Carlos Urquijo recurre la subvención de 100.000 euros concedida por la Diputación Foral de Gipuzkoa a ‘Gure Esku Dago’
28/05/2014
- "La promoción de la secesión no forma parte de los fines de ninguna Diputación ni de sus competencias, además de ser contraria al principio de lealtad institucional", señala el Delegado del Gobierno en el País Vasco
- "Quien quiera patrocinar la independencia puede hacerlo, pero no a través de instituciones públicas sufragadas por todos y para funciones que la ley no les encomienda"
El Delegado del Gobierno en el País Vasco, Carlos Urquijo, ordenó el pasado 26 de Mayo la interposición de recurso contencioso administrativo contra la subvención de 100.000 euros otorgada por la Diputación de Gipuzkoa a la iniciativa popular "Gure Esku Dago". En este sentido ha indicado que "las demás instituciones públicas que contemplen en sus presupuestos ayudas similares incurrirán en el mismo ilícito ya que es evidente que la promoción de la secesión no forma parte de sus fines ni de sus competencias".
Carlos Urquijo ha manifestado que, "bajo el eufemismo del derecho a decidir lo que se reivindica es la independencia y es evidente que una parte de España como es el País Vasco no tiene 'derecho a decidir' por el todo y menos aún con el dinero de todos". Aunque algunos traten de cuestionar esta decisión, para el Delegado del Gobierno está claro que "no hacemos otra cosa que velar por el cumplimiento de la ley. Si existen partidos o formaciones que quieren patrocinar la independencia pueden hacerlo pero no a través de instituciones que son de todos los ciudadanos y sufragadas por tanto con fondos de todos y que deben ser administrados con rigor y para las funciones y competencias que la ley les encomienda".
"Estas decisiones, subraya Carlos Urquijo, son contrarias al principio de lealtad institucional establecido en el artículo cuatro de la Ley 30/1992 de régimen jurídico de las administraciones públicas y que es el que debe presidir las relaciones ordinarias entre todas las administraciones. Difícilmente puede decirse que una Administración, en este caso la Diputación Foral de Gipuzkoa, respeta las legitimas competencias del Estado cuando deliberadamente da apoyo financiero a una iniciativa que tiene como objetivo prioritario promover la segregación respecto de dicho Estado de una parte de su territorio. Destinar fondos públicos a fines tan alejados de este principio quiebra este principio básico y dificulta una relación institucional normalizada en beneficio de todos".
Para el Delegado del Gobierno “tanto en el Pais Vasco, como en Cataluña, también hay una parte de la sociedad, mucho mas silenciosa, que no entendería que, quienes tenemos competencia para ello, no actuemos con todos los medios de que disponemos en defensa y a favor del orden constitucional".