Constituida la Comisión de Cooperación entre la Comunidad de Castilla y León y el Estado

Constituida la Comisión de Cooperación entre la Comunidad de Castilla y León y el Estado

10/07/2008

Elena Salgado y José Antonio de Santiago-Juárez presiden la primera reunión de la Comisión


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Cortes de audio de Elena Salgado

 

 

 

 

  • El Gobierno y la Junta de Castilla y León han constituido la Comisión de Cooperación que establece el artículo 59 de la reforma del Estatuto de Autonomía
  • El Ministerio de Administraciones Públicas ostentará la Presidencia de este nuevo órgano durante su primer año de funcionamiento
  • Se crean tres grupos de trabajo, de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos, de Infraestructuras y de Desarrollo Estatutario
  • El MAP presenta el informe-balance sobre el estado de las relaciones de colaboración entre el Gobierno central y el Ejecutivo de Castilla y León durante la legislatura 2004- 2007 


La ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, y el consejero de Presidencia de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, han presidido hoy la sesión constitutiva de la Comisión de Cooperación entre la Comunidad de Castilla y León y el Estado, órgano que se crea en virtud del artículo 59 de la ley orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de la comunidad.

Este órgano, según consta en el Estatuto de Castilla y León, se configura como el marco permanente de cooperación de ámbito general entre el Ejecutivo central y el autonómico, sin perjuicio de las funciones atribuidas a otros órganos concretos de carácter bilateral o multilateral.

En la sesión constitutiva, la Comisión de Cooperación ha acordado que la Presidencia de la misma, que tendrá carácter rotatorio, será ejercida por el Ministerio de Administraciones Públicas desde hoy hasta el 10 de julio de 2009.

Además, se ha aprobado proceder a la elaboración de un Reglamento que regule la organización y funcionamiento de la Comisión, y que deberá aprobarse por acuerdo de ambas partes. Esta norma debe articular aspectos como la composición de la Comisión y el número de representantes, las funciones atribuidas y la creación de los órganos de trabajo necesarios para desarrollar los asuntos que competan a la Comisión, entre otras cuestiones.

CREACIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO

El Gobierno y la Junta de Castilla y León han acordado también en esta primera sesión de la Comisión de Cooperación un plan de trabajo y la programación de actividades de este nuevo órgano para el presente año. En este punto del orden del día, y de manera provisional hasta que se apruebe el Reglamento, ambas partes han decidido crear de forma inmediata los grupos de trabajo de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos y de Infraestructuras.

Se ha acordado asimismo la creación de otro grupo de trabajo para estudiar las actuaciones y el calendario en relación con el desarrollo del Estatuto de Autonomía.

INFORME SOBRE LAS RELACIONES DE COLABORACIÓN ENTRE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO Y LA COMUNIDAD

Además, el Ministerio de Administraciones Públicas ha presentado en la Comisión de Cooperación un informe-balance sobre el estado de las relaciones de colaboración en diferentes ámbitos con la Junta de Castilla y León, con el fin de aportar los datos necesarios para que el órgano constituido pueda cumplir eficazmente su papel como instrumento principal de relación entre el Estado y la Comunidad Autónoma.

Estas son las principales conclusiones del informe presentado y debatido en la reunión:

• En el período 2004-2008 se autorizaron y suscribieron 359 convenios y acuerdos de colaboración entre la Administración General del Estado y la Comunidad de Castilla y León, con un monto total que asciende a 662.778.273,30 euros (425.740.000 millones de euros de aportación estatal y 237.038.277 de la Junta de Castilla y León).

• La Comunidad Autónoma percibió del Estado en el período 2004-2007 un total de 1.044,17 millones de euros a través de líneas de subvenciones, y 243,56 millones de euros mediante el sistema de incentivos regionales.

• El Estado destinó a la Comunidad Autónoma en la pasada legislatura 81,34 millones de euros en concepto de cooperación económica local.

• La Comunidad de Castilla y León, en virtud de los acuerdos adoptados por la Conferencia para Asuntos Relacionados con las Comunidades Europeas en diciembre de 2004, ha formado parte en siete ocasiones desde entonces, a través de sus consejeros, de la delegación estatal en los Consejos de Ministros de la UE en nombre y representación de la totalidad de las comunidades autónomas. Además, representantes de la comunidad han participado directamente en las últimas cuatro cumbres hispano-lusas.

• Castilla y León participó en la práctica totalidad de las 64 reuniones de las conferencias sectoriales que se celebraron durante el año pasado. En la pasada legislatura las conferencias sectoriales se reunieron en 269 ocasiones.

• Respecto a la conflictividad entre el Estado y Castilla y León desde el inicio de la pasada legislatura, el informe refleja que mientras el Estado ha interpuesto dos recursos de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra sendas leyes del Parlamento autonómico, la Comunidad ha presentado un total de seis impugnaciones, cuatro recursos de inconstitucionalidad contra leyes estatales y dos conflictos positivos contra otras tantas reglamentaciones del Estado. Todas estas impugnaciones se encuentran pendientes de resolución por parte del Tribunal Constitucional.

Con la decidida voluntad de reducir al máximo los conflictos competenciales, ambas Administraciones han acordado en la reunión de hoy la creación del grupo de trabajo para la prevención de la conflictividad.

• En 2008 el Ejecutivo central ejecutará inversiones por un importe total de 2.216,6 millones de euros en esta comunidad autónoma, lo que supone un 50,20% más respecto a 2004. La inversión per cápita es de 876,50 euros, mientras que la media nacional supone 565,4 euros por habitantes (implica un 55% más que la media nacional).Ocupa el tercer lugar, tras Aragón y Asturias, por inversión per cápita más elevada.