las personas puedan ejercer y llevar a cabo el proyecto de vida que deseen. Ante el incremento innegable de las demandas ciudadanas al sistema democrático, hay que aumentar la capacidad y la suficiencia del propio Estado, para que pueda responder mejor y con más rapidez a tales demandas. Pero ello no supone que haya que aumentar el tamaño del Estado, sino que hay que dotar de mayor eficacia a la Administración. Para lograrlo, debemos implantar formas de organización más flexibles, que respondan exclusivamente a los problemas de los ciudadanos y que se sometan a análisis obligatorios sobre su eficiencia y su eficacia. Es preciso generar las condiciones que permitan la creación de valor público, mediante una simplificación de los procedimientos, una mejor gestión de los recursos, mayor rapidez y eficacia en la realización de los actos administrativos, y una mayor capacidad para escuchar y atender a las demandas de los ciudadanos. Queremos que la Administración Pública se fije objetivos y que los cumpla, que sea transparente y que permita su evaluación continua, con la participación de los usuarios, para conocer sus resultados y poder rectificar lo que no funcione bien. Deseamos una Administración abierta a la sociedad, que ponga las nuevas tecnologías al servicio de las personas, que cuide más a sus empleados para lograr que estén más cualificados, más motivados y que sean más eficientes. Y, desde luego, queremos que la Administración en España responda mejor al modelo territorial de nuestra Constitución, con el establecimiento de relaciones horizontales, basadas en el diálogo y la cooperación, entre todas las administraciones del Estado. Para conseguir que el Sector Público ofrezca mejores resultados, tenemos que ser capaces de evaluar el impacto de las diversas políticas en el desarrollo económico y social y en las condiciones de vida de los ciudadanos, de manera que se obtenga información sobre si responden eficazmente a las demandas de la sociedad. Ello debe posibilitar una mayor racionalidad en el uso de los recursos públicos, lo que facilitará que se obtengan los objetivos previstos y se eviten los factores de distorsión que provocan ineficiencia, con la correspondiente pérdida de credibilidad del sistema. A tales efectos, el Gobierno ha propuesto la creación de una Agencia Estatal de Evaluación de la Calidad de los Servicios y de las Políticas Públicas, que realizará periódicamente auditorías de los servicios que se prestan desde la Administración, con participación de los usuarios en la evaluación de resultados. Recientemente, se han presentado las conclusiones de la Comisión de Expertos que fue constituida expresamente para la creación de la Agencia Estatal. Debo indicar que, una vez examinado el resultado final de ese informe, no tengo ninguna duda de que las instituciones de nuestro país están preparadas para iniciar un cambio de estas características, cuyo factor esencial puede ser la labor de la Agencia Estatal de Evaluación de la Calidad. La renovación del sistema organizativo de la Administración española pasa por establecer, ante todo, que su actuación debe estar encaminada a conseguir unos objetivos previamente establecidos. La Administración ha de aspirar a la máxima excelencia en la gestión de las políticas y de los servicios públicos, y ha de ser evaluada por los resultados que consiga. En este sentido, queremos crear Agencias Públicas, a las que se podrá encomendar la responsabilidad directa de servicios de titularidad estatal, de manera que consigamos los mecanismos adecuados para los parámetros de flexibilidad y eficacia que la sociedad actual nos demanda. Las Agencias Públicas funcionarán con un 'contrato de gestión por objetivos', que serán fijados por el Departamento del que dependa cada una. Esto supone que dispondrán de capacidad de decisión sobre los recursos asignados y de un importante nivel de autonomía para definir su política y la estrategia destinada a prestar el mejor servicio posible a los usuarios. Las Agencias deberán estar abiertas a la evaluación continua de los resultados de su gestión, por lo que podrán modificar sus sistemas de funcionamiento, e incluso reorientar sus objetivos, de acuerdo con esos resultados y con las demandas de los ciudadanos. El Gobierno tiene la voluntad de implicar a las Comunidades Autónomas y a las Corporaciones Locales en este nuevo modelo de gestión pública, lo que permitirá desarrollar el principio de cooperación entre Administraciones. Nuestro modelo está basado en el principio de cogobernanza de las Administraciones, de manera que se coordine eficazmente la aportación de cada una y que los ciudadanos puedan tener un ente único al que dirigirse. En las Agencias donde actúen varias administraciones, éstas tendrán derecho a estar en los órganos de gobierno y a participar en la definición de los objetivos y en la evaluación de los resultados. La Ley de Agencias que queremos desarrollar supondrá la creación de un marco normativo en el que puedan caber todos los tipos de Agencias y que permitirá la participación de todas las administraciones, buscando además una reducción de la enorme variedad organizativa que tenemos actualmente en la Administración General del Estado. Las claves en el diseño de esta nueva forma organizativa serán la planificación y la evaluación, instrumentos que actualmente cuentan con un nivel de implantación claramente insuficiente. En definitiva, lo que este Gobierno pretende es conseguir una Administración Pública que afiance y desarrolle los valores democráticos; que posibilite a los ciudadanos apreciarla mucho más, sentirla como enteramente propia; y que aporte las condiciones de igualdad y equidad necesarias para que todos puedan desarrollar su proyecto vital. Para finalizar, no puedo dejar de hacer patente mi reconocimiento a todos aquellos que han estado directamente implicados en el largo y laborioso proceso de gestión de los premios. A los titulares de los órganos superiores y directivos de todos los Ministerios por su imprescindible apoyo. A los 55 evaluadores, expertos todos ellos en el Modelo de Excelencia de la Fundación Europea para la Gestión de Calidad (EFQM). A las entidades españolas de calidad que nos han acompañado en esta empresa. Me gustaría hacer mención específica a las prestigiosas personalidades que han integrado los Jurados, a sus vocales y a su Secretario. Naturalmente, mi agradecimiento final es para las protagonistas directas de los Premios: las organizaciones candidatas. En cualquier caso, mi felicitación singular a la Organización Nacional de Trasplantes y al Departamento de Seguridad de la Presidencia del Gobierno, así como a los doce galardonados con los Premios a las Mejores Prácticas. Muchas gracias a todos.