El Gobierno firmó en 2018 un total de 29 convenios de cooperación con Cataluña y una aportación de 212,8 millones
08/08/2019
El más relevante es el que otorga la subvención del Plan Estatal de Vivienda con un compromiso de gasto de 271,9 millones (un 77% aportado por el Gobierno del Estado y un 23% por la Generalitat)
El Ministerio de Política Territorial y Función Pública ha cerrado el Informe anual sobre los convenios de cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas suscritos durante 2018, periodo en el que se firmaron un total de 603 convenios o acuerdos, en los que participaron el Estado y una o varias comunidades autónomas. Los convenios con Cataluña fueron en total 29 y significaron un compromiso de gasto de 276 millones de euros (212,8 de aportación estatal y 63,2 de la Generalitat de Catalunya).
El más relevante de los acuerdos fue también uno de los primeros que firmó el actual ejecutivo otorgando la subvención correspondiente al Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 con un compromiso de gasto total de 271,9 millones de euros (un 77% aportado por el Estado y un 23% por la Generalitat).
En Cataluña, el mayor número de convenios los firmaron el Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (6 cada uno). El Ministerio de Fomento y el de Cultura y Deportes suscribieron 4 más cada uno, y el Ministerio de Sanidad firmó 3. El Ministerio de Política Territorial y Función Pública suscribió 2 y el resto hasta 29 (1 por ministerio) los acordaron: Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; Educación y Formación Profesional; Industria, Comercio y Turismo; y Transición Ecológica.
Impulso a la cooperación Estado-CCAA
El Gobierno, con la suscripción de estos convenios, ha canalizado uno de los objetivos que se fijó en la agenda territorial desde su toma de posesión en junio de 2018, como es el de impulsar el uso y desarrollo de instrumentos que garanticen que las actividades que desarrollan el Estado y las comunidades autónomas sean coherentes y complementarias.
Estos instrumentos de cooperación resultan necesarios para asegurar el mejor uso de los recursos materiales y humanos de las diferentes administraciones públicas, evitando posibles duplicidades administrativas y respetando las competencias de cada administración, y todo ello, con el fin de que los servicios públicos que se prestan a la ciudadanía se desarrollen de forma concertada y que sus objetivos sean compartidos por los tres niveles administrativos: estatal, autonómico y local.
Para alcanzar este objetivo, la firma de más de 603 convenios en 2018 es una garantía de la confianza del Gobierno en el sistema autonómico, de su propósito de tratar de forma equitativa problemas económicos y sociales comunes en todas las comunidades y de su apuesta decidida por asegurar la eficiencia y coherencia en la gestión pública.
Con este fin, los convenios de cooperación impulsados durante 2018 han dado respuesta a problemas y situaciones de hecho conocidas por la opinión pública y que requieren de un compromiso compartido entre el Estado y las comunidades autónomas.
Aunque todos los ministerios participan de este modo de actuación, el 20% del total de convenios firmados corresponden a dos departamentos, que han desplegado una actividad de cooperación más intensa: Agricultura, Pesca y Alimentación (10,96%) y Fomento (9.97%). Otro 25% corresponde a otros tres departamentos: Ciencia, Innovación y Universidades (8,97%), Trabajo, Migraciones y Seguridad Social (8,64%) y Cultura y Deporte (8,14%). En resumen, la actividad más intensa de colaboración se corresponde con materias en las que coinciden competencias del Estado y autonómicas.
El contenido de los convenios de cooperación es muy variado y heterogéneo, ya que buscan dar respuestas a situaciones diversas y no siempre coincidentes, aunque para su mejor análisis se ordenan en tres grupos que atienden otras tantas finalidades.
- En un primer caso, el Estado y las comunidades autónomas firman convenios para articular el ejercicio de sus competencias cuando ambas partes tienen responsabilidad sobre la materia que se analiza. Es el caso, por ejemplo, de los convenios firmados para el soterramiento o integración de redes ferroviarias de ADIF en el desarrollo urbano de las ciudades.
- En un segundo supuesto, el Estado suscribe convenios para promover e impulsar el desarrollo de actuaciones que corresponden a las comunidades autónomas pero que el Gobierno tiene interés en impulsar, lo que frecuentemente realiza mediante aportaciones presupuestarias especiales. El Plan Estatal de Vivienda es el mejor ejemplo impulsado durante 2018 con todas las comunidades autónomas en situación de igualdad y con especial atención a la equidad en el trato a todas las comunidades autónomas. Otros ejemplos de estos convenios son los firmados para la realización de actuaciones en materia de desarrollo rural sostenible, los dirigidos a la financiación de programas en niveles obligatorios de la enseñanza, los relativos al desarrollo de programas de incentivos de la actividad investigadora; los referidos al programa de farmacovigilancia; los relativos a la participación autonómica en los beneficios derivados de los bienes decomisados por el tráfico de drogas; o aquellos que financian programas dirigidos a colectivos específicos, como desempleados, mujeres en situación de vulnerabilidad social, o inmigrantes.
- En un tercer caso, el Estado y las comunidades autónomas alcanzan acuerdos que suponen que los medios dependientes de una administración se ponen al servicio de otra administración diferente que requiere de este tipo de colaboración al no disponer de medios propios para atender por sí solo las demandas y necesidades ciudadanas. Son instrumentos de cooperación que aseguran el auxilio mutuo entre las diferentes administraciones públicas. Es el caso de los convenios de cesión del uso de programas informáticos entre administraciones, para la implantación de servicios digitales en el ámbito de la educación o la justicia, o los relativos al sistema cartográfico nacional.
Los convenios están íntimamente relacionados con el desarrollo del Estado autonómico desde sus inicios, y por eso se vienen usando para arbitrar mecanismos prácticos que abordan situaciones concretas y que aportan una visión integrada y compartida de los problemas sociales y administrativos de todas las comunidades autónomas.