Crespo: “La solución al problema de los desahucios no son las expropiaciones”
25/06/2013
La delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, ha recordado hoy que el Gobierno de España ya había advertido que el decreto de la Junta de Andalucía sobre Función Social de la Vivienda, que contempla expropiaciones de uso de los inmuebles y sanciones a los propietarios de inmuebles vacíos, “crea inseguridad jurídica y podría tener consecuencias negativas para la economía y la recuperación del mercado inmobiliario”.
Crespo ha hecho estas declaraciones al término de una reunión mantenida esta mañaba en Marbella (Málaga) con alcaldes de la Costa del Sol para analizar el refuerzo de la seguridad de cara a la temporada turística.
La delegada ha defendido las medidas contra los desahucios impulsadas desde hace meses por el ejecutivo de Mariano Rajoy y aprobadas por el Congreso de los Diputados como la fórmula más equilibrada de ayudar a las familias en riesgo de exclusión y ha afirmado que “la solución al problema de las familias que pueden perder su vivienda por impago de la hipoteca no son las expropiaciones.”
Las medidas contra los desahucios vigentes para todo el territorio español contemplan una serie de medidas escalonadas que incluyen un código de buenas prácticas al que se han adherido la mayor parte de las entidades bancarias, posibilidades de renegociación de la deuda, limitación de los intereses de demora, creación de un banco de viviendas para familias desfavorecidas y, en última instancia, paralización de los procesos de desahucio por dos años cuando las familias se encuentran en riesgo de exclusión social.
Crespo se ha hecho eco de “la preocupación” que denota la carta remitida por el Comisión Europea al Gobierno de España avisando de “las posibles consecuencias” del decreto antidesahucios de la Junta, ya que, según ha recordado la delegada, “además de crear inseguridad jurídica en este momento, podría hacer aumentar las dudas sobre el mercado inmobilidario español, provocar subidas de la prima de riesgo y reducir el interés de los inversores extrranjeros en el mercado inmobiliario español”.
Finalmente, la delegada ha pedido al presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio griñán, que diga “qué piensa hacer” tras conocer las advertencias de Bruselas sobre “los riesgos de su decreto para la economía española” y se ha mostrado partidaria del consenso en torno a las medidas cotras los desahucios aprobadas por el Congreso de los Diputados, comunes para todos los españoles.